sapiens_logoHoy conmemoramos un aniversario más de la promulgación de nuestro máximo cuerpo normativo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante mencionar que nos acercamos al centenario de dicha promulgación que sin lugar a dudas se consolidó como parteaguas para la vida de nuestro país, dado que además de ser una de las primeras constituciones de corte social, tuvo como pilares la educación, el trabajo y la propiedad. En los últimos años, se realizaron reformas muy importantes en materia religiosa con el entonces presidente Carlos Salinas y en el año 2011 los derechos humanos adquirieron una importancia paradigmática.

A casi 100 años de la promulgación, el derecho sigue siendo ese mecanismo de transformación y orientación social a través del cual el Estado guía la conducta de los ciudadanos y las instituciones en búsqueda de la armonía y el bien común. Sobre la mesa se han introducido recientemente planteamientos en materia político-electoral que definitivamente comienzan a abrir un nuevo camino para la estructuración de nuevas pautas en nuestra Constitución, como lo son la transparencia, el debido ejercicio público y la rendición de cuentas.

En el transcurso de la semana, nuestro presidente anunció la designación de Virgilio Andrade Martínez como nuevo secretario de la Función Pública, acompañado de acciones para prevenir la corrupción y evitar el conflicto de interés, que serán vigiladas por la OCDE. En resumen, las acciones del presidente contra el conflicto de interés indican que a partir de mayo de 2015, será obligatorio para los servidores públicos federales presentar una declaración de posibles conflictos de interés, que se actualizará anualmente y se entregará al ingresar a cargos públicos federales o cuando un funcionario considere que podría haber un conflicto de interés. En la Secretaría de la Función Pública, se creará una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés, que dictará medidas preventivas y emitirá reglas de integridad para el ejercicio de la función pública. De igual forma, se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas.

Todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tendrán hasta abril del presente año, para identificar y clasificar el nivel de responsabilidad de servidores públicos que intervengan en los procedimientos de contrataciones públicas. Al respecto de la lista pública de proveedores sancionados por el gobierno de República, se buscará que sea más completa y detallada. Finalmente se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Por otra parte y bajo una indicación especial, la secretaría mencionada investigará y resolverá si existió algún conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de alguno de los inmuebles que mediáticamente han sido mencionados en los últimos meses. Todo esto, nos indica que habrá que darle un voto de confianza al nuevo secretario, quien tendrá una complicada, pero no imposible labor de dar credibilidad y cesar la incertidumbre poniendo el ejemplo.

Las acciones han comenzado; sin embargo, queda un gran camino por recorrer en el cual definitivamente nuestra Constitución tendrá un papel fundamental. Habrá que estar pendientes de las próximas iniciativas presentadas a nivel federal y exhortar a nuestros legisladores estatales a que se atrevan a explorar estos terrenos también en el ámbito de nuestra Constitución Local, dentro de los cuales no puede quedar fuera el regular también el acceso a cargos de elección popular por personas que no se encuentren sujetas a ningún tipo de proceso penal, generando así un mecanismo que permita tener excelentes candidatos cuya pulcritud e idoneidad sea su mejor carta de presentación.

David Reynoso Rivera Río.

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