Salvador Rodríguez López

En el Partido Acción Nacional tienen prisa por darle vuelta la página, por lo que en lugar de cumplir con la “operación cicatriz”, que es lo común después de una derrota electoral, van más allá al exigir una reforma a los estatutos que termine con el “chapulineo” de los líderes partidistas, que sin pudor alguno se auto proponen como candidatos a un cargo de elección popular.
De prosperar la iniciativa de senadores y diputados federales, Paulo Martínez habrá sido el último de los dirigentes locales que al mismo tiempo que es presidente del Comité Directivo encabezó la lista de candidatos a diputados “plurinominales” en los recientes comicios, por lo que iba en caballo de hacienda rumbo a la coordinación de la próxima fracción parlamentaria, sólo que ninguno de esa relación entró debido a que el número total de victorias por mayoría les cerró la puerta.
Tanto él como su antecesor utilizaron el cargo para promover su imagen y tener control sobre el organismo, por lo que no les fue difícil presentarse como aspirantes a una diputación local o federal, en su caso, lo que en términos constitucionales no está prohibido, pero aún cuando sea un acto legal no es moral ya que se utiliza todos los recursos y elementos a su alcance para tener predominio sobre los demás militantes.
Es un propósito que se ha planteado varias veces sin que se logre concretar, pero hoy adquiere especial connotación debido a la forma en que Ricardo Anaya se hizo de la candidatura presidencial que internamente tuvo un costo político muy alto, con la pérdida de cuadros valiosos y que más tarde se reflejó en la alianza que impulsó con el perredismo, lo que terminó por alejar a la base tradicional de votantes, con un resultado que no podía ser otro que el desastre registrado el pasado uno de julio.
El coordinador de los diputados federales, Marko Cortés, aspirante a dirigir los destinos nacionales del propio instituto, se pronunció por impedir que quien sea presidente del partido pretenda algún cargo de elección, por su parte el senador Héctor Larios planteó una reforma estatutaria para que impida que quien busque un cargo partidista quiera competir por otro puesto, lo que va para dirigentes del CEN y de los comités estatales y municipales.
Es costumbre en todos los partidos que quien tiene la batuta es el primero en dar un paso al frente y no conforme con ello utilice el cargo para impulsar a “su” grupo y a otros cercanos y hasta los parientes, compadres, ahijados y socios, lo que es denunciado por quienes son marginados pero por regla general se quedan con el cólico ante la respuesta negativa.
Acción Nacional puede ponerle el cascabel al gato y dar ejemplo de que sí se puede acabar con los saltarines que tanto daño le causan a la política, por lo que si quieren hacer la tarea completa deberían incluir que quien ocupe un cargo de elección popular debe terminarlo, como una manera de acabar con ese subibaja que se presenta en los congresos federal y local y en los ayuntamientos y cabildos.
Es una medida que puede airear la vida política al abrir el abanico de oportunidades, principalmente para los jóvenes, que miran pasar los años sin que puedan ingresar al círculo de privilegiados, quienes van de un cargo a otro durante décadas y cuando finalmente se retiran es porque ya entregaron la estafeta a los hijos o sobrinos.
Las condiciones que se dan para los ascensos en la política y en el sector privado (IP) son totalmente distintas, porque mientras en la política debe privilegiar la democracia, en donde todos tengan los mismos derechos y opciones, en la IP son decisiones del patrón, que puede tener a toda su familia en la nómina o que un empleado vaya, desde el puesto más humilde hasta uno de dirección, sin que alguien pueda objetarlo o exigir que cambie de opinión.
En resumen, no se vale que en partidos y puestos de elección popular todavía no terminen de ejercer el cargo y ya preparan maletas para buscar otro, por lo que hay que ser congruentes, para que una vez concluida la misión entonces sí explorar las posibilidades, obligándose así a hacer un buen papel en cada uno de sus encargos para tener probabilidades a lo que aspiren.

FÁRRAGO SALARIAL

Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se pronuncie si es legal reducir el ingreso de los funcionarios públicos – incluidos los de los propios ministros – seguirá el “balconeo” de quienes actualmente obtienen más de lo que pretende recibir el próximo Presidente de la República.
La información que aportó El Universal en su edición de ayer, en que señala que de los 32 gobernadores estatales hay cinco que ganan más que el resto, podría suponer que a partir del próximo uno de diciembre deberán ajustar su sueldo a lo que ha decidido el mandatario que entrará en funciones en esa fecha.
Es un asunto que tiene tiempo en la mesa de las discusiones, principalmente cuando Benito Nacif, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) impugnó a principios del año pasado ante el Tribunal Electoral la decisión de la Junta General Ejecutiva, de reducir los salarios de altos funcionarios en 10 por ciento. Aseguró que “por ley se prohíbe que a alguien le quiten el fruto de su trabajo sin algún motivo. El artículo 23 aclara que no se pueden reducir los salarios de los servidores públicos. El 27 dice que las remuneraciones (de los funcionarios) son irrenunciables”.
Si los salarios “son demasiado elevados”, afirmó, son los que están en la ley, “y si se quieren reducir, tienen que apegarse a la normativa”, recordando que “la ley es protectora de los salarios, lo hace a través de convenios”. Puntualizó que nadie está por encima de la Constitución y aún en condiciones que demandan austeridad “se debe cumplir con los derechos de los trabajadores”.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio la razón a Nacif y el 9 de marzo de 2017 revocó los acuerdos emitidos por la Junta General Ejecutiva del INE, al establecer que hubo una clara violación a la Constitución.
Ahora lo que cabe es que la Suprema Corte emita un dictamen sobre la pretensión de un grupo de futuros senadores y diputados, de modificar la ley para obligar a todos los funcionarios públicos a ganar menos que el próximo Presidente, lo que en muchos casos significaría perder hasta el 50% de lo que devengan, lo que alcanzaría a los representantes populares de todo el país
La cuestión gira en torno a que si debe mantenerse el salario de los que ya están y en todo caso, quienes se incorporen a la administración pública, acepten las nuevas reglas, lo que debe dirimirse en el más alto tribunal del país.

DE COTORREO

Cada vez que el INE anuncia una multa a un partido político provoca escozor, ya que por muy alta que sea la suma, los líderes ni los responsables directos del delito pagan un solo peso de su bolsa. Quien lo hace es el ciudadano común, como Usted caro lector o lectora, puesto que el recurso sale de las prerrogativas que por ley les corresponden, provenientes de los impuestos que pagan todos los mexicanos, de manera que los 197 millones que deberá entregar Morena, por el uso que le dio al fondo para los damnificados del 19 de septiembre de 2017, al desviarlo para financiar al partido, y 36.5 millones al PRI, por presuntamente recibir recursos del gobierno de Chihuahua en 2015, sólo les serán descontados de las partidas y asunto concluido. No hay castigo para los verdaderos culpables, ni a quienes ordenaron o solaparon los hechos, por lo que el anuncio de que van a impugnar el acuerdo del Instituto Electoral son lágrimas de cocodrilo.