Invadir terrenos de propiedad particular o ejidal ha sido tradicional por distintos niveles de gobierno, con el argumento de que es necesario construir un bien colectivo, sin embargo al no seguirse el camino reglamentario vienen los problemas y en algún momento los dueños van a litigio para exigir el pago correspondiente o el desalojo.

Es un asunto que ha estado presente desde tiempos de la colonia, cuando un grupo de indígenas de lo que sería más tarde San José de Gracia obtuvo superficies para crear el pueblo y tener área para el cultivo y criar ganado, documentos que aún poseen varias familias como prueba de su origen.

En 1926, por decreto del presidente Plutarco Elías Calles, se inició la construcción de la primera presa a cargo del gobierno revolucionario, para ello dejaron bajo las aguas al poblado y parte de las parcelas, dotándoles a los perjudicados de tierras a orillas del vaso y con el compromiso de entregarles una indemnización, misma que a 91 años los herederos siguen litigando el pago correspondiente.

En la administración estatal 1974-1980 se llevó a cabo el lienzo charro, que luego se incorporaría a las instalaciones de la Feria de San Marcos, pero el propietario de casi la mitad del terreno que indebidamente se tomó mantuvo la exigencia de que se lo devolvieran, sin aceptar el resarcimiento que le ofrecían. Al fallecer, su hijo continuó con la demanda y hasta el sexenio pasado logró la orden de un juez para que le fuera devuelto el predio y al igual que su padre, no accedió al pago que le propuso el gobierno, por lo que no quedó otra salida que destruir la obra y con ello dar cumplimiento a la disposición del magistrado.

En un sector de lo que fue el ejido Ojocaliente se llevaron a cabo varias obras, unas donadas por los mismos ejidatarios para edificar el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, pero en otras se realizaron edificaciones públicas, como el Instituto de Educación, por lo que sigue la demanda para que se les indemnice o desocupen.

Hoy se sabe que en esa misma situación están 85 escuelas, 35 centros de salud y 40 instalaciones hidráulicas. El delegado de la Procuraduría Agraria, Gonzalo García Buenrostro, informó que se iniciará el proceso de regularización de la tierra en zona ejidal, aún cuando gran parte fueron donativos.

En el caso de las escuelas, el funcionario detalló que mientras no tengan la propiedad del espacio que ocupan no pueden recibir recursos de la Federación, el Estado y el Municipio, por lo que es necesario que el IEA entregue la documentación respectiva para llevar a cabo el trámite.

Por su parte la Secretaría de Servicios de Salud (ISSEA) deben concretar el gestión ante la Procuraduría Agraria para legalizar los 35 de salud, algo que ya se hizo con siete y una de las últimas fue la de Jarillas, que le urgía hacerlo para tener acceso al presupuesto federal. Por su parte, el Instituto del Agua presentó la petición para regularizar los espacios que ocupan en terrenos ejidales con pozos y plantas de tratamiento.

Con la finalidad de cerrar esta etapa, el procurador agrario consideró necesario firmar un convenio con el gobierno del estado para llevar a cabo la normalización de bienes inmuebles de origen ejidal, como pueden ser parques, jardines y canchas deportivas. Se necesita saber en qué condiciones se utilizaron los terrenos y bajo el supuesto de que no hayan sido asignados promover la legalización, entregando los títulos de propiedad a la dependencia que incumba.

De ninguna manera es una tarea fácil la que lleva a cabo Gonzalo García Buenrostro, principalmente en donde hay juicios de por medio, pero se tiene que trabajar para reducir al máximo los problemas y ya no permitir que vuelva a presentarse una situación de esa naturaleza.

 

AVASALLA EL CRIMEN

 

Las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno creen que los aguascalentenses comulgan con ruedas de molino, por lo que en todo momento niegan que la ciudad y el estado hayan sido infestados por la delincuencia organizada.

El asesinato que sufrió el jefe de la policía de Nochistlán, Zacatecas, el pasado cinco de agosto a las puertas del Hospital Miguel Hidalgo, es una prueba irrefutable que los criminales están aquí y para cumplir con su nefando encargo actúan con el mismo patrón que utilizan en el estado de Jalisco, de viajar dos en una motocicleta, por lo que una vez ubicada la víctima el que va en el asiento trasero le dispara sobre la marcha y de inmediato se dan a la fuga, gracias a la facilidad que otorga el vehículo, que en cuestión de minutos se encuentra a varios kilómetros de distancia.

Hace unos días, a media cuadra del mismo Hospital Hidalgo, por la calle Ignacio T. Chávez, tuvo lugar el asalto a una vivienda, dándole una golpiza al único morador que estaba en estos momentos. El modo de actuar fue muy simple, una pareja tocó la puerta y al salir el afectado le pidieron un vaso con agua, por lo que al darles la espalda para ir por el lo empujaron violentamente y se introdujeron para robar a sus anchas, seguramente porque sabían que estaba solo.

Con o sin las famosas puertas de entrada a la ciudad sigue presentándose estos sucesos, de personas que introducen armas y otros que las utilizan para sus fines aviesos.

Al día siguiente, seis de agosto, apareció otro ejecutado, lo que no obsta para que en fuentes oficiales machaquen que son casos “aislados”. A ello se agrega la persecución que tuvo lugar el lunes por la tarde en céntricas calles y que finalmente permitió la aprehensión de dos sujetos y una mujer, que según el parte oficial andaban alcoholizados, sin embargo no sólo estuvo en peligro la vida de esos individuos y de los policías, sino de personas ajenas que iban por la calle Álvaro Obregón, de Zaragoza a Morelos, ya que es una ruta de tránsito vehicular y peatonal muy intensa.

Aunque sea repetitivo es necesario insistir que las direcciones de seguridad pública están obligadas a replantear el esquema de vigilancia y prevención, no basta con tener un mapita en donde aparecen los sectores de “punto rojo” si continúa creciendo la delincuencia.

Tampoco es suficiente que el titular de Seguridad Estatal, Sergio Alberto Martínez Castuera, alerte a los ciudadanos sobre la presencia de bandas organizadas que, dice, operan al oriente de la ciudad dedicada al robo de casas habitación y comercios. Su ojo clínico le da para considerar que actúan previa vigilancia de domicilios y negocios, sin embargo la cuestión radica en que poco se gana si andan en las calles, por lo que si sabe en qué lugares están y cómo “trabajan”, lo lógico es que se capture a los integrantes de cada banda. Si con todo y el patrullaje que se hace no hay resultados,  deben buscar otra forma para frenar esta situación.

Aún es tiempo de actuar, no le vaya a pasar lo que a Miguel Ángel Mancera, que juraba que en la capital no había crimen organizado y sin esperarlo le explotó el cohete en Tláhuac.

 

50 AÑOS DE ECOLOGISTA

 

Las vivencias adquiridas a lo largo de medio siglo por el ingeniero Gerardo Ortega de León quedarán plasmadas en un libro que, calcula, tardará dos años en salir a la luz. Ha dedicado este tiempo a la defensa del medio ambiente, con denuncias puntuales que han puesto sobre alerta a la sociedad cuando se trata de afectar el hábitat. Su tenacidad ha sido una piedra en el zapato de las autoridades de los tres niveles de gobierno, ya que no se circunscribe a presentar la acusación por un daño ecológico en ciernes o consumado, sino que la acompaña de una investigación jurídica, por lo que hasta la fecha no ha habido alguien que le refute los señalamientos. Enhorabuena por este legado, que sin duda será objeto de estudio, análisis y debate y sobre todo, de un reclamado alerta para que cese la destrucción de flora y fauna, principalmente de especies arbóreas.