Saúl Alejandro Flores

Amables lectores continuamos con esta serie de Diálogos por el Agua, en particular con el tema de la regulación de los servicios, que para el caso nos enfocaremos en la participación social que viene a ser un componente primordial para alcanzar buenos resultados en la ejecución regulatoria, la semana pasada comenzamos con este componente, ahora mencionaremos y desglosaremos las modalidades que se tienen en la regulación respecto a la participación social, veremos los mecanismos que van desde los foros, reuniones y asambleas de consejos ciudadanos y comisiones de usuarios. En primer lugar tenemos:
1. Excluyente. Presupone que el ente regulador es el guardián exclusivo del interés público. Los únicos invitados a participar son la empresa regulada y, previniendo el uso ilegítimo de información, los competidores. Como el público puede ser adversamente afectado por las decisiones regulatorias, el modelo excluyente es inapropiado para las normas actualmente aceptadas de participación pública.
2. Incluyente. Cualquier persona puede solicitar información, hacer sugerencias o formular peticiones al ente regulador, el cual está obligado a proveer la información pública y a responder a todos los requerimientos. La participación es informal y volitiva. Presupone un ente neutral, influenciado sólo por hechos y análisis pero, como no reúne a los intereses afectados para negociar una solución, produce ganadores y perdedores.
3. Observatorio ciudadano. Ejercicio del derecho ciudadano de fiscalizar, controlar, dar seguimiento y evaluar las acciones y decisiones del ente regulador.Se incrementa el conocimiento de las condiciones en que se presta el servicio.Los informes de la vigilancia ciudadana pueden incluir peticiones, recomendaciones y posturas. Puede representar sólo los puntos de vista de una parte de la sociedad.
4. Mediación. Representantes de grupos de interés se reúnen con la ayuda de un facilitador para presentar hechos y argumentos de todos los bandos y tratar de alcanzar un acuerdo. Los negociadores se reúnen hasta que alcanzan un acuerdo, admiten su insalvable desacuerdo o se presenta una fecha límite. Si se emite una regulación, ésta goza de legitimidad por ser producto del ente, las partes y la sociedad civil ahí representada.
5. Consejo consultivo. Se establece un comité de expertos sin interés jurídico en la materia para aconsejar al ente regulador en aspectos técnicos. Sólo se invita a expertos acreditados, quienes no necesariamente reflejan las diferentes perspectivas científicas. Aunque aún puede haber participación pública directa, las recomendaciones de los expertos tienen un gran peso en las decisiones finales del ente regulador.
6. Membresía en el Directorio del Regulador. Algunos ciudadanos se convierten en miembros de una comisión del ente regulador con la finalidad de autorizar las tarifas de los servicios (la calidad de éstos no es materia negociable). La comisión tiene poder de iniciativa, veto y autorización. La comisión es parte de la instrumentación y evaluación interna de las regulaciones resultantes.
Actualmente no existe ningún esquema de regulación que pueda contener o prever todas las situaciones, por lo que cada caso debe atenderse de manera particular. Por lo tanto, hace falta desarrollar más los procesos de regulación, por lo que es necesario fortalecer el debate, discusión pública, asimilación social, criterios, tesis y jurisprudencia.
Algunas modalidades de regulación consideran sólo la difusión de información y la respuesta a solicitudes específicas, en otros hay consultas o audiencias públicas para que el ciudadano defienda sus intereses, en muy pocos casos la participación social llega a la mediación, consejos ciudadanos o membresía en el directorio del ente regulador.
Sin embargo, es pertinente diseñar un esquema de regulación con participación social pertinente y especializada, no sólo participar por llenar un asiento, sino por generar certeza y seguridad en cada acción propia en materia regulatoria. Es importante además tener en claro, que la participación social es y debe ser solamente un componente, no es la panacea, pero sí un elemento fundamental en el desarrollo de una política regulatoria, porque le añadiría, transparencia y corresponsabilidad, además de un carácter multisectorial, debido a que pueden incorporarse colegios de profesionistas que inciden en el sector agua, desde las tarifas, como puede ser por ejemplo el Colegio de Economistas y otros más que pueden formar parte, siempre y cuando existan mecanismos de selección y participación en el seno del consejo que sea parte del ente regulador, pero hasta ahí porque el ente regulador no debe ser tampoco un aparato enorme y monstruoso, sino eficiente y altamente especializado, conocedor y con experiencia.
Ese ente regulador debe conducir con pertinencia y cabalidad el desarrollo de la participación social que a su vez sería bastante importante, de ahí es que toda esta actividad debe contar con un bagaje administrativo, normativo, operativo y transversal, porque en la regulación incidirán áreas como la financiera, la operativa y lo hídrico en todas sus vertientes.
De ahí estimados lectores, que es vital contar con la primera piedra para generar un servicio óptimo de agua potable, alcantarillado y saneamiento, ya que de momento no existen condiciones, ni siquiera para cambiar de empresa, no se trata sólo de rescindir un contrato como si se tratara del alquiler de una cosa, se trata de un aparato y servicio de una envergadura compleja, por eso no puede sólo guiarse por el entusiasmo de abogados de que si sí o si no, se trata de un complejo técnico normativo, que de fracasar sería retroceder décadas y volver a emprender el servicio costaría no sólo miles de millones, sino el fracaso y desencanto, así como afectar la sustentabilidad no sólo del servicio, sino del recurso. De ahí la responsabilidad en diseñar instituciones y ejecutar acciones tendientes a que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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