Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores continuamos con la temática de los obstáculos en la planeación y regulación, recordando que estamos en la política hídrica y regulatoria, así que continuemos con La implementación de la política. Los lineamientos de política hídrica en México deben llevarse por los menos a la práctica mediante mecanismos de cuatro tipos: a) Legales y regulatorios, b) Económicos, c) De participación social, y d) Tecnológicos.
Por lo que respecta a los Mecanismos legales comenzaríamos por La Ley de Aguas Nacionales que debe permitir la instrumentación de un marco regulatorio que busque estimular una mayor eficiencia y una mejor percepción del valor social, económico y ambiental del recurso. Propiciando que los usuarios de las aguas nacionales operen en un marco de derechos y obligaciones claramente establecidos en tres de los instrumentos básicos: a) Título de concesión o asignación. Por medio del cual se establece el derecho a explotar, usar o aprovechar un determinado volumen de agua; b) Permiso de descarga de aguas residuales. Mediante este instrumento se establecen las condiciones bajo las cuales el permisionario habría de disponer de las aguas residuales resultantes; y c) Inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua tanto de los títulos de concesión o asignación como de los permisos de descarga de aguas residuales, lo cual otorga una mayor certidumbre y seguridad jurídica a los derechos de los usuarios.
Actualmente la Ley de Aguas Nacionales establece disposiciones que regulan las concesiones. Además contiene distintos principios que regulan los actos de la autoridad y otorgan mayor seguridad y certeza jurídica a los particulares.
Los derechos otorgados para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se relacionan con el aprovechamiento de fuentes específicas, las cuales proporcionan un volumen determinado para satisfacer un uso consuntivo inicial, sujetas a determinadas condiciones para la descarga de aguas residuales, en cantidad y calidad.
Dentro de los principios del manejo integrado del agua, además de regular los aspectos de cantidad, se ha otorgado especial atención a la prevención y control de la contaminación del agua. Para empezar, se estableció la expedición de permisos de descarga, obligatorios para todos los responsables de las descargas de aguas residuales que se vierten a cuerpos receptores de propiedad nacional. Sin embargo, no se ha llegado al control esperado y deseable.
La movilidad que ahora adquirieron los derechos de agua, requirió a su vez un mecanismo que otorgara mayores condiciones de seguridad a los usuarios. De ahí que se introdujo el Registro Público de Derechos de Agua, en el que se deben inscribir los títulos de concesión y asignación, así como las operaciones de transmisión que se lleven a cabo. Este registro tiene carácter público y puede expedir certificaciones sobre su contenido.
Como un mecanismo para propiciar que el recurso hidráulico se destine a los usos que ofrecen los mayores beneficios económicos, dentro de un marco de equidad y sentido social, la Ley establece la posibilidad de transmitir los derechos amparados por los títulos de concesión y asignación, previa autorización de la autoridad correspondiente, quien debe velar por los intereses de terceros que pudieran resultar afectados por las operaciones de transmisión y cuidar la integridad de los sistemas hidrológicos. Sin embargo, es preciso establecer las bases en la propia Ley para garantizar que las asignaciones para uso público urbano solo puedan ser emitidos a los municipios o estados, que no puedan ser revertidos a usuarios privados y que en el área de servicio de los organismos operadores estatales o municipales, todos los derechos de explotación sean emitidos en forma de asignación a la autoridad competente para asegurar su participación en la regulación y apoyar su autosuficiencia. Aunque esto se consideró parcialmente en las modificaciones de la Ley de Aguas Nacionales en el 2004, debe ser complementado en este sentido y reglamentado adecuadamente por el Ejecutivo federal.
Los permisos de descarga establecen claramente los derechos y obligaciones de los permisionarios y delimitan la capacidad discrecional de la autoridad, si bien, la autoridad tiene en todo momento la facultad de verificar el debido cumplimiento de lo establecido en el permiso correspondiente. La prevención y control de la contaminación del agua, el control de la calidad del agua que se abastece para consumo humano y otros usos que pudieran afectar la salud pública, así como la protección general del medio ambiente y los ecosistemas acuáticos se sustentan en un conjunto de normas que deben ser emitidas por distintas dependencias, incluida la Comisión Nacional del Agua, conforme al marco jurídico vigente.

Adicionalmente, la necesidad de establecer un marco regulatorio y solucionar los problemas que como escollos para la eficiencia, autosuficiencia y sustentabilidad se han planteado recurrentemente por los propios organismos operadores de los servicios urbanos y con el fin de consolidar la alternativa de una participación sana de los particulares en la operación de los servicios, es necesario promover una Ley reglamentaria del artículo 115 constitucional que defina los ámbitos de autoridad con precisión establezca la posibilidad de la regulación y el apoyo a los servicios con la participación activa de las entidades federales.

Esto ha sido una generalidad sobre los instrumento legales que tiene la política hídrica, pero como podrá constar se encuentran desarticulados por que no se han podido cumplir los fines para los cuáles se reformó en 2004, en abril se cumplirán catorce años, y los problemas ahí siguen. Aquí esta es una de las poderosas razones para que en un futuro muy próximo se cuente con la Ley General de Aguas. La semana próxima veremos los mecanismos económicos, con la idea de identificar los obstáculos y poder visualizar lo que se debe hacer para implementar una auténtica política hídrica que permita que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

Comentarios: saalflo@yahoo.com

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