Con la visión presidencial “de perdón y olvido”, los sistemas anticorrupción nacional y estatales están en riesgo, pues en cualquier momento una reforma legal los puede echar abajo.
Así lo señaló el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Érick Monroy Sánchez, al dejar en claro que mientras ello no suceda, los integrantes de estos organismos están por el cumplimiento cabal de la ley que los creó con el objetivo de combatir la corrupción en el país.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción, expuso la necesidad de darse prisa para el diseño de políticas públicas que sean tendientes a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.
Reconoció que tras prácticamente un año que ha llevado la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, hay avances en las fases de vinculación y la estructuración de la coordinación interinstitucional.
Sin embargo, advirtió que para el 2019 hay un plan de trabajo que definitivamente tendrá que ser percibido por la ciudadanía como “un golpe sobre la mesa” y que marque la diferencia entre los objetivos del SEA y el cumplimiento de los mismos.
Así, explicó que este sistema está diseñado para ofrecer resultados en un término de tres años, a partir de su instauración cabal, de tal manera que los resultados serán tangibles en el lapso y la ciudadanía podrá ver que se está trabajando por la vía adecuada.
Monroy Sánchez refirió que la visión presidencial es distinta a la del Sistema Anticorrupción en el país y las entidades federativas, y si bien son respetuosos de su postura, lo único que se pide al presidente de México es que cumpla con lo que la ley establece.
“Y es que el sistema nacional y los estatales no están diseñados para dar, perdonar y olvidar hechos, sino por el contrario, para conjuntar acciones que combatan las malas actuaciones de funcionarios y civiles que tanto dañan a la población y a la economía nacional”.
Por eso se pugna por la investigación, el castigo y la sanción ejemplar para los corruptos y sobre todo para recuperar los recursos desviados que son en realidad del pueblo; esto es más apegado a la visión ciudadana respecto de la corrupción, concluyó.