Salvador Rodríguez López

Parafraseando al filósofo de Agualeguas, Nuevo León, no hay que darle tantas vueltas ni interpretaciones al cambio del sistema de justicia laboral, éste se dará en tiempo y forma, por lo que al menos en Aguascalientes se encuentra en marcha y estará en plena acción a partir de febrero de 2018.
Mientras que para algunos es difícil que se cumpla en la fecha prevista en la Constitución General de la República, para el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez – a cuya área se integrará la justicia laboral – todo se cumplirá como está dispuesto, ya que al ser un mandato no está sujeto a prórrogas, sino simplemente a cumplirse, por lo que contará con seis juzgados de oralidad y la inversión inicial a cargo del gobierno estatal será de 60 millones de pesos.
En relación con el rezago de casi 7 mil expedientes – que es motivo para que se diga que no existen las condiciones para la transferencia -, el titular del Poder Judicial estableció que la Junta de Conciliación y Arbitraje (JLCA) deberá rendir un informe de los avances registrados y qué es lo que queda pendiente.
Según el director del Trabajo del gobierno del estado, Gerardo Gómez Castro, hay incertidumbre acerca de la implementación del nuevo modelo, de los recursos que se invertirán, el personal a contratar, la coexistencia de juntas y tribunales y la ubicación de estos últimos.
En las pasadas quintas jornadas laborales que organizó la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la UAA, el funcionario aseguró que de acuerdo a información procedente de la Federación, que aclaró no es oficial, “se cree” que cada año se irá eliminando una junta para que en cinco años estén eliminadas todas y únicamente trabajen los tribunales, “que aparentemente ocuparán un espacio disponible de Ciudad Justicia y se piensa que serían seis, con costo promedio de 5 millones de pesos al año.
Mencionó que también, de manera extraoficial, se sabe que el Poder Judicial “desea” que el personal que labora actualmente en la Junta tenga prioridad en los exámenes de oposición para la contratación, “pero no hay nada concreto aún en ese como en otros temas, porque mucho está en el aire”.
Para despejar toda clase de dudas, el magistrado Juan Manuel Ponce – que entre paréntesis es experto en materia laboral -, expresó que la justicia laboral será uniinstancial, esto es, que un juez tendrá la responsabilidad de resolver y contra ello seguiría el juicio de amparo ante la justicia federal, sin que quede otra instancia a la que se pueda recurrir, por consiguiente no habrá mayor apelación y no habrá magistrados de lo laboral.
La coexistencia de juntas especiales laborales como parte del Poder Judicial será para abatir rezagos en tanto que los juzgados arrancarán con carga cero, por lo que sólo conocerá de los nuevos asuntos que se presenten.
Asimismo, el nuevo modelo de justicia laboral generó en la Comisión Nacional de Tribunales Estatales, la conformación de una comisión especial donde las entidades están definiendo líneas de acción y propuestas concretas, en tanto el Congreso federal emite las correspondientes leyes secundarias a la reforma constitucional, lo cual deberá tener lugar en el período de sesiones ordinarias que comenzará el primer día de septiembre.
Lo único que queda por determinar es saber si la Federación enviará recursos para estas tareas, sin embargo en el Presupuesto 2018 del gobierno del estado se incluirá los 60 millones de pesos que se requieren para operar las acciones, que permitirá la implementación del edificio con 6 juzgados y 6 salas de oralidad, la contratación de personal, equipamiento y servicios para el funcionamiento.
Hay importantes avances en todos sentidos, al haber relación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y el área de infraestructura y comunicaciones del gobierno del estado, por lo que en la fecha fijada por la ley se abrirán los juzgados a cargo del Poder Judicial del Estado, pronunció el magistrado presidente.

REVIVE EL IFCM
El Instituto de Capacitación y Profesionalización Docente ICPD) que promueve la Sección Uno del SNTE, es el resurgimiento del Centro de Actualización del Magisterio (CAM) en Aguascalientes, que funcionó de 1945 a 2010 y formó parte del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM).
En ese tiempo no era de reformas estructurales ni de evaluaciones obligatorias, tampoco de amenazas de perder la plaza si no obtenían una calificación aprobatoria. Se inscribía quien deseaba superarse y destinaba los fines de semana y sus vacaciones de verano para mejorar sus conocimientos, programa en el que por cierto participaron más del 90% de los maestros.
Lo que hoy se pretende, explicó la representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Silvia Luna Rodríguez, es convertir el ICPD en un cerebro que permita generar, construir y diseñar las diferentes opciones de desarrollo profesional, con la idea de tener no solo un espacio a donde los profesores acudan, sino trabajar más en la formación en línea y que llegue a todos los docentes en los once municipios.
La dirigente sindical explicó que el propósito es que penetre en todos los espacios físicos educativos, “llámese unidades de servicios educativos, centros de maestros, las normales y todos los espacios laborales de los profesores, a fin de facilitar su profesionalización docente y desarrollo profesional”.
Es la misma idea que se implantó desde 1945, cuando por disposición del presidente Manuel Ávila Camacho se creó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que se encargó de “distribuir, revisar y evaluar la capacitación y actualización de los profesores en servicio, a través de cursos por correspondencia. La dinámica de trabajo consistía en que el profesor, al inscribirse, se le enviaba por correo las lecciones; él, después de estudiarlas, contestaba unas hojas desprendibles, las cuales enviaba a la ciudad de México a su catedrático corrector para recibir las sugerencias correspondientes y se complementaba con un curso intensivo en los meses de julio y agosto. Así, en Aguascalientes se llevó a cabo dicha actividad” (tomado de la página electrónica del Instituto de Educación de Aguascalientes 2010-2016).
El CAM estuvo a cargo de su fundador Jesús Aguilera Palomino y le siguieron en la dirección Andrés Valdivia Aguilera, Fortino Valdivia Aguilera, Rosa María Dena Zapata, Raquel García Zapata, Misael Macías Velázquez, José Arturo Moreno Chávez y J. Jesús Lozano Torres.
Se ha previsto que para 2018 comience a funcionar el ICPD, una vez que lo formalice el Congreso del Estado y cuente con edificio propio y reciba recursos federales y estatales.

SEGUIR LA NORMA
Lo que hizo el gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, puede servir de ejemplo en Aguascalientes ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente que escuelas, hospitales y otras instituciones públicas paguen el agua que se consume. El mandatario queretano suscribió un acuerdo con la Comisión Estatal de Aguas para que las instituciones de nivel básico paguen sólo un peso por el servicio de agua potable, cada semestre, lo que beneficiará a más de dos mil planteles escolares, además, a partir de 2016 se eliminaron las cuotas “voluntarias” a los padres de familia, al considerar Domínguez Servién que el estado es el obligado a tener instituciones de calidad y con la dotación suficiente de servicios

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