Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 25-Ago.- El Ministro de la Suprema Corte, Jorge Pardo, propondrá invalidar la ley #SinVotoNoHayDinero aprobada en junio pasado en Jalisco, porque provoca inequidad de recursos entre partidos políticos.
La ley, también conocida como Ley Kumamoto, establece nuevas reglas para financiamiento ordinario y en año electoral, con diferencias entre partidos políticos nacionales y estatales.
La Corte discutirá este lunes el proyecto del Ministro Pardo, que plantea a sus colegas anular la porción del artículo 13 de la Constitución de Jalisco.
Para anular la reforma, impugnada por el PVEM, Nueva Alianza y Morena, será necesario el voto de al menos ocho de los 11 Ministros.
Cuando se aprobó la reforma, con base en una iniciativa del diputado independiente Pedro Kumamoto, el Congreso de Jalisco estimó que ahorraría 180 millones de pesos anuales en financiamiento a partir de 2019.
Sin embargo, el proyecto de Pardo advierte que la reforma viola las bases previstas en el artículo 116 de la Constitución federal, y en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, obligatoria para los Estados.
Esta última prohíbe a los Estados reducir el financiamiento local a los partidos nacionales, so pretexto del financiamiento federal que reciben sus dirigencias nacionales.
La propuesta de Pardo concluye que la reforma Kumamoto, por imprecisa, en realidad no reduce el gasto público, sino que lo incrementa al crear bolsas separadas para partidos nacionales y locales.
En el esquema anterior, había una sola bolsa para todos los partidos, que se calculaba de multiplicar el total de ciudadanos empadronados al corte del mes de julio, por el 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Este esquema es el único permitido por la Ley General, pero con la reforma en Jalisco, sólo aplica a partidos estatales.
Para los nacionales se creó uno distinto: el padrón por 20 por ciento de la UMA en años no electorales, y el número de votos válidos obtenidos en la elección previa por 65 por ciento de la UMA, para gasto en año electoral.
El proyecto aclara que los Estados si pueden diferenciar entre el financiamiento a partidos nacionales y locales, pero los ajustes tienen que respetar las reglas de la Constitución y la Ley General.

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