Ayer, en sesión de la Diputación Permanente, el legislador Cuauhtémoc Cardona Campos condenó los altos índices delictivos que se registran en Aguascalientes, y solicitó la comparecencia del secretario estatal de Seguridad Pública y del fiscal general del Estado, para que expliquen la creciente inseguridad e informen sobre las medidas que habrán de tomarse para inhibir estas conductas.

Dijo que acuerdo con cifras del 2018, de la Asociación Civil Nacional “Semáforo Delictivo”, Aguascalientes ocupa el tercer lugar en extorsión, con una tasa del 10.4%, por cada 100 mil habitantes, mientras la media nacional fue de 5%; sólo están por encima de nuestra entidad, Baja California Sur y Zacatecas.

Además, ocupamos la misma posición en robo a casa habitación, donde la tasa estatal es de 253.9% y la nacional, de 64%; en robo a negocios, el segundo lugar, con una tasa del 191.1% y la nacional del 75.2%, donde sólo nos supera Quintana Roo. En cuanto a lesiones dolosas, el estado es el primer lugar, con una tasa del 299.4%, mientras que la nacional es del 116.5% por cada 100 mil habitantes.

En robo de vehículos, Aguascalientes es el cuarto lugar con una tasa del 250.4%, cuando la media nacional es del 163.1%. Y en narcomenudeo, nos ubican en sexto lugar, con una tasa del 129.9%, contra la media nacional de 47.4%.

CONTRA LA TORTURA. Además, el legislador presentó una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Aguascalientes, encaminada a garantizar la protección de las personas que sean detenidas y facilitar su comunicación con familiares o representantes legales.

Afirmó que en ese lapso entre la detención y el traslado a los separos, pueden suscitarse hechos de malos tratos en contra de las personas, de ahí la importancia de establecer en el ordenamiento un precepto para inhibir su incomunicación y obligar a la presencia inmediata de un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

A propósito de la recomendación que emitió la CNDH a funcionarios de la extinta PGJE de Aguascalientes, en la que reconoce que sí hubo víctimas de tortura, tratos crueles e inhumanos, el diputado destacó que su propuesta de reforma también contempla la instalación de cámaras de videovigilancia al interior de las celdas de la Policía Ministerial y que estos dispositivos estén en conexión con la CEDH. Finalmente, refirió que por el delito de tortura hubo más de 100 quejas, y sólo 25 siguieron su proceso.