Salvador Rodríguez López

Las prisas siempre dejan secuelas negativas que luego obligan a hacer remiendos, por lo que aquello que pudo haber sido inmaculado lleva un asterisco desde su arranque, imputable sólo a quienes llevaron a cabo la acción, que en este caso es la LXIII Legislatura del Estado.
La aprobación de la Ley de Movilidad se dejó hasta el cuarto para las doce, al concretarse la solicitud de licencia de la tercera parte de sus integrantes que van por la reelección, por lo que antes de irse quisieron autorizarla junto con el pleno como una demostración de que trabajaron hasta el último momento, aunque dejan atrás un cúmulo de ordenanzas que tal vez algunas de ellas puedan ser dictaminadas en los seis meses y medio que le restan a este parlamento.
La Ley de Movilidad pretende darle orden y destino a todos los que directa o indirectamente intervienen en el uso de la vía pública, trátese de automotores particulares y del servicio público, ciclistas, motociclistas y transeúntes. Cada quien en su campo y espacio está obligado a sujetarse a las normas y respetar a los demás, lo que en una entidad en crecimiento poblacional no es una tarea fácil, ya que las calles de los centros urbanos están diseñadas para una menor presión, por lo que pasará tiempo para que se note algún cambio en el desplazamiento vehicular y peatonal, sin embargo es una legislación que debió ser consensuada antes de llegar a su aprobación, para que los representantes de los distintos actores sugirieran agregar o eliminar aquello que fuera de beneficio general, pero en lugar de eso sólo se convocó a algunos y esto fue para informarles lo que ya estaba determinado.
Uno de los grupos que fueron marginados, no obstante la importancia que tienen en la vida diaria, es el de los choferes del trasporte colectivo o urbano, ya que a decir de su líder Roberto Mora Márquez, “la voz del trabajador no fue escuchada por los diputados”, lo que le lleva a pensar que “analizaron la iniciativa al vapor, sin hacer las consultas pertinentes”, hecho que motiva al gremio que desconozca el pro y contra de la misma.
Guardando las debidas proporciones, los operadores se asemejan a los presidentes municipales, al ser el primer contacto con los más de 400,000 usuarios que todos los días utilizan este servicio, y por la misma labor que desempeñan conocen al dedillo qué se puede hacer para agilizar el paso de más de medio millón de unidades mecanizadas por lo que es mucho lo que pueden aportar para hacer más amigable la vida diaria.
Lo único que saben es que las autoridades y seguramente algunos legisladores sostuvieron reuniones con los concesionarios de los urbanos para determinar la modernización de las unidades, pero es un asunto financiero que compete únicamente a los propietarios, que por su parte tampoco compartieron con su personal los puntos tratados.
Mora Márquez sostuvo que aquí no se trata sólo de pesos y centavos, sino de encontrar una solución integral al cada vez más complejo uso de las calles, no sólo de la ciudad capital sino de los otros diez municipios que ya presentan problemas de tránsito, principalmente Jesús María y San Francisco de los Romos, al ser parte de la zona metropolitana, pero de lo que no se escapan Calvillo, Rincón de Romos y Pabellón, cuyas arterias estrechas apremian trabajar por una solución.
Una vez aprobada la Ley de Movilidad lo único que queda es promover una reforma para que se incluyan los puntos de vista de todo aquello que los legisladores se negaron escuchar.

POLÉMICA BIZANTINA
Si el brío que le dan a los temas que no está en su potestad atender o resolver fuera para solucionar los asuntos que sí le importan a la sociedad de Aguascalientes otro sería el cantar, pero al igual que en otras legislaturas la actual le magnetiza enzarzarse en discusiones que no llevan a nada, aunque por otra parte sirve para divertir a los concurrentes a las sesiones.
La más reciente “agarrada” fue por la eliminación del fuero, aprobado por la Cámara de Diputados y sujeto a probable aval del Senado y al menos en 17 entidades federativas para que se convierta en ley, por lo que todavía le queda cuerda.
Para dejar constancia que está al día de los asuntos nacionales, la diputada Citlalli Rodríguez González mencionó que la LXIII Legislatura local ha hecho varios intentos para eliminar el fuero, pero la mayoría del pleno ha rechazado la propuesta, sin embargo ahora que el Congreso de la Unión está por acreditarlo no habrá más pretexto para que se haga aquí, lo que aún cuando volviera a haber un principio de rechazo no tendrán otra opción que sujetarse al mandato constitucional.
Sobre el particular, mencionó que en 2016 se plantearon enmiendas, complementos y supresiones a la Constitución Política del Estado y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos con la intención de eliminar el fuero del que gozan los servidores públicos señalados en el artículo 75 de la misma Carta estatal.
La disposición federal y que se ha trasplantado a lo local, señala en el Artículo 111 Constitucional quienes están sujetos a declaración de procedencia y que ahora se pretende cambiar a juicio directo para que sean juzgados y ya no se escuden en los cargos que ostentan.
La realidad es que con el tiempo se envileció el sentido de protección de que gozan diputados federales y locales, senadores y funcionarios públicos, que en esencia ordena que “son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”, cambiándose por el que pueden hacer lo que les pega la gana sin temor a ser aprehendidos, aún cuando se trate de delitos graves, lo que no sólo ha sido una burla para la sociedad sino un escándalo general, ya que ha habido casos en que pese a la flagrancia no pueden ser llevados ante un juez.
A nivel estatal “se buscó suprimir esta protección, bajo el argumento de que todos debemos sujetarnos al imperio de la ley y que, por lo tanto, no se justifica proteger a ciertos servidores públicos para cometer hechos constitutivos de delito, sin que se pueda proceder en su contra, salvo que se lleve a cabo el trámite para la declaración de procedencia”, precisó Citlalli Rodríguez.
Con lo anterior se podría llegar al desafuero y entonces sí detener al acusado, pero es un expediente tardado que muchas veces no concluía, ya que los mismos legisladores se encargaban de arropar al indiciado, que por su parte buscaba dejar pasar el tiempo hasta que ya no tuviera efectos procedimentales, lo que ha propiciado la impunidad.
Para acabar con ello se espera que la reforma esté aprobada a más tardar el lunes próximo por ambas cámaras federales y la mayoría de los congresos locales, lo que cerrará un capítulo que se pervirtió por obra y gracia de quienes estaban para vigilar la legalidad.

¿POR QUÉ RdeR?
Tal pareciera que existe un interés especial de mantener en constante ebullición política a las sucesivas autoridades municipales de Rincón de Romos, que no salen de un problema cuando tienen encima otro. Marchas, mítines y plantones se registran con cierta periodicidad y aunque la mayoría tienen como común denominador demandas de obras y servicios públicos, lo que llama la atención es lo heterogéneo de los grupos o partidos que lo hacen. Los que más fomentan la revuelta popular son los partidos de oposición al régimen en turno, pero también está el dirigente sindical de los trabajadores estatales y municipales, Federico Domínguez Ibarra, que en la pasada administración mantuvo un choque permanente con el alcalde y ahora de nueva cuenta lo hace. Asegura que el SUTEMA tiene una “excelente relación” con los titulares de diez ayuntamientos, pero no con el de Rincón, “cuyo alcalde no ha querido entender que se debe trabajar de manera conjunta para evitar la complicación de los proyectos”, aunque no precisa a qué proyectos se refiere.