David Reynoso Rivera Río

Hace unas semanas, abordamos el tema de la dependencia que parece tener el Poder Legislativo a merced del Ejecutivo. Ahora, los abogados nos encontramos más que sorprendidos tras la última iniciativa, o más bien, la más reciente ocurrencia de iniciativa legislativa, presentada hace unos días por los senadores de Morena. La aludida iniciativa pretende reformar la Constitución para tener una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con 16 ministros, es decir, se busca aumentar 5 ministros más a los 11 existentes.

Para quienes no lo saben, actualmente la corte funciona bajo dos salas cada una de cinco ministros y un presidente. La Primera Sala se encarga de los asuntos civiles y penales, actualmente se integra por: Juan Luis González Alcántara Carrancá (´presidente), Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales; mientras que la Segunda Sala se encarga de los asuntos administrativos y del trabajo, actualmente integrada por: Javier Laynez Potisek (presidente), Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; finalmente el actual presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien no participa en ninguna de las Salas pero sí en el pleno.

La propuesta de los senadores de Morena, pretende crear una nueva sala especializada en temas de combate a la corrupción, determinación de daños contra la hacienda pública, la responsabilidad patrimonial del Estado, así como algunas facultades incomprensibles sobre los recursos de revisión con respecto a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces. Siendo así que la propuesta constituye una verdadera aberración jurídica ya que actualmente existen ya las vías para la atención de la mayoría de dichos asuntos; sin embargo, todo cobra sentido, cuando se analiza que desde el inicio de la legislatura siguen pendientes de ratificar y nombrar a algunos de los magistrados que en teoría debieron de iniciar funciones con la implementación del famoso Sistema Nacional Anticorrupción.

Entre algunas de las otras cosas que propone la ocurrencia legislativa a la que algunos pretenden llamar iniciativa, se pretende que el presidente de la Tercera Sala sea integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y marca que la duración del cargo de los nuevos ministros sería escalonada en la primera integración de la sala, en tanto que los subsecuentes nombramientos atenderían al plazo de 15 años. Se incorpora la inhabilitación para ocupar el cargo de ministro, si se ha incurrido en delitos por hechos de corrupción que ameriten pena privativa de libertad por más de un año y de igual manera se dispone que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos deberá someter al Senado las ternas para la designación de los cinco integrantes de esta sala, en un plazo máximo de 60 días naturales, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Amén de todo lo anterior, constituye un gran riesgo para el Estado de Derecho que de los 11 ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia hoy en día, nuestro Poder Ejecutivo ya seleccionó a dos en estos primeros meses de su gobierno y podrá designar a otro más en 2021, cuando se retire el ministro Fernando Franco. Siendo así que, con la propuesta en mención, para el año 2021 en el hipotético caso de que se aprobara la aberración legislativa en mención, el Ejecutivo contará con 8 de los 16 ministros y evidentemente se pondrá en tela de juicio la legitimidad de un Poder Judicial que en teoría y bajo mi más humilde opinión, debería de ser el máximo representante de la división de poderes.

Habrá que dar puntual seguimiento al tema y esperar que la construcción del anhelado Estado de Derecho en nuestro país, no se siga viendo mermado por las ocurrencias o los intentos de control.

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