Hay autoridades que asumen compromisos que luego no realizan o lo hacen a medias, con la confianza de que no hay ley alguna que los obligue a responder por sus actos, por lo que sin ningún remordimiento dejan “para después” las acciones determinadas.

Es norma general que los planes de desarrollo, tanto estatal como municipal, sirvan para el lucimiento y el discurso, porque a la hora que deben llevarse a cabo, conforme a la calendarización establecida, surgen las evasivas y cargándole la responsabilidad a otro nivel de gobierno por no haber brindado su apoyo. La mejor muestra se encuentra en las múltiples veces que se ha mencionado el rescate del Río San Pedro sin que se logre ir más allá de limpiar las riberas y atender algunos tramos, o el cuento de nunca acabar que “ahora sí” se concluirá la carretera poniente por la que pueda circular el transporte pesado.

En similares circunstancias están las promesas de acabar con la pobreza extrema, que según informes oficiales sufren más de 120,000 aguascalentenses y a los que se suman cerca de 300,000 que enfrentan otro tipo de pobreza.

Asimismo, en materia de seguridad lo más lejos que se ha llegado es ampliar el número de “razias” en las colonias populares y comunidades rurales y colocar retenes en cualquier punto de la ciudad y en los demás centros urbanos, situación que va en contra de los derechos humanos al afectar la movilidad individual y el derecho de reunión en la vía pública.

Para la diputada local Citlalli Rodríguez no hay elementos de revisión para determinar el cumplimiento de los planes de desarrollo en forma acumulativa o al cierre del ciclo, lo que ocasiona que los distintos órdenes de gobierno pueden cumplir o no cumplir con los objetivos planteados.

Al no hacerlo genera la negligencia del sector oficial, puesto que no hay garantías ni consecuencias cuando dichos planes se queden incompletos y aun más, la revisión la lleva a cabo el Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación, cuando lo correcto es que fuese un órgano externo para que exista total independencia de la revisión y sus conclusiones.

Cimentó la propuesta de crear un instrumento que coadyuve en la rendición de cuentas, en que los planes y programas están creados para darle rumbo a los dineros públicos, evitar la improvisación y el despilfarro, “precisamente por la falta de previsión”, apuntó, con lo que ningún gobernante ya encaminado en sus trabajos modifique su estructura o sus objetivos y metas.

“Por ello es fundamental medir el cumplimiento de metas y objetivos, y verificar desde lo institucional, aquello que se prometió por parte de los candidatos y partidos a través de las plataformas y las campañas político-electorales”, remató.

Citlalli Rodríguez sostuvo que debe haber reglas muy claras para ofrecerle plena confianza a los ciudadanos de saber si los compromisos se cumplieron en tiempo y forma y que los recursos públicos tuvieron el destino previsto, por lo que podría ser el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) el que lleve a cabo la evaluación y la haga una vez que el período para el que fue emitido haya fenecido, obligándose el organismo a emitir un informe que determine si se cumplió o no con los objetivos y metas previstos en los planes y programas, además, al terminar el sexenio o trienio el mismo OSF manifieste lo que se resolvió en este período o qué se quedó en el camino.

La exigencia no es a rajatabla, aclaró la legisladora, puesto que la planeación es una descripción de lo que se propone y no necesariamente tiene que tener resultados exactos, por lo que puede haber ajustes en función de las condiciones que prevalezcan en su entorno, pero los resultados sí deben estar cercanos a lo programado, porque “de otra forma la planeación no sería sino una simulación”, sentenció.

Para los habitantes en general es importante que se atienda el proyecto de la representante popular, con lo que se dará certeza que los ofrecimientos gubernamentales y el gasto público tendrán el fin formulado.

REGLAS PARA EL CLERO

Con la suficiente anticipación la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) presentó el documento “Lineamientos para la prevención de sanciones administrativas y/o penales para ministros del culto en materia electoral”, en que plantea no promover, recomendar, sugerir o apoyar públicamente a algún candidato o partido político, con lo que se evitará castigos durante el proceso electoral en marcha.

El documento elaborado por los más de 100 obispos del país expresa que los sacerdotes católicos no pueden promover, recomendar, sugerir o apoyar públicamente a un candidato o partido político, ni criticar o atacar en actos de culto a algún candidato o partido que esté compitiendo por algún cargo, tampoco distribuir o colocar propaganda en templos o instalaciones religiosas, ni usar los templos para realizar propaganda o para reuniones o encuentros sociales públicos con candidatos, y no deben permitir a los fieles laicos utilizar lugares y actos públicos para realizar propaganda electoral, ya sea directa o indirecta.

Lo que sí pueden realizar es hablar sobre la importancia del voto y la participación de los feligreses en las elecciones; exteriorizar la doctrina cristiana en temas como la vida, la familia y el matrimonio, y atender espiritualmente en lo privado a un candidato.

Se les recuerda a los ministros que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público infracciona cuando se asocian con fines político-electorales, y por oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reuniones públicas; las sanciones previstas es clausura temporal o definitiva del templo y la suspensión de derechos de Asociación Religiosa, e incluso su cancelación, asimismo, la multa puede llegar hasta los 20,000 salarios mínimos.

En el escrito del CEM se manifiesta que en materia electoral el equilibrio entre el trabajo pastoral para orientar a los fieles y el apego a la ley necesita de “un ejercicio de prudencia no sencillo”, en virtud que los representantes de la Iglesia Católica gozan de los derechos de libertad de expresión y religiosa, no obstante, se debe respetar los límites que dispone la legislación.

En entrevista con los medios de comunicación, los clérigos y obispos omitirán responder a preguntas que se refieran al proceso electoral, cuando impliquen como consecuencia la opinión o propaganda, a favor o en contra, de determinado candidato o partido.

Lo más importante del memorando es que no está formulado por autoridad alguna, sino directamente por los obispos que forman parte del CEM, por lo que es de atención y cumplimiento ineludible de todos los sacerdotes, que al hacerlo evitarán ser llamados a cuentas.

TIEMPO DE ESPERA

La negativa de José Refugio Muñoz de Luna de asumir la diputación que dejaría vacante Jaime González de León, no altera el propósito de que éste ocupe la titularidad de la Secretaría de Finanzas del Estado, sólo que no fue a partir del uno de marzo como estaba previsto sino que ahora puede ser hasta el próximo mes de noviembre. Como se dio a conocer, Jaime González anunció el 10 de enero que presentaría licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido, dando por descontado que no habría problemas para que Muñoz de Luna asumiera la suplencia, pero de inmediato rechazó hacerlo con el argumento que estaba “muy a gusto” en la dirección de CCAPAMA, y tan no quiso estar en la máxima represtación popular que en la sesión el miércoles 21 de febrero se dio a conocer el escrito que envió a la Diputación Permanente, en el que de manera oficial rehúsa esa posición. Ante ello, no le quedó otra salida a Jaime González que retirar la petición de licencia, sin embargo en noviembre, cuando termine esta comisión, podrá estar en Finanzas. En estos meses la dependencia seguirá con un “encargado del despacho”, algo que fue la constante en la pasada administración estatal, por los seis años.