Las pensiones que reciban los empleados públicos por 15 mil 420 pesos, bajo el esquema de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), perderán 2 mil 720 pesos, lo que exige la intervención inmediata de los líderes sindicales para que el pago se haga en equivalencia a salarios mínimos.

Es un asunto que ya se comentó en este espacio, pero ante el poco interés de las organizaciones gremiales otra vez se les recuerda la necesidad de que interpongan los recursos que sean necesarios, ya que no es poca cosa para que un ex trabajador pierda 32 mil 640 pesos al año.

Aunque los perjudicados han presentado demandas para recuperar esos descuentos y que su pago sea con salarios mínimos, es un proceso que tarda, en cambio, si las organizaciones llevan a cabo el trámite ayudaría también a los que están en vías de jubilarse o pensionarse.

Por alguna razón se modificó el sistema para que la retribución fuera con UMA’s, que es un valor más bajo que las veces salarios mínimos, de lo que se dan cuenta los burócratas hasta que se les hace la primera entrega y a partir de ahí comienza un recorrido para que se les haga justicia.

La nueva ley señala que se les pagará en la equivalencia a UMA’s, lo cual  afecta sobremanera a los que reciben o recibirán una pensión de 15 mil 420 pesos y que bajo la conversión correspondiente les disminuye 2 mil 720 pesos.

Existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que las pensiones deberían de ser en salarios mínimos para no afectar a los ex trabajadores, en respuesta a la contrarreforma que interpuso a principios del año pasado el Sindicato del ISSSTE para que al personal pensionado y que está en vías de lograr este beneficio se le pague la pensión con base en salarios mínimos.

El máximo tribunal del país determinó el 25 de septiembre de 2019 que la UMA no puede aplicarse para determinar la cuota o la limitante de pago de una pensión, por tratarse de una prestación de naturaleza laboral regida por el Salario Mínimo (SM), por lo que debe ser este último el punto de referencia. Es un asunto que viene desde 2016 cuando se hizo el cambio, lo que motivó desde entonces una profusión de amparos.

El cálculo de las pensiones con base en la UMA es una mala interpretación de la reforma constitucional de 2016, con lo que se desindexó el salario mínimo para no ser usado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, además, desde su fundación la Ley del IMSS ha estado fundada en salarios mínimos y que fue aplicado al ISSSTE.

Especialistas, como Gerardo Sánchez Herrera, consideran que las UMA’s deben ser importantes para multas o para cualquier otro tipo de indicadores, pero no para las pensiones porque impacta fuertemente el ingreso de quienes pasan a retiro o ya lo están, de ahí que la prioridad de los legisladores federales tiene que ser una modificación para que esta prestación vaya en congruencia con el fin correspondiente, acabando con esta “laguna legal”, máxime que el fallo de la Suprema Corte le da sustento y fundamento a la exigencia de los trabajadores.

OTRA “LAGUNA LEGAL”

Aunque no se quisiera causar molestias a diputadas y diputados locales, no queda otra salida que recordarles que tienen una asignatura pendiente con los perjudicados por un hecho punible y que, según los jueces, deben recibir una indemnización por parte del causante, pero cuando éste no paga o no tiene posibilidades económicas el vulnerado se queda silbando en la loma.

Es común escuchar que el juzgador dictamina que el responsable debe compensar con cierta cantidad a la persona afectada, que muchas veces es por cientos de miles de pesos, sea por un homicidio, por un robo, asalto, un accidente vial que arrojó pérdidas humanas y materiales y tantos otras variantes, sin embargo la cuestión estriba cuando el culpable se declara en insolvencia, por lo que no tiene forma de sufragar la sanción pecuniaria.

Es aquí en donde entrarían los legisladores para hacer una adecuación al Presupuesto de Egresos del Estado y poner a disposición del Poder Judicial una cantidad, con la que pueda sufragar ese tipo de sanciones y que luego, la misma autoridad, se encargue de cobrar al convicto.

Hacer lo anterior sería ejercer una justicia total, en la que los perjudicados reciban lo que les corresponde y en un tiempo acortado. En las actuales circunstancias enfrentan un laberinto legal para lograr recupera algo de lo que le pertenece, con lo que vive una doble victimización.

Además, los actuales inquilinos del palacio legislativo estarían actuando a su propio favor, ya que en un futuro pueden verse inmiscuidos en un asunto de esa naturaleza y para entonces habrá las herramientas jurídicas que les permita acceder a ese tipo de recursos.

Habrá quien argumente que el dinero que paga el pueblo vía impuestos y derechos es para otros fines, pero hacerlo en lo descrito sería proteger a un lastimado en distintas formas, que al menos en este sentido no tenga que sufrir más para recuperar su ritmo de vida.

En varios países está instaurado la indemnización social, en donde ante un hecho natural o engendrado por un acto humano (accidental o terrorismo) se entrega una cantidad en cuestión de días, caso contrario sucede en México, en donde pasan años para tener respuesta y eso no completa, como lo vivido con los sismos, en que hay familias que sufrieron la pérdida de su vivienda en 1985 sin que hasta la fecha se les restituya.

Ojalá que dentro de sus múltiples ocupaciones los congresistas se den un poco de tiempo para analizar este punto y en un futuro no lejano le den la sorpresa a los aguascalentenses, que ya legislaron para incluir la restitución inmediata de un derecho económico que le corresponde a la víctima.

EXPERIENCIA MALOGRADA

La decisión que adoptó el gobierno federal, de dar de baja a los delgados estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social con el argumento que así se acabarán amiguismos o compadrazgos políticos, deja fuera a varios funcionarios que con hechos demostraron ser capacidad, eficiencia y ante todo institucionalidad.

Es el caso de Aguascalientes, en donde el contador Diego Martínez Parra acreditó que su labor fue 100% al servicio del IMSS, totalmente alejado de cuestiones político-partidistas y de lo que pueden dar testimonio dos gobernadores panistas y uno priísta, y las tres últimas administraciones federales (una panista, otra priísta y la actual morenista), además de líderes sindicales que sin importar su filiación recibieron el mismo trato y lo mismo puede decirse de los organismos empresariales.

Martínez Parra personifica al funcionario que con su trabajo dejó patente que no hace falta hacer alarde de tener cercanía con tal o cual personaje de la función pública o la política, su trabajo ha sido la mejor carta de presentación, por lo que una vez que se anunció su relevo deja la silla con la convicción del deber cumplido.

Queda tras de sí un legado, principalmente de haber sido factor decisivo para la construcción del tercer hospital general, que se ubica en el municipio de Jesús María, varias unidades de medicina familiar en la ciudad capital y en otras partes del estado, una relación cuidadosa con los diferentes secretarios generales que ha tenido la Sección XXI del SNTSS y tan es así que en los casi 14 años de estar al frente de la delegación no tuvo una sola manifestación por razones laborales.

Aunque nadie es indispensable, en su caso y en otros que seguramente lo habrá en el país, debió haberse valorado la trayectoria para, a final de cuentas, aprovechar su experiencia en las oficinas generales, pero resultó más fácil darles las gracias, por lo que, seguramente, lo asimilado será aprovechado por el sector privado, que requiere de este tipo de personas para elevar su nivel de producción.