Aunque es un problema que se mantiene desde hace varios años, es el momento de acabar con el encadenamiento a que han sido sujetos los estados por la Federación en materia fiscal y financiera.

Gobernadores de varias entidades han levantado la voz, y bastante fuerte para que se escuche en Palacio Nacional, en demanda de un reparto más equitativo de la captación global de recursos, ya que actualmente el gobierno central se queda con el 80%, 16% envía a los estados y 4% a los municipios.

El titular del Ejecutivo de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, sostiene que en un acto de justicia administrativa debe reorientarse el prorrateo para que las autoridades locales tengan un margen adecuado de maniobra y puedan llevar a cabo los programas que exigen los habitantes de cada entidad.

En la reunión que tuvo lugar el pasado 18 de septiembre en la ciudad capital, correspondiente a la Alianza Centro-Bajío-Occidente (ACBO), en la que además del anfitrión participaron los mandatarios de San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato y Jalisco, se determinó proponer al Presidente de la República que para el presupuesto 2020 sea el mismo que el del presente año.

El bloque regional refiere que se lleve a cabo una convención nacional hacendaria, en la que se analice la Ley de Coordinación Fiscal y apliquen las medidas necesarias que permita una mayor proporción para las entidades federativas y al mismo tiempo se refuerce a los municipios.

Quedó claro que no pretenden salirse del Pacto Federal, pero sí que en lugar de estar sujetos al estrecho presupuesto que cada año destina la Federación, exista una verdadera coordinación en la que tengan voz y voto a la hora de articular el gasto nacional.

El queretano Francisco Domínguez, que además es presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), urgió reformar la Ley de Coordinación Fiscal, que data de 1978, para que el reparto a los estados sea justo.

Por su parte el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, exhortó a los empresarios, universidades y sindicatos de su entidad a alzar la voz en rechazo a una bolsa de fondos federales que registra disminuciones para carreteras, turismo, educación, cultura y campo. Afirmó que para 2020 se prevé un recorte de 1% al gasto estatal, que ya este año tuvo una disminución de 2,500 millones de pesos. Obras importantes como el Peribús y la Línea 4 del Tren Eléctrico no recibieron asignaciones presupuestales, lo que, apuntó, “no es necesariamente una consigna contra nuestro estado, pero sí debe de ponernos a todos alerta”.

Es un asunto que también plantearon gobernadores del norte del país, aunque uno de ellos fue más allá: José Rosas Aizpuru, de Durango, propuso abandonar el Pacto Fiscal con la Federación, al considerar que habrá una disminución de más de 3% en participaciones y aportaciones, además de un recorte en los fondos para el campo, que pasaron de 160 millones de pesos a 52 millones para 2020.

“Si la Federación no nos quiere, salgámonos del Pacto Fiscal. Que los impuestos se cobren en Durango y ya no se los lleve la Federación y nos regrese lo que quiera”, precisó el panista el pasado 14 de septiembre.

Su compañero de partido, Javier Corral, de Chihuahua, presentó un escenario crítico para la entidad por un recorte de 1,500 millones de pesos, que se traduce en una baja de 30% a desarrollo rural, 40% a turismo y casi 50% en obras de infraestructura.

El mandatario de Guerrero, Héctor Astudillo, advirtió que las partidas para el campo y el turismo registraron disminuciones, pese a que este último sector genera 210 mil empleos en la entidad.

Pedro Joaquín Coldwell, de Quintana Roo, señaló recortes de 30% al campo, 21% en comunicaciones y transportes y 6% en el Ramo 33, destinado a infraestructura educativa, salud y seguridad pública.

Ante los acortamientos que han resentido este año y lo que se observa para el próximo, los gobernadores se colocaron en la misma frecuencia sin importar su procedencia política y buscan hacerle sentir al gobierno nacional que el pacto federal no significa subordinación, sumisión ni resignación, sino acuerdos que vayan en favor de la población en general.

Habrá que esperar la respuesta del jefe del Ejecutivo federal, que ojalá se incline por un cambio y no recurra a la descalificación, del que es tan proclive cuando alguien disiente de su forma de pensar y actuar.

VODEVIL ESPERADO

Cuando se presenta una acusación en contra de funcionarios o ex funcionarios que no tiene la rapidez que la preponderancia demanda, el tiempo se encarga de diluir las supuestas pruebas, por lo que llegado el momento el o los atacados terminan siendo exculpados.

Lo que sucede con el ex director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Francisco Chávez Rangel, es un fracaso más de la tristemente célebre campaña anticorrupción, que es más la saliva que gastan los encargados que llevarla a cabo, porque aún cuando en algunos casos han logrado llevar tras las rejas a algunos imputados, la defensa demostró que las justificaciones carecen de validez.

De ninguna manera se pretende con lo anterior afirmar o rechazar la responsabilidad de los señalados, porque para eso están los jueces, pero es claro que ha sido mayor la persecución de que han sido objeto y aprovechándose del tribunal mediático lograron asestar unos golpecillos, que supusieron era suficiente para que los sentenciaran con años de prisión.

