POR: OCTAVIO DÍAZ G. L.

@octaviodiazg

 

Desde antes de tomar posesión el presidente Peña comprometió una reforma para crear la Comisión Anticorrupción. Con la idea de que eso iba a ser un proyecto de muy corto plazo, el 2 de enero de 2013 se modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reforma con la cual desaparecen dos secretarías: la Secretaría de Seguridad Pública que se convierte en un apéndice de la Secretaría de Gobernación sin desaparecer nada de su estructura administrativa y la Secretaría de la Función Pública (SFP), algunas de cuyas funciones se transfieren a la Secretaría de Hacienda, otras a las entidades y dependencias y otras más simplemente desaparecen. Uno de los artículos transitorios de la reforma prevé que la SFP subsista hasta en tanto se cree la Comisión Nacional Anticorrupción. Sin embargo, la propuesta de la Comisión Anticorrupción se detuvo en el Congreso a pesar de que ya había una iniciativa muy concreta. Más de dos años después y en medio de escándalos de corrupción en todos los órdenes de gobierno y en los tres poderes, existe un clamor popular por que se haga algo respecto a los problemas de corrupción que nos agobian. Muestra de este clamor fue el discurso del presidente de la CANACO Cd. de México el pasado 9 de enero ante el presidente Peña cuando le dijo: “El empresariado es un sector muy vapuleado por la corrupción. Cualquier oportunidad de negocios con el gobierno está expuesta a que se le solicite una contribución por anticipado antes de ser asignada.” (Reforma primera plana).

Además de la corrupción que impera en las policías municipales, muchas de ellas tomadas por la delincuencia organizada, están los casos de las licitaciones que está llevando a cabo la SCT y que han estado cuestionadas por parte de testigos sociales, expertos y periodistas. También están los casos no aclarados satisfactoriamente de posibles conflictos de interés en las relaciones de contratistas del gobierno federal con altos funcionarios del gobierno federal. Por ello recientemente el PAN decidió hacer suya una propuesta elaborada por Transparencia Mexicana y la Red por la Rendición de Cuentas (CIDE) la cual parecía lograr consensos de todos los partidos para llevarla a cabo. Sin embargo, nuevamente se volvió a detener en la Cámara de Diputados ante el desacuerdo del PRI con algunos puntos de la misma. Esta propuesta anticorrupción no pretende crear nuevos organismos sino fortalecer a los existentes. Sin embargo, para que funcione realmente será necesario ir más allá de cómo se ha planteado. Algunos aspectos podrían ser:

  1. Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control (OIC). Su secretario debe ser seleccionado en un concurso abierto del cual el presidente escogerá una terna para proponerla al Senado (Algo similar a lo que se hizo con COFECE e IFETEL). Los titulares de los OIC y su personal deberán estar sujetos a un servicio profesional de carrera y de ninguna manera ser nombrados o sugeridos por los titulares de las entidades y dependencias. Los concursos del personal de los OIC podrían ser organizados por universidades y supervisados por organismos de la sociedad civil. Los candidatos a titulares de OIC deberán pasar también por un proceso de control de confianza.
  2. Auditoría Superior de la Federación. Deberá tener plena autonomía y sus integrantes estar sujetos a un proceso de selección similar al mencionado antes. Sus observaciones deberán ser atendidas prontamente y sus pliegos de responsabilidades enviados a un tribunal administrativo que se encargará de desahogar los procesos de responsabilidades. Deberá poder realizar auditorías durante el ejercicio del gasto y a posteriori.
  3. Tribunal Administrativo. Este tribunal deberá crearse y estará especializado en procesar los casos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos al cual llevarían sus acusaciones tanto los OIC como la ASF y en su caso aplicar las sanciones correspondientes. Este tribunal deberá tener autonomía constitucional para darle la independencia necesaria.
  4. Fiscalía Anticorrupción Federal. Si bien ésta ya existe, su dimensión es muy pequeña y depende de la Fiscalía General de la República. Es prioritario darle total autonomía constitucional y recursos suficientes para que tenga un tamaño adecuado a la dimensión del problema, lo que podría elevar el número de funcionarios de 30 o 40 que tiene hoy a quizá más de mil servidores públicos. En otro artículo (“La configuración de la Comisión Anticorrupción”, El Heraldo, 30-04-13) he hablado de las características que podría tener esta Fiscalía.
  5. Auditorías Superiores Estatales. En los estados habría también que fortalecer y dar mayor autonomía a estas instituciones.
  6. Fiscalías anticorrupción estatales. A nivel estatal también debería haber fiscalías anticorrupción en el ámbito de su competencia con solidez y autonomía.
  7. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción. A fin de coordinar los esfuerzos a nivel nacional en la materia sería necesario crear un pequeño secretariado ejecutivo que incorpore además a organismos de la sociedad civil en un Comité de Ética. Este secretariado también se encargaría de canalizar apoyos financieros a estados y municipios para combatir la corrupción a través de fondos especiales creados con ese propósito.

Para combatir la corrupción lo que hace falta es voluntad política y algunas herramientas institucionales básicas para que se pueda realizar esta labor. No es necesario crear elefantes blancos burocráticos que den la ilusión de combatir la corrupción, sino instituciones eficaces que den resultados pronto. Ojalá que la reforma que se estará discutiendo el mes que viene, tenga estos elementos y no se quede en puro gatopardismo reformista.

 

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