Ayer, en rueda de prensa que inició con veinte minutos de retraso, el secretario general de Gobierno, Javier Luévano Núñez, acompañado del secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, Armando Roque Cruz, presentaron la iniciativa del nuevo Código Urbano para el estado.
Sustentado en la legislación federal vigente, se propone establecer las bases para un ordenamiento territorial que priorice la convivencia social ordenada y que garantice la implementación de medidas para una mejor calidad de vida, mediante la coordinación entre autoridades estatales y municipales.
La iniciativa va enfocada a los próximos cambios que prevén la inclusión del Registro Catastral de Aguascalientes, y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a la Seguot.
Para la elaboración de este Código, se realizaron nueve foros de consulta, con la participación de legisladores locales, 675 personas provenientes de colegios, cámaras, asociaciones y ciudadanos, así como de varias dependencias estatales y municipales, de los cuales se obtuvieron 265 propuestas de modificación a los artículos del Código vigente, incluidos en esta iniciativa.
Se busca eliminar las llamadas viviendas populares, las cuales tenían como mínimo un área de 38 metros cuadrados, toda vez que de ahora en adelante deberán ser al menos de 42.5, dos más que la legislación federal, lo que evitará el hacinamiento y otras repercusiones.
Asimismo, se creará un Consejo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, como instancia para la consulta, asesoría, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de todos los ámbitos de Gobierno en esta materia, en el cual la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano aparece como secretario técnico de este órgano.
Las treinta y dos entidades federativas, incluyendo sus municipios, serán encausadas por las directrices y políticas que se establezcan en una planeación nacional determinada a nivel federal.
Ello, con la participación de los tres órdenes de Gobierno, cuya implementación se realizará con base en los lineamientos que deriven de la estrategia nacional urbanística, en la que también participan los diversos órdenes de Gobierno y los particulares.
Todos los planes y programas se apegarán a estos instrumentos nacionales que determinan el rumbo urbanístico a seguir en el territorio de las treinta y dos entidades federativas.