Jesús Eduardo Martín Jáuregui

“Un camello es un caballo diseñado por un comité”: Sir Alec Issigonis.

Daniel Rabinobich explica el epígrafe así: unos pocos diseñan un buen producto -> es exitoso -> la empresa crece -> se incorporan expertos en cada aspecto del problema -> el próximo producto es diseñado por un comité de treinta expertos -> el nuevo producto es una catástrofe.

La catástrofe se da porque cada “experto” intenta 1: no causar un problema atribuible a él y 2: que su “parte” se luzca. Relega “lograr la mejor combinación posible de todos los aspectos”. En mi experiencia, esta resignación ocurre por dos factores:

  • La mesa de diseño se transforma en una mesa de negociación. “Yo acepto subir el centro de gravedad del auto pero tu acepta que pongamos un motor más pesado”.
  • Se esfuma la responsabilidad. Los expertos son colectivamente responsables de la porquería que diseñan. Es posible culpar al grupo pero no a los individuos.

Algo parecido ha pasado con nuestra constitución general de la república. A fuerza de parches, adiciones, remiendos,  supresiones, referencias, aclaraciones, etc., ha quedado convertida en un camello que está sufriendo lo que les pasó a los que el pintoresco pillastre que fuera Oscar Flores Tapia, gobernador de Coahuila que además de su plurinepotismo, tuvo la puntada de importar camellos según él para aclimatarlos en las regiones semidesérticas de su estado, lo que seguramente pudo haber pasado, pero fuera de ello no tuvieron ninguna utilidad, salvo aumentar el libro de las ocurrencias del gobernador que alguna vez fue líder de la C.N.O.P. cuando el partido era “el partido”.

Hace unas semanas la generosidad de Benjamín Orozco, director de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia aquí en Aguascalientes, puso en mis manos la edición recentísima de la Constitución, en un formato muy cómodo que recuerda un pequeño devocionario al estilo del infaltable en cualquier biblioteca “La Imitación de Cristo” de Fray Tomás de Kempis. Una edición muy manejable que a pesar de estar relativamente familiarizado con la norma de normas mexicana,  me resulto difícil de reconocer. Creo que de la versión original queda el nombre, el número de los artículos y la disposición que se ha conservado separando la llamada parte dogmática que ya no es de las “garantías individuales” sino de “los derechos humanos y sus garantías” que desde luego implica una mejor técnica, pero que hubiera sido “más mejor” si les hubieran llamado “derechos fundamentales” y una segunda parte conocida doctrinalmente como parte orgánica, porque organiza los elementos del estado, normándolos, fijando sus atribuciones y facultades. Por cierto mi maestro Don Ignacio Burgoa Orihuela criticaba desde mis años de estudiante la denominación de “garantías individuales”, porque consideraba que confundían el remedio con el trapito, bueno, no lo decía precisamente así, pero afirmaba que los derechos fundamentales consignados en los primeros 29 artículos de la Constitución se garantizaban a través del juicio de amparo, de donde concluía que la garantía era el “amparo”.

Nuestra Constitución, la de 1917, partió de una constitución previa que era la de 1857 que era una constitución liberal, y que recogía el pensamiento de los triunfadores en la lucha intestina, que ocupó gran parte del siglo XIX entre conservadores y liberales, fue una constitución avanzada que sirvió para estructurar un país dividido, como instrumento de homogeneización en manos del General Porfirio Díaz. Díaz gobernó como el emperador romano Octavio Augusto, llegó con mano dura deshaciéndose de los enemigos y asentado en el poder fue modificando su talante para terminar convertido (aparentemente) en un gobernante bonachón que propició la “paz porfiriana”, como Octavio Augusto había logrado la “pax romanae” que se extendió por varias décadas.

Al triunfo de la Revolución Mexicana, quiero decir cuando Venustiano Carranza se deshizo de Victoriano Huerta, que a su vez había asesinado a Madero y Pino Suárez, y había logrado imponerse (con el muy probable apoyo de EE.UU.) a Francisco Villa y a Emiliano Zapata, a quien dos años después mandaría matar, Venustiano, que, sin duda tenía visión de estadista convocó a un congreso constituyente para reformar la constitución de 1857. La historia ya se sabe, los constituyentes elegidos de forma muy similar a como los partidos políticos actuales eligen a sus representantes, es decir en lo obscurito, se salieron del huacal y decidieron hacer una nueva constitución, bastante parecida a la anterior pero con adiciones fundamentales en los artículos 3°, 27 y sobre todo el 123, que le dieron la característica de ser la primera constitución político social del mundo. La constitución de 1917 fue bastante homogénea, seguramente un buen avance en derecho constitucional, que, sirvió de modelo (no reconocido pero relativamente fácil de comprobar) de la constitución alemana de 1919 en la regulación laboral y de allí seguramente a muchas mas constituciones del mundo.

Pero, aquella que fue un modelo, de la que estábamos satisfechos y por qué no decirlo, orgullosos, con los años se convirtió en un fenómeno, en un monstruo, en el que han participado tantos criterios no sólo diferentes, sino muchas veces opuestos y contradictorios, que los constituyentes originales no la reconocerían y que ha propiciado algo, que no siempre es deseable, tratándose de una constitución rígida: que la Suprema Corte termine convirtiéndose en legislador para superar las lagunas técnicas y lógicas que presenta, las contradicciones e imprecisiones, y valiéndose de ello crear una constitución paralela de interpretaciones que se aparta del texto.

Mas de 700 reformas, según algunos constitucionalistas, que no han seguido una técnica jurídica sino que han respondido a los “vaivenes de la política” (por citar a un clásico aguascalentense), por lo que el resultado ha sido un auténtico mamotreto, pero lo que es peor, un mamotreto sagrado, al que no obstante las múltiples reformas, le rodea una especie de temor reverencial por el que no se toma la decisión política de rehacerlo. Con motivo del centenario de su promulgación, dos destacados juristas mexicanos, Diego de Valadez y Héctor Fix Fierro, se dieron a la tarea minuciosa y exhaustiva de hacer una revisión integral de la constitución y reescribirla, respetando su espíritu, superando las contradicciones y dándole un tratamiento actual, claro, comprensible y respetuoso. Pero, el proyecto de suyo interesante no logró franquear el malentendido respeto a un texto que ha dejado de ser el espejo en el que la nación se proyecta. Ni modo, seguiremos con el mamotreto, hasta que alguien o alguienes poderosos decidan el “aggiornamiento”.

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