El Heraldo de Aguascalientes

No quieren que funcionarios “opacos” sean arrestados

Cuatro comisionados de Vigilancia del Congreso, se oponen al arresto de funcionarios renuentes a transparentar sus gastos, pese a que en dos estados del país, ya se aplica tal sanción, denunció la diputada Citlalli Rodríguez González, quien propuso reformas al Artículo 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, para tal efecto.

La legisladora, insistió en la importancia del arresto administrativo como una medida de apremio hasta por treinta y seis horas para lograr la eficaz ejecución de las órdenes del Instituto de Transparencia de Estado de Aguascalientes (ITEA), es decir, para lograr la transparencia y, por ende, una mejor utilización de los recursos públicos.

Y es que el artículo 80, sólo establece medidas de apremio, para “apercibir”, a quienes ocultan información por así convenir a sus intereses.

Argumentó que la transparencia se ha convertido en un tema fundamental para los países desarrollados, los cuales cuentan con mecanismos eficaces para hacer que sus funcionarios públicos brinden información a la ciudadanía, y de esta forma, respondan por sus decisiones y actos.

Explicó que la función principal del arresto es combatir la corrupción que existe dentro de las instituciones del estado, pues facilita el control sobre los servidores públicos y con ello, la vigilancia sobre sus actuaciones, logrando con esto resultados benéficos tanto para las dependencias públicas, como para los ciudadanos, asegurando un estado democrático y cuya legitimidad gubernamental, se forje bajo el amparo de la transparencia como condición imperativa para su pleno fortalecimiento.

Ejemplificó que el estado de Jalisco, ya impulsa la facultad de llevar a cabo el arresto como una de sus medidas para la ejecución de las obligaciones de los funcionarios, lo que resulta pertinente pues ayudaría a elevar el nivel de exigencia en las tareas de transparencia del estado.

Reiteró la necesidad de adicionar el arresto a la los marcos normativos locales, para continuar a la vanguardia, pues el objetivo final es alcanzar la calidad que demandan las normas internacionales; tal es el caso de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tiene como propósito “promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción”, misma que ha sido firmada y ratificada por el Estado Mexicano.