Muy lejano les parecía a los empresarios que pudiera darse el cruzamiento de datos entre las dependencias públicas para detectar a quienes no pagaban impuestos, o que lo hacían parcialmente, y de aquellos que cubrían la nómina con uno o dos salarios mínimos para entregar menos cuotas a organismos sociales de salud y vivienda.

Hasta antes de que apareciera la internet en México era difícil ubicar a los huidizos, debido a que la información de una dependencia pública no se transmitía a otra ya que eso representaba tiempo, esfuerzo y papeleo adicional, por lo que cada quien operaba de acuerdo a los recursos humanos y herramientas a su alcance, pero todo cambió a partir de que inició el tercer milenio al almacenar electrónicamente todo tipo de documentación y que a su vez, con un simple clic, enviarla a una oficina distinta, lo que ha permitido desde entonces tener conocimiento de lo que hacen los empresarios en materia de inversión, quiénes son sus proveedores y clientes, el número de trabajadores y salarios que pagan, etc., con lo que se puede determinar la aportación que debe hacer por distintos conceptos, sea ante Hacienda y las secretarías de finanzas estatal y municipal y con el Seguro Social y el Infonavit.

Hasta la última década del siglo pasado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ofrecía en prenda de seguridad, que los datos proporcionados a las encuestas por ciudadanos, empresas y productores eran de carácter confidencial, lo que fue desmentido por un abogado fiscalista local en 2004 al asegurar que serían utilizados para efectos públicos, provocando una catarata de negativas, pero al paso del tiempo le dio la razón al grado que hoy es común que se haga y que esa vía prácticamente esté en desuso puesto que entre las oficinas gubernamentales se hace de manera cotidiana.

Para no dejar lugar a dudas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) faculta al Infonavit para que denuncie penalmente a empresarios evasores y que oculten o nieguen cifras reales a sus trabajadores, dato que por cierto lo dio el presidente de la Comisión de Centros Comerciales de la Cámara de Comercio de Aguascalientes, (Canaco), Guillermo Gutiérrez Serrano.

Explicó que cometen un ilícito fiscal aquellos patrones que con el fin de omitir o disminuir el pago de las aportaciones y entero de descuentos al Infonavit, “sistemáticamente hacen uso de engaños, se aprovechan de errores, simulan actos u ocultan información, tanto en el desarrollo de actos de fiscalización y cobranza, como al ejercer medios de defensa contra el Instituto”, por lo que el Infonavit debe dar aviso al Agente del Ministerio Público federal por la presunta comisión del delito de defraudación fiscal.

En estas condiciones continúa cerrándose el cerco que se ha tendido en torno a los evasores, al haber un intercambio permanente de referencias y que globaliza y actualiza la información fiscal, lo que permite inclusive rastrear si el presunto tiene negocios en otra parte del planeta o alguno de sus allegados.

Además, mediante el uso de tecnología de geolocalización Hacienda podrá detectar “algunos domicilios fiscales para acreditar la veracidad de los datos que aportan los contribuyentes e integrar esa información en los expedientes, indicó el presidente del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Nuñez”. (Agencia Notimex). Respecto de la manera como se podría percibir esta herramienta, dijo que “esto debería resultar intimidatorio para una persona que no paga impuestos, no para una persona que sí los paga”.

En cuanto a las “listas negras” del SAT, que revelan públicamente quienes no cumplen con sus obligaciones hacendarias, de lo que según Guillermo Gutiérrez es una violación a los derechos humanos porque varios de los que aparecen en esa relación no tienen adeudos, han servido a la autoridad para recuperar 257 millones de pesos, tan sólo en los primeros 45 días del presente año y cuya intención no es con fines recaudatorios, “sino poder hacer públicos los nombres y RFC de quienes pudieran representar un riesgo o una contingencia fiscal para otros contribuyentes de buena fe, que tienen tratos comerciales con los contribuyentes publicados”, afirmó Aristóteles Nuñez.

Mientras que sean peras o manzanas, los dueños o administradores de empresas deben actuar con extrema cautela, y si por alguna razón se animan a “torear” al fisco ya saben que por más que se escabullan tarde o temprano serán pillados y entonces será mayor el pago que hagan.

ACUERDOS CON LECHEROS

Al mismo tiempo que representantes de los ganaderos hacían resonar los tambores de guerra en Aguascalientes, en Jalisco anunciaban que hay acuerdos firmes con el gobierno federal para atender la situación que les afecta, debido al bajo precio de la leche y los costos que registran en el proceso de producción.

El viernes pasado estuvo en las oficinas de la Unión Ganadera estatal Vicente Gómez Cobo, vicepresidente de relaciones gubernamentales y legislativas del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y presidente de la Federación Mexicana de Lechería, lanzando el “ultimátum” de que si no soluciona a la mayor brevedad la demanda habrá una “reacción contundente” y sacarán los tractores a las calles.

Afirmó que la gente “ya no aguanta más, nos van a sobrepasar”, por lo que urgió al gobierno que en el curso de esta semana informe qué va a hacer y en caso de que no lo haga “no se qué va a pasar en Semana Santa, necesitamos una repuesta ya”, amagando que en caso de no recibirla “hacemos un caos”.

El jueves, un día antes que Gómez Cobo estuviera aquí, el secretario de Desarrollo Rural (Seder) de Jalisco, Héctor Padilla Gutiérrez, dio a conocer en Guadalajara que ya se concretaron acuerdos entre instancias federales como la Secretaría de Agricultura y los principales estados productores de leche que enfrentan la problemática del sector lechero, como son Jalisco, Coahuila, Durango, Chihuahua, Guanajuato y Aguascalientes.

Se integró una Comisión para el Ordenamiento y la Legalidad, en la que se suman todos los que participan en la cadena productiva de la leche y que determinará medidas a corto y mediano plazo. De manera inicial se creó una mesa de trabajo de carácter nacional, que tiene como propósito fortalecer esta actividad y en la que tienen presencia dependencias como Sagarpa, Sedesol, Liconsa, Profeco y Cofepris y miembros de las agrupaciones de productores, además en cada estado productor se creará una comisión estatal que materialice y le de seguimiento a los acuerdos y planes de trabajo.

Entre los compromisos está la gestión de recursos complementarios para el equipamiento de Liconsa y pueda ampliar su acopio y centros de distribución, al mismo tiempo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hará más estricta la vigilancia sobre productos lácteos en el mercado.

Lo acordado en la capital jalisciense es justamente lo que esperan los productores y consumidores de leche, no las volutas mediáticas que se lanzaron en esta ciudad.

ÉTICA DE LOS PACTOS

Tal fácil que lo expliquen para que los indoctos desechen ideas torcidas o mal intencionadas, como las que fabrican los enemigos de las alianzas políticas entre partidos antagónicos en todos sentidos.

El aguascalentense Jesús Ortega Martínez, coordinador nacional de la corriente perredista Nueva Izquierda, se encargó de aclarar lo que significa la unión del agua y el aceite, políticamente hablando: “Las alianzas electorales son un asunto de táctica política y no son un asunto de principios. Son un asunto de búsqueda de objetivos de coyuntura, no es un asunto de visión estratégica”.

Bueno, ahora sí pueden dormir tranquilos quienes no encontraban una luz en las coaliciones.