Por: Octavio Díaz García de León

Twitter: @octaviodiazg

 Ya quedó integrado el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Se nombró para ello a Jacqueline Peschard, Mariclaire Acosta, José Octavio López, Luis Manuel Pérez de Acha y Alfonso Hernández (http://www.animalpolitico.com/2017/01/designan-ciudadanos-comite-anticorrupcion/), en su mayoría con antecedentes en transparencia y acceso a la información aunque no en temas de combate a la corrupción, lo cual como he comentado en esta columna(http://octaviodiazgl.blogspot.mx/2016/09/el-inai-en-el-sistema-anticorrupcion.html), son aspectos muy distintos que no hay que confundir. Lo bueno es que dichos integrantes cuentan con la capacidad técnica y académica para la tarea y se les desea el mayor de los éxitos en su encomienda.

La sociedad tiene grandes expectativas para que den resultados en el muy corto plazo. ¿Por qué la urgencia? Porque este es un problema que ahoga y debilita a la nación y en tiempos de amenazas del exterior lo peor que nos puede suceder es tener un país con instituciones débiles, carcomidas por la corrupción, que lo pueden hacer presa fácil de esas amenazas.

En un número reciente de la revista The Economist apareció un artículo (http://www.economist.com/news/americas/21716105-revelations-wholesale-bribery-may-mark-turning-point-latin-americas-battle-against) sobre los sobornos que dio la compañía brasileña Odebrecht durante 15 años a diversos funcionarios de gobiernos latinoamericanos por montos que ascendieron a 800 millones de dólares. Los países afectados fueron el propio Brasil, Perú, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Venezuela y México, entre otros. En el caso de México el soborno fue dado a funcionarios de Pemex, asunto que está en investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública.

El artículo dice que otras compañías brasileñas de construcción recurrieron a los mismos métodos corruptores para obtener contratos. Según explica en dicho artículo José Ugaz, quien encabeza el capítulo de Transparencia Internacional en Perú, muchos de estos sobornos se dirigieron a campañas políticas o bien simplemente se dieron como dádivas directas. Su modo de operar era ganando contratos en licitaciones al ofrecer las posturas más bajas y luego mediante corrupción, incrementarsustancialmente los costos de las obras a través de múltiples modificaciones a los contratos. Según el artículo, estos sobornos se dieron especialmente en los contratos del tipo Asociación Público Privada (APP) que se han puesto de moda en México y en el resto de la región. Por otra parte, José Luis Guasch, ex funcionario del Banco Mundial encontró que el 78% de todos los proyectos APP para transporte se han renegociado con un promedio de 4 modificaciones por contrato, cada una encareciendo el servicio en 30 millones de dólares por modificación.

Estas experiencias muy bien documentadas podrían ser un punto de partida para la actuación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, ahora que ya se integró el Comité de Participación Ciudadana. Se podrían iniciar los trabajos con acciones como las siguientes:

  • Revisar todos los contratos de Asociación Público Privada o de obra pública que hayan sido modificados, revisar a cuánto ascienden los incrementos e investigar a fondo las justificaciones.
  • Inhabilitar de inmediato a la empresa Odebrecht para que no continúe trabajando para el gobierno, tal y como ya lo han hecho en otros países.
  • Investigar a las compañías brasileñas constructoras que operan en nuestro país y que pudieran tener prácticas similares.
  • Inhabilitar a la empresa israelí farmacéutica TEVA quien también admitió haber sobornado a médicos mexicanos que trabajan para el gobierno e investigar a estos médicos.
  • De manera preventiva, modificar las leyes correspondientes para poner restricciones a las modificaciones excesivas o arbitrarias a este tipo de contratos tanto de APP como de obra pública, como también ya lo han hecho en otros países.
  • Investigar a los funcionarios de alto nivel responsables de estos contratos (No solo a los que firman, que suelen ser funcionarios menores quienes no participan de los sobornos) respecto a su situación patrimonial y de sus allegados. Por cierto, las manifestaciones de situación patrimonial y de conflicto de interés que realizan estos funcionarios corruptos no sirven, porque ponen la información que les conviene y no manifiestan la verdad (Ver http://octaviodiazgl.blogspot.mx/2016/06/las-3-de-3-disminuyen-la-corrupcion.html)
  • Dar a conocer los resultados de las investigaciones sobre los sobornos que Odebrecht y TEVA dieron y castigar a los responsables.
  • En las grandes obras que se han desarrollado recientemente como el aeropuerto de la ciudad de México, el tren entre Toluca y la ciudad de México y otras obras que realizan Conagua, PEMEX, CFE, SCT y otras dependencias del gobierno, darles la mayor transparencia y vigilar los movimientos patrimoniales de los altos funcionarios y sus allegados, responsables de estas.
  • Revisar partidas de gasto sobre las cuales se rinden pocas cuentas como, por ejemplo, los gastos de seguridad nacional que se han incrementado de manera notable en los últimos años.
  • Va a ser de especial importancia la fiscalización de los recursos que se dedican a las campañas políticas, porque mucho de los sobornos en obras públicas y APP se dirigen hacia ellas.
  • Promover entre los funcionarios públicos honestos la denuncia de actos de corrupción mediante esquemas de protección de testigos. Ellos son quienes tienen más información acerca de lo que pasa al interior de sus instituciones

El Sistema Nacional Anticorrupción tiene ante sí un gran reto para demostrar que hay voluntad de combatir la corrupción. La sociedad está ansiosa de ver resultados y lo bueno es que sí se pueden dar en el muy corto plazo. Esperamos verlos pronto.

http://octaviodiazgl.blogspot.mx/    http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/   Correo: [email protected]