Informalidad, facturas apócrifas y empresas fantasma, siguen existiendo y son el mayor dolor de cabeza de la autoridad hacendaria en el país, pues concentran operaciones económicas equivalentes al cinco por ciento del Producto Interno Bruto. Así lo señaló el presidente del Colegio de Contadores Públicos, Octavio Rábago Franco, quien reconoció que en ese contexto la facturación electrónica y la versión 3.3 obligatoria para todos, complica aún más el escenario de la tributación en México.
Especialmente para los micro y pequeños negocios el modelo es complicado y a veces oneroso pues todavía no hay una cobertura plena en la disposición de las herramientas informáticas y el conocimiento de éstas, añadió.
Es un tema en el cual los retos son muchos, porque no todo mundo está capacitado ni cuenta con la tecnología necesaria para emitir facturas para la nueva versión, sin embargo este esquema “llegó para quedarse y no tiene vuelta atrás”.
Tiendas de abarrotes, fruterías y ferreterías, así como negocios de esa dimensión en todos los giros y personas físicas, están encontrándose con muchos problemas para respaldar cada una de las operaciones financieras que llevan a cabo y que con el nuevo esquema deben documentar a través de facturas.
Son costos que no pueden repercutir en el precio de los artículos o servicios que ofrecen, de tal manera que su situación se ha complicado, pese al periodo de tránsito que se estableció desde el año pasado y que incluso fue prorrogándose hasta ser obligatorio en lo general a partir de este mes de enero del 2018.
Rábago Franco recalcó sin embargo que a partir de la introducción de la facturación electrónica, la autoridad hacendaria sí está recaudando más y la información que maneja el SAT es en el sentido de una notoria disminución en la defraudación y evasión fiscal en el país.
El dato oficial es que mientras que en 2009 la evasión fiscal era del 50%, al año pasado y producto de la facturación electrónica, ahora ese índice se redujo al 25%, lo cual sigue siendo alto, por lo que se refuerzan los esquemas de fiscalización para llevar al mínimo el problema de no tributación.