Luis Muñoz Fernández

Roger Williams lanzó un desafío a las nuevas colonias: que encontrasen, y aprendiesen a habitar, un espacio moral compartido, sin convertirlo en un espacio sectario que privilegiase unos planteamientos frente a otros. Ese mismo reto lo planteó John Rawls, cuando argumentó que las personas que mantienen distintas “doctrinas comprehensivas” religiosas y seculares sólo pueden convivir apoyándose en el respeto mutuo si son capaces de articular un “consenso entrecruzado”, conviniendo en compartir una concepción ética “independiente” en el ámbito político, y acordando, al mismo tiempo, renunciar a la búsqueda del dominio de cualquier doctrina comprehensiva sobre las demás. Un “consenso entrecruzado” rawlsiano no es simplemente una manera de conjurar el conflicto, un mero “modus vivendi”: los individuos lo suscriben porque aprueban los valores que encarna en cuanto valores adecuados para la convivencia de personas que difieren acerca de los fines últimos y que, muy probablemente, no llegarán pronto a un acuerdo.

Martha Nussbaum. Libertad de conciencia. Contra los fanatismos, 2010.

El 11 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación al artículo 10 bis de la Ley General de Salud relativa la objeción de conciencia. Dicha modificación se publicó en los siguientes términos:

ARTÍCULO 10 Bis.- El Personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta Ley.

Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional.

El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral.

De acuerdo al jurista argentino Marcelo Alegre, la objeción de conciencia en general“consiste en el derecho a no ser obligado a realizar acciones en contra de convicciones éticas o religiosas muy profundas del individuo”. El Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona define la objeción de conciencia como “la negativa de una persona a realizar ciertos actos, o a tomar parte en determinadas actividades, que le ordena la ley o la autoridad competente, basándose en razones de convicción moral”.

En el caso particular del ámbito sanitario al que se refiere la reforma a la Ley General de Salud a la que hemos hecho referencia, el doctor Patricio Santillán Doherty, presidente del Colegio de Bioética (que tiene su sede en la Ciudad de México), define la objeción de conciencia en medicina como “la negativa de un médico a realizar ciertos actos (médicos), o a tomar parte en determinadas actividades científica y legalmente aceptadas (en concordancia con la lex artis médica), que se encuentran dentro del ámbito de su competencia, aduciendo la trasgresión que dicho acto hace a su libertad de pensamiento, conciencia o religión (principios morales y creencias religiosas personales)”.

Es evidente que la reforma al artículo 10 bis de la Ley General de Salud aprobada en 2018 va dirigida a justificar la negación de la prestación de servicios sanitarios en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, lo que incluye el acceso a los métodos anticonceptivos, en especial a la anticoncepción de emergencia o “pastilla del día siguiente”, el acceso a las técnicas de reproducción asistida y, sobre todo, el acceso a la interrupción legal del embarazo.

Por lo anterior, tras su aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el 11 de junio de 2018 en contra de dicha reforma una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la que el más alto tribunal de nuestro país todavía no se ha pronunciado. La demanda considera que, tal como fue redactada, la reforma al artículo 10 bis es sumamente defectuosa, ya que vulnera el derecho a la protección de la salud de la población (en especial de las mujeres), así como otros derechos consagrados en nuestra Carta Magna. El Colegio de Bioética se ha sumado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos elaborando un documento (amicus curiae) que amplía y detalla lo manifestado en el recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Suprema Corte.

Uno de los defectos de esta ley es convertir la objeción de conciencia en un derecho. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege en su artículo 24 “el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado” y, aunque el ejercicio de la objeción de conciencia deriva de ese derecho, no es un derecho en sí misma. Mucho menos un derecho absoluto, que es lo que expresa la citada reforma de la Ley General de Salud. Es de todos conocido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado enfáticamente que en México no existen los derechos absolutos y que cuando existe un conflicto entre dos o más derechos, debe hacerse un ejercicio de ponderación para determinar cuál derecho debe prevalecer.

En este sentido, es muy interesante lo que señala el Documento sobre la objeción de conciencia en sanidad, publicado en 2007 por el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona:

En una sociedad pluralista, sin embargo, puede surgir con facilidad el viejo conflicto entre el deber moral y el deber jurídico, que es el núcleo de la objeción de conciencia. A efectos prácticos conviene constatar que el conflicto no se plantea en las cuestiones generalmente aceptadas, sino que surge en las materias discutidas, casos difíciles o problemas abiertos, para los cuales no hay una solución unívoca. […]

Hay que poner claramente de manifiesto que el conflicto se produce entre dos esferas positivas: el derecho a la libertad de conciencia del personal sanitario, que lleva aparejada la posibilidad de objetar su intervención a realizar una determinada actuación sanitaria, y el derecho del usuario a recibir una prestación establecida legalmente. Esta tensión requiere tomar medidas que permitan respetar ambas posiciones propiciando a la vez la prestación del servicio y la objeción [las negritas son mías].

Y son justamente esas medidas las que no incluye la reforma al artículo 10 bis de Ley General de Salud, pues no limita el derecho a la objeción de conciencia del médico y/o la enfermera, protegiendo simultáneamente el derecho que tiene el (la) paciente a recibir la atención médica que requiere, derecho contenido en el artículo 4º de nuestra Constitución. El Colegio de Bioética señala que la reforma al artículo 10 bis de la Ley General de Salud debe contener  “restricciones y condiciones especiales que deben exigirse ante cualquier ejercicio pretendido de la objeción de conciencia en el sistema médico”.

En resumen, estas restricciones son las que imponen “el respeto a la autonomía y dignidad de los pacientes, la abstención de cualquier forma de discriminación, la promoción de la salud y el bienestar de los pacientes y la provisión de la mejor atención médica posible basada en la mejor evidencia científica disponible”. Lo anterior incluye la prohibición del ejercicio de la objeción de conciencia cuando se ponga en peligro la salud y la vida de los pacientes y la obligación del médico que objeta en conciencia de garantizarle al usuario la atención que requiere, poniéndolo en manos de un profesional que, sin esos escrúpulos morales, le brinde el servicio que solicita.

Ya que en estos momentos se discute en la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Aguascalientes una iniciativa de adición y reformas a la Ley de Salud Estatal en este mismo tema, es indispensable que, en lugar del “copy and paste”, nuestros legisladores se informen bien y acudan a los expertos para no que no cometan los mismos errores que sus homólogos en el Congreso de la Unión.

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