El Fiscal General del Estado, René Urrutia de la Vega descartó que la reforma a la figura jurídica de la legítima defensa sea una autorización para emplear cualquier medio para repeler una agresión.

La reforma, dijo, pretender ampliar la esfera de protección a la ciudadana, que es lo primordial, usando las reglas de la legítima defensa y atendiendo ahora los supuestos que se agregaron a la norma en tal sentido, pero no legitima excesos.

En entrevista, recordó que la legítima defensa es una institución jurídica que se encuentra ya contemplada en el Código Penal de Aguascalientes y que se prevé en todo el país prácticamente de una manera homogénea.

Se trata pues de una figura muy avanzada, sumamente estudiada por la doctrina y perfectamente definida en los códigos penales del país, sostuvo, al tiempo de destacar que con la reforma Aguascalientes se suma a los estados que tratan de ampliarla para proteger a la ciudadanía.

Sin embargo, lamentó que en este contexto hay la percepción en la que a partir de algunos eventos suscitados en la entidad y muy mediatizados, donde “pareciera que existe una aplicación un tanto parcial e inadecuada de la legítima defensa, donde incluso se valoran los excesos que a veces se cometen evocando esta figura”.

Urrutia de la Vega refirió que hay dos puntos fundamentales en esta figura jurídica que son un riesgo real e inminente de ser agredido, y la proporcionalidad que debe existir en el uso de los medios para repeler la agresión.

Son principios que rigen la legítima defensa, pero que no quiere decir que la ciudadanía esté indefensa ante las agresiones de los delincuentes, pues la sociedad esta respaldada y protegida por la ley y quienes están encargados de hacerla valer.

De tal manera que reiteró que las reformas son para ampliar esa protección a la ciudadanía, no así para expandir la posibilidad de una actuación excesiva o sin condicionantes porque cuando los medios empleados ya no son proporcionales y cuando no nos alcanzan las reglas de una institución jurídica, también se tiene que aplicar la norma, ya que vivimos en un estado de derecho, concluyó.