El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Pedro Gutiérrez Romo, fue de las pocas voces que rechazó el “borrón y cuenta nueva” para deudores de pagos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Tabasco, sin embargo el presidente electo Manuel Andrés López Obrador ratificó que a partir de enero se hará efectivo ese propósito.

El pasado 2 de agosto el dirigente patronal señaló que la CFE “no es una institución de beneficencia para que condone miles de millones de pesos de adeudos a quienes tuvieron pretextos para no pagar el servicio recibido”.

Aunque la empresa no es la que dispensará el débito, porque esto lo ha comprometido directamente el futuro mandatario, de cualquier manera sus palabras son órdenes para el propuesto para director de la CFE, Manuel Bartlett, quien deberá cumplir el procedimiento.

Para no dejar lugar a dudas, AMLO estuvo el sábado pasado en la capital tabasqueña Villahermosa y ante el gobernador electo Adán Augusto López reiteró que “a partir de enero, terminando este período fiscal, cumplimos. Vamos a buscar la forma; sí les digo que se va a saldar la cuenta, es un compromiso que tenemos con Adán, es borrón y cuenta nueva”.

Al cierre de junio sus paisanos adeudan por consumo de energía eléctrica 9 mil 754 millones de pesos, según publicó el periódico Reforma el pasado 9 de septiembre, que forma parte de la deuda que tienen los usuarios a nivel nacional por 44 mil 986 millones de pesos.

En esa entidad se fraguó un movimiento de resistencia civil, después de que López Obrador calificó como un fraude la elección de gobernador que tuvo lugar en 1994, por lo que cada vez se sumaron más querellantes y hace 18 años tomó forma, al dejar de pagar el recibo 8 de cada 10 tabasqueños, afirmó en enero pasado el presidente estatal del partido Morena, Octavio Romero Oropeza, de ahí que el cargo llega a casi 10 mil millones de pesos, cantidad que ya no pagarán, no obstante que en todo este tiempo continuaron utilizando el servicio.

Para el líder del CCEA permitirlo no es lo adecuado, toda vez que la productividad del país requiere de un servicio eficiente, inversión de energías limpias y proyectos a futuro para la competitividad nacional, por consiguiente no hay razón de convertir el país en la “toma de decisiones populistas que condicionan a la larga que vuelvan a repetirse las omisiones”.

Autorizar que no se pague es un “daño a la nación”, sostuvo el dirigente, además de que sienta un precedente de que “si no se paga, si se roban el fluido eléctrico o se hace mal uso de éste no pasa nada”.

La cuestión de fondo, apuntó el doctor Gutiérrez Romo, es que dentro de seis años con motivo de la elección presidencial se repita el procedimiento, por lo que conocido el camino habrá quienes promuevan el no pago de luz o de cualquier otro servicio gubernamental en espera que alguno de los candidatos ofrezca cancelar el adeudo y si gana lleve a cabo el acuerdo.

Aceptó que hay personas que no pueden pagar, por lo que en lugar de condonar se tendría que hacer un estudio socioeconómico de cada deudor, dándole facilidades para que pague, pero no hacerlo de forma global puesto que perdonar “es una forma de castigar a los competidores” y a quienes sí cumplen.

Como empresarios tienen que hacer un esfuerzo para atender las obligaciones hacendarias y de todos los servicios públicos, lo que “para muchos no es fácil cumplirlo y sin embargo se cubre porque es un deber y porque es la vía legal de obtener el fluido para la producción”, con lo que demuestran que se ciñen a los esquemas de la legalidad y seguir invirtiendo en los negocios, puntualizó Pedro Gutiérrez.

ÉL SÍ LA QUIERE

Como era de esperarse, provocar la polémica para centrar la atención en lo que viene es una apuesta que no requiere inversión, pero que podría redituar en apoyos a la hora de la decisión interna y externa, logrando una división de opiniones sobre si se debe cancelar o ratificar la concesión del agua potable a CAASA.

Los que están aún en contra de la empresa francomexicana aducen que son demasiados los problemas que ha generado como para permitir que continúe, de ahí que apoyan el interés de la alcaldesa Teresa Jiménez de revocar el acuerdo, con la esperanza que termine el faltante y los tandeos, y que las obras de reparación se realicen con rapidez y eficiencia.

Por su parte, quienes están a favor que se mantenga consideran que sería riesgoso hacerlo en virtud que actualmente la ciudad es “otra”, en comparación con la de 1994, por lo que se requiere de una inversión millonaria para hacerse cargo del servicio, además que políticamente no es el camino toda vez que el gobierno municipal tendría que enfrentar a los partidos políticos de oposición que aprovecharían cualquier faltante del líquido para hacer una bola de nieve.

En todo caso, argumentan, habría que “apretarle tuercas” a la concesionaria y tener un marcaje directo para que cubra en tiempo y forma las exigencias de los usuarios, algo que se ha relajado en el curso de los 24 años que lleva en esta capital.

El presidente del capítulo Aguascalientes de Coparmex, Raúl González Alonso, salió en defensa de CAASA, y no lo hace gratuitamente puesto que es una de sus afiliadas. Aseguró que los habitantes tienen como prioridad el mal estado de las vialidades, más que el agua entubada, conforme a encuestas del Inegi respecto a de los servicios que debe proporcionar el Ayuntamiento, “es un dato revelador que fortalece la necesidad de contar con elementos objetivos, serios y muy claros de cuál es la situación de la empresa concesionaria del servicio de agua”, por lo que demandó que la conclusión a que se llegue “se despoje el tema de intereses políticos, a fin de decidir si se va o se queda”.

Como es sabido, reiteró González, en todos estos años la agenda de CAASA sale a relucir con fuerza en cada proceso electoral, especialmente cuando se renuevan los ayuntamientos, “pero lo que nunca se ventila es la información de los aciertos o desaciertos que ha tenido en su desempeño”.

Si por una parte el asunto de las tarifas y las fallas está presente, “también es necesario conocer cuál era el suministro de agua cuando llegó y la cobertura a la población, y cuál es ahora, son elementos que permitirán dimensionar el caso y tomar una decisión adecuada”.

Al respecto, es importante mencionar que no puede haber punto de comparación entre ambos tiempos, puesto que en 1994 había menos habitantes, por lo que más bien cabría conocer si la empresa creció a la par de las nuevas exigencias y a cuánto asciende la inversión que ha hecho cada año, en qué ha aplicado el apoyo financiero que suministran los gobiernos federal y estatal, y las condonaciones que le ha hecho la Comisión Nacional del Agua.

El presidente de Coparmex pidió que adicionalmente se conozca cuál es la alternativa, porque a la fecha únicamente hay sobre la mesa la amenaza de cancelar el título de concesión, “sin que exista la certeza de qué sucederá con el servicio”, además que la alcaldesa no ha mencionado si será remunicipalizado o vendrá otra empresa y bajo qué condiciones.

TOMADURA DE PELO

Una profesora de una escuela rural no pudo ocultar su decepción con las autoridades educativas, que con bombo y platillo anunciaron al arranque del actual ciclo escolar que todas las instituciones contarían con bebederos y sanitarios, pero en donde ella trabaja “nos falta todo, menos las ganas de seguir luchando por nuestros niños”. Dijo que los últimos años ha sido la misma cantaleta y no obstante que ha cumplido con todas las exigencias para que se les tome en cuenta no hay respuesta. Es un problema que se vive en un número muy elevado de estos planteles, ya que la mayor parte de los recursos económicos se invierten en la ciudad capital, que pese a ser la envoltura deja al descubierto lo que aparece al interior del estado.