Ayer, en sesión del Congreso, se aprobó el dictamen que reforma la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el propósito de evitar que aún y cuando algún menor sea señalado por la autoridad, por la comisión de un delito, éste no deber ser privado de su libertad. No obstante, deberán fincarse responsabilidades a ellos y a sus padres o tutores, con el propósito de resarcir los perjuicios y daños causados a la víctima.
Si el menor no estuviera bajo la tutela o patria potestad de un adulto, se le dará aviso a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, órgano que emprendería las medidas necesarias para atender dichos casos.
ASUNTOS EDUCATIVOS. En otro punto, se aprobaron reformas a la Ley de Educación del Estado, para que se establezcan esquemas para prevenir la violencia de género en las escuelas, fomentar un modelo de educación de inclusión y fortalecer el calendario escolar; los planteles deben contar con personal capacitado para atender y detectar cualquier trastorno emocional o mental de los alumnos, y así canalizarlo.
Asimismo, se establecen los mecanismos para que las autoridades educativas diseñen e impulsen programas de información sobre el diagnóstico y detección de afecciones mentales, incluyendo la participación de padres de familia y docentes; los pormenores los adelantó ayer El Heraldo.
LOS LUNES, EL HIMNO. Adicionalmente se avaló que el Himno del Estado de Aguascalientes, se interprete de forma obligatoria en todas las escuelas, cada lunes, durante la ceremonia de honores a la bandera y en eventos de carácter solemne.
INTEGRACIÓN. Del mismo modo, fueron avaladas dos iniciativas con el objeto de reformar diversos artículos de la Ley de Integración Social y Productiva para Personas con Discapacidad del Estado; la primera de ellas contempla incrementar del 2 al 3% la planta laboral de personas con algún tipo de discapacidad, en los gobiernos Estatal y municipales, sus entidades paraestatales, así como los Poderes Legislativo y Judicial.
El segundo planteamiento, está encaminado a dar impulso de convenios de coordinación entre las dependencias de las administraciones públicas federal, estatal y municipal y organismos nacionales e internacionales, con el objeto de lograr la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.