JOSÉ LUIS MACÍAS ALONSO

En un esfuerzo por lograr la consolidación de un régimen democrático, México ha evolucionado la conformación de su estado. En la actualidad, la estructuración conforme a la clásica teoría de la división de poderes de Montesquieu (ejecutivo, legislativo y judicial), cuenta además con esferas administrativas que, por la trascendencia de sus funciones, son jurídicamente independientes de los tres poderes tradicionales.

La motivación del constituyente para crear y dotar de autonomía a estas figuras radica en la pertinencia de consolidarlos como órganos públicos ajenos de intereses políticos que los tres poderes ordinarios pudieran llegar a tener y con ello generar confianza y credibilidad de su funcionamiento, abonar a la democracia y fortalecer al estado.

Sin embargo, en la praxis, a pesar de que formalmente, la norma fundamental les ha conferido una autonomía plena, materialmente estos órganos tienden a subordinarse en mayor o menor medida ante las presiones fácticas de los poderes tradicionales. Esta lamentable realidad constituye un obstáculo de gran tamaño para la democracia mexicana, pues las funciones públicas que desarrollan estos entes son de vital importancia para obtener el fortalecimiento de nuestras instituciones, que produzca en consecuencia, una certera limitación de actuaciones alejadas de los postulados democráticos.

Sin pasar inadvertida la realidad innegable de que ningún sistema institucional es suficiente para garantizar el avance democrático pues éste puede ser manipulado, pervertido y prostituido por individuos pertenecientes a una sociedad con bajo nivel de ciudadanía, es necesario explorar modificaciones institucionales que fortalezcan la autonomía de los órganos públicos constitucionales autónomos. El desvincular la función de éstos entes de los intereses políticos es la ambiciosa idea.

En el caso mexicano, sin poder generalizar desde luego, existen dos aspectos que inhiben esta autonomía real de los entes.

La primera consistente en el mecanismo de selección de sus titulares. Salvo casos como la UNAM, las personas designadas para estar al frente son nombradas por los poderes ejecutivo y legislativo, mediante variados procesos de selección. Esta realidad representa un vicio irremediable, al deber su puesto a una decisión del presidente o de los legisladores, el titular enfrenta de facto un cuestionamiento acerca de la imparcialidad de sus actuaciones ante los poderes que lo nombraron.

Si bien este aspecto de la necesaria imparcialidad que deben tener éstos entes, en el mundo del deber ser quedaría resuelto con la actuación ética de éstos y el cumplimiento al estado de derecho, en algunos casos la realidad dista del supuesto. Nombramientos internos, indirectos, escalonados o con altos requisitos de elegibilidad pueden ayudar.

Otro aspecto es la aprobación presupuestaria por parte de la Cámara de Diputados. Imagínese amable lector, que lo acaban de nombrar titular de la CNDH y formula un ambicioso plan de trabajo que requiere un recurso extraordinario de 400 millones de pesos; para contar con ellos, sólo existe un camino: que los diputados federales se lo autoricen. Convencido de la trascendencia de su proyecto, pide cita ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y a la semana, entra por primera vez al recinto de San Lázaro; desde ese momento, el sentido apolítico quedó diluido. El caso no termina aquí, supongamos ahora que los diputados aprobaron su recurso extraordinario, gracias a la labor de convencimiento que hizo un diputado con sus demás compañeros. Luego, resulta que este legislador se vuelve alcalde del municipio de “Corruptelongo El Grande” y sus policías son acusados de tortura. ¿Castigaría a la persona que le consiguió el presupuesto para su ambicioso plan de trabajo? Deje la respuesta para su conciencia, lo que intento con esto no es poner a prueba la ética de las personas, sino demostrar que este andamiaje abre la posibilidad a imparcialidades de los entes, intromisiones de los partidos políticos y disminución de su autonomía.

Generación de recursos propios, parámetros y condiciones predeterminadas en una norma para establecer su presupuesto y financiamiento internacional, puede liberarlos en mayor medida del control político.

La conformación e interacción que tengan las instituciones en términos formales puede ser rebasada por presiones fácticas y volverlas ineficientes para los cometidos democráticos, sin embargo, las estructuras jurídicas sobre las cuales se cimientan los órganos constitucionales autónomos deben de estar perfeccionadas en la mayor medida posible para lograr su independencia. Los andamiajes institucionales no son garantía, pero sí son condiciones básicas, para lograr la autonomía real.

@licpepemacias