Abel Barajas y Pedro Sánchez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, fue absuelto por la PGR de cualquier delito grave a nivel federal.
La dependencia archivó la averiguación previa que llevaba en su contra por lavado de dinero, delito bancario y defraudación fiscal, al estimar que no existen indicios probatorios en su contra.
La reacción del Gobernador de aquella entidad, Javier Corral, no se hizo esperar: acusó cinismo de la PGR al proteger a los allegado del Presidente y acusó a Peña Nieto de tener un compromiso político con Duarte.
La Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la PGR determinó que durante su indagatoria no encontró elementos que acrediten que el ex Gobernador adquirió el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, por un monto de 65 millones de pesos.
Esta investigación era la más importante que llevaba a cabo la PGR contra el ex gobernador ya que a nivel federal sólo había otras dos indagatorias en la FEPADE.
“Es el cinismo de un régimen que utiliza a la PGR para perseguir a sus adversarios políticos, a sus opositores, y para exonerar y proteger a los miembros de su partido, a los allegados del Presidente de la República”, reclamó Corral.
“Esta resolución lo único que nos confirma es que el Presidente no ha podido superar el compromiso político de protección que tiene hacia el ex Gobernador, porque (…) esa carpeta de investigación en donde se acreditan varios delitos del orden federal ha sido una carpeta robusta en elementos probatorios”.
La acusación contra Duarte era por el desvío de 65 millones de pesos del erario para adquirir a título personal el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua.
Este banco fue constituido con la fusión de Unión de Crédito Progreso, Akala, Financiera Popular y Única Casa de Cambio, la cual fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Duarte se encuentra en EU donde ha hecho gestiones para conseguir el asilo político.
A la fecha, se han librado 12 órdenes de aprehensión en su contra, 11 de ellas obtenidas por delitos del fuero común como peculado y una federal, la ya mencionada de la FEPADE.
Si la PGR hubiese procedido en su contra y hubiera resultado culpable la pena mínima habría sido de 15 años y la máxima de 39.