José Luis Gómez Serrano

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Los impuestos y contribuciones son necesarios: el alumbrado y el pavimento de las calles no se pagan solos, lo mismo que la gran cantidad de obras y servicios públicos a cargo del gobierno. Con esta convicción y con mucha resignación, mes tras mes pago las cuentas que me presenta mi contadora; también es por auto-preservación, prefiero invertir mis energías en producir y en escribir que en pelear con el fisco. Entendiendo los impuestos como la manera de mantener funcionando a la sociedad en su conjunto, hay que pagar impuestos.

No todo mundo lo acepta así, y deliberadamente una gran cantidad de población busca la manera de evadirlos. La reacción del gobierno es imponer sanciones (multas, recargos y actualizaciones) a los que no pagan a tiempo, y crear un enorme aparato informático con la intención de almacenar todos los movimientos comerciales de los contribuyentes a través de la ley que ordenará entregar la contabilidad a Hacienda por medios electrónicos. Hacienda no tiene capacidad ni siquiera para dar un servicio decente en lo que se refiere al registro de las facturas electrónicas, mucho menos para almacenar la contabilidad de los contribuyentes y analizarla para encontrar discrepancias. Pero la amenaza está ahí, y llegado el momento, habría que cumplirla.

En su infinita sabiduría, los legisladores a veces se pasan todavía más de tueste, como los del DF que ahora planean encarcelar… a los que no paguen el predial. Probablemente razonaron de la siguiente manera, al buscar nuevos ingresos:

No nos vamos a ir contra los locatarios de la Merced, ni contra los tianguistas de Tepito ni contra los vendedores ambulantes del centro de la ciudad; todos esos son intocables, ya sea porque son carne de cañón para las manifestaciones o porque son muy violentos o porque son nuestros amigos; ni hablar de los corporativos en Santa Fe o San Ángel, esos son todavía más amigos nuestros. Pero toda persona debe vivir en algún lado, y la casa o departamento que habita es propiedad de alguien, nos podemos ir sobre las propiedades. Para convencerlos de que paguen, declaremos que es delito si no pagan, y así, cuando menos los asustamos.

Milagrosamente –deus ex machina, pronunció el asambleísta más versado en latinajos incomprensibles– el Código Fiscal ha sido modificado para que en su artículo 497 se declare que es delito de defraudación fiscal la omisión total o parcial en forma dolosa del impuesto predial, castigable con multas, cárcel y lo que le quiera añadir el juez. Está previsto para entrar en vigor el 15 de julio de 2015.

¿Qué es dolo, tratándose de pago de impuesto predial? Puesto que el valor catastral lo fija el gobierno, no hay evasión posible al estilo de ocultar ingresos o inflar los gastos, la única evasión es no pagar, pero ahora está la amenaza de que el GDF planea equiparar la ausencia de pago de predial con actitud dolosa, y con cárcel, al que no pague. Salvo los que viven debajo de los puentes, quienes no podrán acreditar la propiedad del puente, el resto de los capitalinos tiene una nueva espada de Damocles sobre su cabeza: pagar el predial o ir a la cárcel.

¿Por qué esa agresividad en la exigencia del impuesto? En una nota del día anterior, que al leerla sentí como una especie de premonición –algo muy malo va a pasar–, supe que los diputados del DF, precisamente aquellos que están elevando a delito el acto de no pagar ese impuesto, ganan una dieta de $68,893 mensuales (Reforma, 9.12.2014), y milagrosamente les alcanza para andar en vehículos de lujo. En primera plana aparecen fotografiados los legisladores Fernando Espino del PRI con una camioneta Audi ($749,000), Jaime Ochoa del PRI en una Jeep Cherokee ($583,000), Arturo Santana del PRD en un Mercedes Benz ($568,000), Jesús Sesma del PVEM en una Dodge Durango ($513,000), y Oscar Moguel en una Jeep Laredo ($440,000). El más modesto de estos legisladores tendría que dedicar más de seis meses íntegros de su dieta para pagar el vehículo, lo que nos hace pensar que ese es un dinero extra que reciben por alguno de los miles de recovecos que los legisladores inventan para apropiarse con licencia del dinero público. Ante la imperiosa necesidad de que todo legislador circule en un vehículo digno, y la escasez de dinero debido a la caída de los precios del petróleo y el gasto faraónico en edificios como la sede del Senado y la del IFE-INE, es completamente comprensible que los legisladores hayan elevado a la categoría de delito el hecho de no pagar el predial, aunque anteriormente todos creíamos que era porque los capitalinos tenían otros gastos que realizar, como comida, transporte y vestido.

Viene a la mente, de manera tan natural como el dolo con que se vestirá el acto de no pagar predial, el comentario de uno de los actores más respetados de México, Héctor Bonilla, cuando fue entrevistado por el noticiario Un Nuevo Día, donde le pidieron su opinión acerca de la corrupción:

“… no es verdad que político pobre es un pobre político; un político rico, hablando de eso, es un hijo de perra.”