Extraviar la factura del vehículo particular es más recurrente de lo que imaginamos, pero tiene solución; un procedimiento denominado jurisdicción voluntaria faculta al juez De lo Civil a expedir una Factura Judicial, una vez que se ha acreditado la legítima propiedad de la unidad.

Así lo explicó la jueza primera De lo Civil, del Poder Judicial del Estado, Lorena Guadalupe Lozano Herrera, al advertir, sin embargo, que estos procedimientos a veces pretenden ser utilizados para “legalizar” actos ilícitos cometidos en diversas circunstancias y los jueces están preparados para detectar ese tipo de intenciones.

En entrevista, sostuvo que vehículos no saldados a su anterior propietario, “desaparecidos” de negocios de servicios, internados al país de manera ilegal o prestados y que nunca volvieron a su dueño, se intentan “legalizar” a través de jurisdicciones voluntarias, pero el procedimiento saca a relucir las anomalías y las sanciona.

Es el caso de prácticamente la mitad de las jurisdicciones voluntarias que conocen los tres juzgados de lo Civil en el estado cada año; complicaciones que a veces son producto de una cadena de anomalías en la compra-venta de vehículos.

Explicó que cuando una persona extravía la factura, basta con promover el procedimiento, presentar testigos, consultar en la Secretaría de Finanzas el nombre de registro para la unidad y corroborar en la Policía Ministerial que no haya reporte de robo; con ello, el juez puede emitir una factura judicial a favor del promovente.

“Las cosas se complican cuando no hay un seguimiento formal y legal del cambio de propietario de un vehículo cuya factura no existe, aunque se comprende que en muchas ocasiones por cuestión económica no se hace el cambio del propietario”.

Sin embargo, no hacerlo deja a nombre del anterior dueño el vehículo, y cuando esto sucede en varias ocasiones y hay demanda de una factura judicial, el juez debe mandar llamar a todos los anteriores dueños para que den cuenta de la evolución de la posesión.

Esa circunstancia ha sacado a relucir que el anterior propietario lo sigue siendo porque nunca le pagaron la unidad y por eso no entregó la factura; que el vehículo no fue internado legalmente al país; que el vehículo fue prestado y nunca devuelto a su legítimo dueño y “nos ha tocado de todo”, sostuvo la juez Lozano Herrera.

Finalmente, dejó en claro que en cada caso con indicios de ilegalidad, se promueve el juicio correspondiente, pues las jurisdicciones voluntarias no son para legalizar actos ilegales, sino procedimientos en los que por disposición de la ley o a solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre las partes.