Rolando Herrera 
Agencia Reforma

CDMX.- En el 69 por ciento de los casos, los jueces de ocho entidades del país, entre ellas la Ciudad de México, omiten analizar las situaciones de riesgo o violencia y no dictan las medidas de restricción necesarias, de acuerdo con el estudio No es Justicia, elaborado por Red por la Ciudanización de la Justicia.

Tras analizar 110 resoluciones y/o sentencias emitidas en los últimos tres años en materias familiar, civil y penal, el estudio reportó que en el 85 por ciento de los casos los jueces no toman en cuenta cómo las relaciones de poder y de género influyen en los casos.

REFORMA publicó ayer el caso de Abril Pérez Sagaón, quien fue asesinada el pasado lunes tras acudir a una diligencia judicial por la disputa de la custodia de sus hijos.

Su familia señaló como autor intelectual del crimen a su ex esposo, Juan Carlos García, quien la había agredido en enero de este año y libró la prisión preventiva oficiosa a la que estaba sujeto por una reclasificación que el Juez de Control hizo del crimen al convertirlo de tentativa de feminicidio a violencia familiar.

El homicidio de Abril Pérez, ocurrido luego de que un juez reclasificó un intento de feminicidio por violencia familiar, exhibe la necesidad de que el Poder Judicial sea transparente y que todas sus sentencias sean públicas, consideró Ana Pecova, Directora Ejecutiva de Equis Justicia para las Mujeres.

Pecova señaló que este caso no hubiera ocurrido si hubiera existido un escrutinio público sobre las decisiones de los jueces.

«Si hubiera sido posible dar un seguimiento desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, mirar las sentencias, señalar las injusticias que están ocurriendo, yo creo que distinto hubiera sido», indicó en entrevista en el marco del Foro Internacional para una Justicia Abierta.

El estudio, dado a conocer en febrero pasado, señala que los jueces y magistrados deben tomar en cuenta las situaciones de riesgo y advertir de las prácticas o comportamientos basados en el género que ponen en peligro la vida o la integridad de una persona.

«Las personas juzgadoras están obligadas a detectar y actuar ante posibles situaciones de riesgo para evitar afectaciones a los derechos, de lo contrario estarán incumpliendo con su deber de protección y debida diligencia», indica.

Las entidades cuyas sentencias no fueron analizadas desde una perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos fueron emitidas por los poderes judiciales de los estados de Querétaro, Tlaxcala, Yucatán, Baja California, Campeche, Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México.

Un estudio complementario, denominado (In) Justicia Abierta Ranking de opacidad judicial en México, elaborado por Equis Justicia para las mujeres, refiere que esta omisión de los jueces por garantizar la seguridad e integridad de las víctimas es posible por la opacidad en la que resuelven los casos y emiten sus sentencias,

«(..) Actualmente todo el funcionamiento del Poder Judicial en México es un camino abierto a la discriminación, a la violencia, a la arbitrariedad, la corrupción y el abuso de poder», señala.

En el País, indica el documento, 43 de cada 100 mexicanas han sido víctimas de algún tipo de violencia, pero solo ocho de ellas presentan denuncia debido a la discriminación que sufren por parte de los sistemas de justicia.

De las denuncias que llegan a presentarse, añade, muy pocos casos llegan a judicializar y en una cantidad aún más pequeña se emite una sentencia.

«Además, una sentencia tampoco es una garantía de protección y justicia para las mujeres, pues de las pocas sentencias que se han podido analizar (debido a la falta de transparencia se sentencias por parte de los poderes judiciales) se han advertido violaciones al derecho de acceso a la justicia de las mujeres.

«Estas violaciones han sido motivadas por razones de género, donde quien juzga es quien genera, justifica y perpetúa la violencia y la discriminación hacia las mujeres», acusa.