Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores, la semana pasada les compartí las preocupaciones principales de los organismos operadores en México, en específico cité los casos que se viven en el estado de Aguascalientes, básicamente con el incremento de la tarifa eléctrica y otros componentes, como la gasolina, reactivos químicos, pago a laboratorios por los análisis de muestras, pensiones a trabajadores, pago de derechos federales a la CONAGUA, etc., en sí los números no favorecen al grueso de los organismos en el país.
Es lo que podríamos decir transgeneracional como uno de los principales problemas que corresponde a la falta de continuidad, al rotar o cambiar de personal cada tres años como consecuencia de un lastre que he mencionado en esta columna en diversas ocasiones como es el “pago de favores electorales”, consistente en que si alguien apoyó en una campaña se le paga con un puesto sin importar experiencia o perfil, es decir, (vale más pegar una calcomanía en un crucero que contar con experiencia en el sector agua) un vicio que se desprende de una cultura de que los puestos públicos son un botín para el grupo del partido político que triunfo. Esa práctica, no ha sido dimensionada o más bien, se pasa de largo sin reparar en el daño que ha causado principalmente en el rezago de la función de un organismo operador, la ausencia y pérdida de proyectos y la continuidad de políticas en caso de existir, pues esto es resultado de la ausencia de una verdadera política hídrica.
No todo puede ser tragedia, la inercia negativa en los organismos operadores tiene solución, en esta columna, otros foros y en lo que fue la última Convención Anual de ANEAS XXXIV, efectuada del 29 de octubre al 01 de noviembre, se volvieron a citar y plantear las alternativas que ojalá pronto encuentren eco y atención por parte de las autoridades no sólo de agua sino a nivel de presidentes municipales, gobernadores, secretarios, directores generales, legisladores federales o locales.
Es urgente tener la claridad de qué función desempeñan los planes o programas hídricos tanto a nivel municipal, como estatal y federal, así como a nivel de cuenca, o región hidrológica. Debiendo además de tener en claro que los programas deben tener preciso de dónde van a salir los recursos para los diversos proyectos, pues si no existen proyectos estaremos en un catálogo de buenas intenciones, debiendo de considerar además o tener los pies en la tierra que la problemática de la contaminación es de gran impacto y es inminente la atención.
Del mismo modo debe tomarse en serio lo que es el diseño e implementación de políticas públicas en el sector agua, lo que implicaría adecuar y transformar las bases de un marco normativo que ha quedado en el rezago, pero estas reformas deben ser para avanzar y no quedarse en modelos que han demostrado ineficacia desde mediados del siglo XX, a la par es importante considerar la creación de un marco regulatorio que reafirme el rol de las autoridades e instituciones del agua en el sector agua potable, alcantarillado y saneamiento, sin perder de vista las fuentes de abastecimiento es decir, el agua superficial y subterránea que demandan protección y una nueva forma o visión de atención.
Mencioné en el párrafo anterior la relevancia de una nueva legislación, sin embargo, esta no debe caer en imprecisiones ni ser resultado de los impulsos o pasiones ideológicas, la ley debe ser fría, racional y enfocada en la solución de problemas o prevención de conflictos, nada más, por lo tanto, deben superarse las visiones que afectarían severamente al sector agua, como la iniciativa de reforma del 06 de septiembre que prohíbe la inversión privada, que no es lo mismo que privatizar un servicio; estos temas ya en semanas pasadas los abordé, incluso los riesgos por proceder de esa manera y los riesgos también por no atender los problemas que se desprenden en razón de la operación de concesiones o asociaciones público privadas, cuando el verdadero problema es la ausencia o debilidad de las instituciones de agua, tema que ya he abordado como esa fragilidad institucional.
La visión debe ser distinta, desde el ejemplo tradicional que parece tan simple, que nadie le presta atención que consiste en reducir el consumo de agua, hacer lo mismo con menos agua, lo que implica también llegar a nivel óptimo en el saneamiento de aguas residuales y en su reutilización después de procesos posibles que ya existen y que entregan al final agua de calidad.
La relevancia de una ley pertinente y adecuada debe tener al final un impacto que se refleje en la disminución plena del consumo de agua embotellada (tema que he insistido también en esta columna, pues se reflejaría también en el bolsillo y economía de las familias), pero emprender este proyecto demanda esfuerzos cuyo propósito y objetivo debe ser contar con un organismo ejemplar, en sus finanzas, administración y operación, es decir contar con un sistema sustentable y de mejoras, con claridad en sus procesos, que todo ello, se refleje en un servicio continuo las 24 horas, sin rezago o con un nivel de cartera vencida ínfimo, con nivel de capacitación alta de su personal, sus procesos deben garantizar agua en cantidad y calidad, en conclusión que pueda beberse con toda la confianza directamente de la llave o grifo.
Las reformas legales a nivel estatal y municipal manifestarían un avance, siempre y cuando dichas reformas sean acordes a las recomendaciones que ya han probado éxito, amable lector las recomendaciones y aspectos que he mencionado en esta columna, en caso de ser implementados cabalmente indiscutiblemente tendrán resultados plausibles y concretos, la ruta ya tiene efectos comprobables, cuando se hace con compromiso y profesionalismo, la siguiente semana continuaré con otros aspectos complementarios a esta entrega, antes de despedirme les recuerdo que estas acciones deben permitir que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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