Claudia Salazar, Rolando Herrera y Claudia Guerrero
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 7-Sep.- La crisis legislativa en San Lázaro llegó a su fin: el PRI cedió y el Frente opositor también.
La propuesta del tricolor de aprobar de forma inmediata una reforma que elimine el pase automático del Procurador Raúl Cervantes a la Fiscalía General destrabó el conflicto.
La mañana de ayer, el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho, llamó por teléfono al panista Marko Cortés, coordinador del PAN en la misma Cámara, para anunciarle que aceptaban dar marcha atrás al pase automático y que presentarían una propuesta para concretarlo.
Cortés, quien se encontraba con los coordinadores Francisco Martínez Neri (PRD) y Clemente Castañeda (MC), preguntó al priista si se trataba de un compromiso del Presidente Enrique Peña, a lo que Camacho respondió: “En el PRI no podría ser de forma distinta”.
Minutos después el mexiquense anunció su propuesta, que contiene la eliminación del pase automático de Cervantes, tal como lo propuso Peña el 29 de noviembre de 2016.
“Tengo elaborada una iniciativa de reforma a la Constitución en el mismo sentido que la que el Presidente aprobó. De entrada tiene 257 firmas de legisladores.
“Y una vez que Jorge Carlos Ramírez Marín se convierta en el presidente legal y legítimo de la Mesa Directiva la vamos a presentar invitando a todos los legisladores a obviar los trámites legislativos y a discutirla el martes próximo”, anunció Camacho.
Dos horas después y ya en el pleno de la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva quedó instalada, en medio de gritos en contra de los panistas, quienes abandonaron la sesión.
En tanto, la fracción del PRI en el Senado se declaró lista para procesar en “fast track” los mismos cambios constitucionales.
Así, en menos de una semana, el PRI en el Congreso pasó de defender la candidatura de Raúl Cervantes a la Fiscalía General a rechazar el “pase automático”.
Pese al anuncio, la propuesta en cuestión permitiría al Procurador Cervantes competir con otros aspirantes por la Fiscalía General para un periodo de nueve años.
Dicha iniciativa sólo elimina el pase automático, pero deja intactos los mecanismos de elección del futuro Fiscal: el Senado integrará una lista de 10 candidatos que enviará al Presidente, quien devolverá una terna de finalistas, de donde saldrá el Fiscal General que requerirá mayoría calificada para acceder al cargo.