Son múltiples las preguntas que deberían hacerse los miembros del Congreso del Estado sobre su negativa a crear la “prima de antigüedad”, para los trabajadores del gobierno del estado y los municipios, sin embargo, si lo hacen es tiempo perdido, cuando se observa su falta de raciocinio.
Por enésima ocasión rechazaron los beneficios que deberían recibir quienes dejaron su vida activa al servicio de la administración pública y que al final, como si fuera una maldición, reciben en promedio el 60% de lo que devengaban, ya que sólo se toma en cuenta para el pago de la pensión lo que tenían como salario base.
La propuesta de crear una prima de antigüedad no prosperó en la sesión que se dictaminó, al haber 20 votos en contra y 2 abstenciones y sólo 3 a favor, lo que fue una muestra más de esa ausencia de criterio y de no saber valorar su significado. Hacerlo no habría descapitalizado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) y en cambio habría sido de gran ayuda a las personas que pasan a retiro.
De las pocas voces sensatas que hubo ese 6 de julio fue de la diputada Elsa Amabel Landín, al referir que el gobierno tiene la obligación de fomentar políticas públicas eficaces para generar trabajos dignos para todos y consideró que se debe exigir la protección a los servidores públicos capaces en su trabajo, proporcionándoles mejores salarios y condiciones de trabajo favorables, y respetando la prestación de la prima de antigüedad.
Lo ocurrido ese día fue la misma actitud de la pasada Legislatura, al apuntar que haría una reforma a la Ley del ISSSSPEA para incluir en la pensión lo que recibe el empleado en bonos y otros alcances económicos, de manera que fuera realmente un reconocimiento y no un castigo, sin embargo concluyó el trienio y los diputados nunca presentaron la iniciativa.
Seguramente que en 2018 los actuales legisladores se acordarán de su desliz y tratarán de remediarlo, ofreciendo que promoverán los cambios necesarios, y claro está, sin mencionar que es año electoral, en el cual varios aspiran a la reelección o a una diputación federal, por lo que será el momento de prometer y comprometerse, aunque luego salgan con su domingo siete.
Se debe tener presente que son más de 10 mil trabajadores entre el Estado y los Municipios y de ellos dependen alrededor de 50 mil personas, mismas que no tendrán en su pensamiento electoral a quienes hoy traicionan su confianza. Hay cuestiones que son difíciles de olvidar y una de ellas es cuando se perjudica el ingreso, siendo mayor en las condiciones en que quedan estos pensionados, que de la mediana estabilidad económica en que estaban pasan al sufrimiento.
Resulta inexplicable que en Aguascalientes se les niegue los mínimos derechos y en cambio, en otros estados sí los reconozcan, es el caso de Veracruz, en donde el Instituto de Pensiones (IPE) tiene establecido el aumento a la pensión en la misma fecha que se otorga al personal en activo y se aplica a partir de que el derechohabiente tenga 15 meses en calidad de pensionado o jubilado.
Asimismo, cuando un jubilado o pensionado reingrese al servicio activo no puede renunciar a la pensión que le haya sido concedida para solicitar y obtener otra nueva, salvo el caso de inhabilitados que quedasen aptos para el servicio.
En cuanto a la indemnización global, el IPE dispone que a los familiares de un trabajador fallecido se le pague el monto de las cuotas con que hubiere contribuido, si tuviese de 1 a 7 años, y más un 6% de dicho monto, si tuviera 8 a 14 años de servicio. Si el trabajador falleciere después de 15 años o más de servicio, sin que sus familiares tengan derecho a pensión, el IPE les entregará el importe de las cuotas más un 6%.
En ayuda para gastos del funeral se destaca que será hasta por un equivalente a 4 mensualidades de la pensión disfrutada, a condición de que estos no excedan de 6 veces el salario mínimo mensual de la región en que dicho derechohabiente hubiese causado baja del servicio.
Como conclusión a lo detallado vale resaltar lo siguiente: “Hace muchos años que el pago de pensiones ha dejado de considerarse un acto humanitario de justicia social. Es un derecho del hombre (y la mujer) que trabaja y que deja su salud y en ocasiones su vida al servicio de una entidad o de una persona, por cuyo motivo se exige protección a través de un marco legal y de disposiciones concretas que deben avalarlo y protegerlo”, expresa Santiago Barajas Montes de Oca en “Derechos del Pensionado y del Jubilado”, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

ECHA EL PIAL

Dispuesta a no quedar fuera de la jugada, la “chiquillería” empieza a moverse para hacerse visible, ya que es la única manera de evitar el derrumbe que ha llevado a la desaparición de varios organismos políticos, o tener que hacer circo, maroma y teatro para conservar o recuperar el registro.
Para evitar que “se la ganen”, el Partido Movimiento Ciudadano adelantó que para el año próximo podría ir con el PAN y el PRD, que cocinan un “frente amplio”, aunque esta fusión sería condicionada “a que sean candidatos ciudadanos, no impuestos”.
El encargado de la coordinación estatal, Jaime Durán, está en una etapa de conflicto interior, ya que por una parte abona el camino para ir en el cabús de panistas y perredistas y por otra señala que se debe trabajar “por encima de los partidos” y que las alianzas partidistas “han probado la ineficacia a la hora de ser gobierno”.
Su origen empresarial lo impulsa a intentar la “ciudadanización” de la política, pero al mismo tiempo abre las ventanas para ir con los partidos, lo que a final de cuentas es lo que acordarán en la asamblea nacional que tendrá lugar el 3 y 4 de agosto, sólo que hay que jugar a la gallinita ciega sin antifaz.
Sustentado bajo el viejo guión opositor, Durán afirma que su partido va por el cambio de régimen político, porque “el actual ha demostrado estar agotado a través de la desigualdad, la violencia y la corrupción”, incluso considera que “la alternancia de partidos no resulta suficiente”, por lo que se debe renovar el sistema en su conjunto.
A la vez que no resultan de su agrado los partidos, prepara los papeles que entregará al Instituto Estatal Electoral para recobrar la acreditación que perdió el año pasado y por lo cual, después de varias legislaturas, en la actual no tiene representación ni en ninguno de los once municipios. Espera que vuelvan a competir en 2018.

EQUIVOCA LA PUERTA

Las facultades y obligaciones que tienen el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) y la sección uno del SNTE son distintas, aún cuando los una el magisterio. Esto es lo que tiene confundida a la presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF), María Elida Gutiérrez, quien pidió a la organización sindical a “estar atenta” para cubrir en tiempo y forma los grupos de los profesores titulares que están bajo incapacidad médica. La exigencia surge porque las ausencias no se ocupan, lo que motiva que los alumnos estén sin maestro. La exigencia debe hacerla al IEA, que es el obligado a vigilar que todas las escuelas trabajen normalmente, y por su parte el sindicato debe estar atento para que quien vaya de suplente sea quien está en la relación de prelación que la misma autoridad ha diseñado.