Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores continuamos con la temática de los obstáculos en la planeación y regulación, recordando que estamos en la política hídrica y regulatoria, así que continuemos con la implementación de la política. Recuerden con base en la semana anterior que los lineamientos de política hídrica en México deben llevarse por los menos a la práctica mediante mecanismos de cuatro tipos: a) Legales y regulatorios, b) Económicos, c) De participación social, y d) Tecnológicos. Ahora vamos con el segundo.
Los mecanismos económicos. La solución del problema financiero que enfrenta la sociedad para atender sus demandas en relación con el agua debe ser también punto central de la nueva política. La baja capacidad financiera que presentan tanto los organismos operadores municipales de agua potable y alcantarillado como los distritos de riego, ha afectado su capacidad técnica y administrativa, reduciendo con ello la posibilidad de un manejo autónomo y sustentable. En este aspecto, contar con una ley reglamentaria del artículo 115 constitucional constituye un elemento indispensable.
Como punto central de las estrategias para alcanzar un aprovechamiento del agua eficiente, equitativo y ambientalmente aceptable, debe reforzar el concepto del agua como un bien económico en sustitución del concepto del agua como un bien libre, pero debe ponderar en la legislación vigente el derecho al agua como una base indispensable de supervivencia, fijando claramente los límites al derecho que debe ser provisto por el Estado en sus diferentes órdenes, sin costo o subsidiado casuísticamente, diferenciándolo del servicio que debe ser cubierto a sus costos de sustentabilidad para garantizar su permanencia eficiente. De ahí que la política hídrica comprenda la introducción de sistemas de precios y otros incentivos económicos, incluyendo aquella para el uso agrícola.
De manera que la política conjuntará como vertientes principales: a) La definición de los parámetros mínimos de servicio sin costo o subsidiado para todos los usuarios como un derecho. b) Una mayor participación de la sociedad en el financiamiento de las obras y acciones que la benefician, lo que induce un uso más eficiente del agua por la vía de precios e incentivos económicos, sin que el contenido del párrafo anterior limite este aspecto.y c) Un conjunto de políticas y medidas encaminadas a sanear y fortalecer las finanzas de los sistemas usuarios con el objetivo de lograr su autosuficiencia financiera en el corto y mediano plazos, principalmente por medio de sistemas tarifarios que permiten recuperar el costo total de los servicios que proporcionan, incluyendo el costo social de los servicios apuntados en el primer párrafo.
La instrumentación de criterios económicos en la administración del agua tiene su punto de partida en la Ley Federal de Derechos vigente, dentro de la cual se establece el pago de derechos por el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, así como el pago de derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público tales como cuerpos receptores de descargas de aguas residuales. Aparte de los dos principios básicos, primero que el agua tiene un valor económico en función de su disponibilidad y segundo, «el que contamina, paga», debe incluirse los mecanismos para incluir el agua de riego en la proporción que fuera prudente dadas las condiciones del campo mexicano, pero apoyando la promoción de la eficiencia, como podría ser la devolución de los derechos para su inversión en eficiencia y reduciéndolos hasta cero en caso de comprobación de su uso con alto grado de eficiencia o tecnificación. Esto como punto de partida y con el desarrollo ir innovando y adecuando nuevos modelos y esquemas que desarrollen al campo y preserven el agua.
La corresponsabilidad con los estados, permitiría convenir la recaudación por medición a cargo de organismos operadores locales, que podrían encargarse de la tarea, sin mayor impacto en su infraestructura de operación, y a cambio de una pequeña participación.
A medida que aumente la recaudación, se consolidará un sistema que permita el financiamiento de los programas y acciones del sector agua. La misma recaudación propiciaría un mayor flujo de recursos al constituirse en contraparte de créditos concertados con la banca de fomento, o bien, al formar parte de paquetes financieros con la participación de los gobiernos estatales y municipales, los usuarios o beneficiarios, y la iniciativa privada.
Asimismo, la legislación fiscal establece las cuotas o tarifas que deben cubrir los usuarios de los servicios hidráulicos que preste la Federación, con objeto de recuperar totalmente los costos de operación, conservación y mantenimiento relacionados con el suministro de agua a centros de población, industrias o distritos de riego.
Por otro lado, la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica es el instrumento para la recuperación de las inversiones federales en materia de infraestructura hidráulica que beneficia en forma directa a personas físicas o morales.
Lo anterior, sería el punto de partida, es decir arrancar de una vez, pero debe implementarse con un sistema financiero del agua, tema del que en otras ocasiones he mencionado, que a su vez es parte de un sistema estatal, y claro debería haber uno nacional. La próxima semana continuaré con los mecanismos de participación y los tecnológicos, por que recuerden que la importancia de implementar y potenciar la gestión y administración del agua debe permitir y nuestras acciones serán importantes para que en México y Aguascalientes el agua nos alcance, depende de nosotros.

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Que este 2018, los colme de bendiciones y logros, son mis deseos para los directivos, administrativos y quienes hacen posible que este diario llegue a sus manos, y por supuesto a ustedes queridos lectores. ¡Feliz año!