Después de varios meses de estar su caso en el aparador público, Chávez reapareció el 11 de septiembre para comparecer ante el juez de Control y Juicio Oral del Poder Judicial del Estado, y en la entrevista que concedió dijo que es inocente de los cargos que se le atribuyen, como ejercicio indebido del servicio público. Se dijo sorprendido que lo acusen de haber contratado un despacho de abogados externo a la institución, cuando “hoy el IEA viene representado por un abogado externo a la institución, (entonces) nada indebido hay”. Aceptó que en su administración el IEA contrató a un despacho de la firma de Juan Collado, a quien dijo no conocer personalmente, pero sí sabe de su prestigio como litigante, despacho al que se pagó 8 millones de pesos y que sí hizo el trabajo para el que fue contratado, por lo que en todo caso la actual dirección del IEA debe presentar las pruebas fehacientes que dice poseer.

El pasado 17 el Juez deslindó al ex director del IEA de las demandas presentadas en su contra y resolvió no vincularlo a proceso, lo que, lógicamente, no fue del agrado del fiscal anticorrupción Jorge Mora Muñoz, que tras reconocer que esto representa un golpe a la procuración de justicia dudó de la veracidad de las pruebas que presentó la defensa de Chávez Rangel, con lo que pudo desvanecer los elementos  presentados por el Ministerio Público.

En lugar de analizar la insuficiencia de su trabajo, el fiscal anticorrupción dijo que valoraría si continúa investigando, o bien se iba por la apelación, por lo que para el es un asunto que no está cerrado, aún cuando Francisco Chávez dijo que llegado el caso “aclararé cuando sea”, además aseguró que no recibió aviso oficial de inhabilitación para ejercer un cargo público, como lo aseguró el director del IEA.

Al respecto de la inhabilitación, el ex funcionario señaló que la supuesta acusación es por subejercicio de recursos, lo que era responsabilidad del entonces titular de Educación Básica “que ahora despacha al frente de la Institución” y en cuanto a los recursos para el Centro de Atención Múltiple se trata de una acción de la misma área, por lo que “tendría que ser otra persona la que estuviera dando la cara sobre el tema”, puntualizó.

Como colofón de este round, Francisco Chávez dejó sobre la mesa la advertencia que entre más traten de inmiscuirlo más de uno de los actuales responsables del Instituto de Educación podrían ser los que vayan al banquillo de los acusados.

DOMINÓ LA CNTE

Un traje a la medida para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fue el que aprobaron diputados y diputadas de Morena, PT, PES y PVEM, al que denominaron “Leyes Secundarias” de la contrarreforma educativa.

Con lo anterior quedó sepultada la reforma que dictaminó el mismo Congreso en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, al dar paso a una serie de documentos que en su parte fundamental aporta importantes beneficios a los miembros de la CNTE y extensivos a todo el magisterio del país.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio luz verde al paquete de propuestas que le presentó el magisterio disidente todo era cuestión de esperar que los legisladores del bloque mayoritario lo ratificaran, pese a la férrea lucha de los partidos de oposición que con una argumentación basada en la Constitución pretendieron frenar lo que de antemano sabían que era improbable.

Para evitar que de última hora no se respetara los acuerdos que tuvieron con López Obrador, cientos de profesores mantuvieron el bloqueo en torno a la Cámara de Diputados, que algunas voces calificaron de secuestro cuando impidieron por siete horas la salida de quienes estaban dentro del recinto, entre ellos madres y padres de familia y sus hijos que estaban en la guardería que funciona dentro del mismo espacio.

En el dictamen que presentó la Comisión de Educación del órgano legislativo, que encabeza la diputada de Morena, Adela Piña, e integrante de la Sección 9 del CNTE con sede en la capital del país, quedaron plasmadas las exigencias de los docentes de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Ciudad de México y Morelos.

Se determinó que las plazas disponibles en las entidades serán entregadas de manera automática a los egresados de las escuelas normales, además se aprobó la participación de los dirigentes sindicales en mesas tripartitas con la SEP y autoridades locales, para opinar sobre los resultados de procesos de los profesores de educación básica y educación media superior.

En la Ley de Mejora Continua se destacó que ninguna evaluación a los maestros pondrá en riesgo la permanencia en la plaza, en tanto de la Ley de Educación se eliminó el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED, organismo que regía la construcción y mantenimiento de escuelas.

La diputada Adela Piña, ante los reclamos de la oposición, presumió que “la reforma de 2013, que tanto daño hizo, hoy están totalmente desmantelada”, al recordar que fueron “cinco años de lucha y la exigencia no sólo de un grupo de maestros, sino del magisterio nacional, fue abrogar la reforma de 2013, lo cual cabalmente hemos cumplido”.

Por su parte el ex dirigente de la Sección 22 de Oaxaca, Azael Santiago Chepi, reconoció la lucha de los maestros que han participado en las jornadas que han tenido afuera de la Cámara y pidió a las comunidades tener confianza en que esta nueva reforma pone a los niños en el centro de la educación. Son reformas, agregó, que “antepone los derechos de los trabajadores y están todos reconocidos y será en reglamentos en donde se de la ruta para que todos tengamos igualdad en derechos y no estamos viendo por la asignación de las plazas, ni participación del sindicato, sino que estamos velando por los derechos de los trabajadores de la educación”.

La aprobación en Comisión y por el pleno fue de simple trámite, luego de que López Obrador dio su beneplácito a todo lo que previamente le presentó la CNTE, tan fue así que el diputado Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, no tuvo empacho en manifestar: “Somos la bancada del Presidente y vamos a apoyar sus acuerdos traduciéndolos en leyes”.

Como punto final y ya enfilado piden que las siglas de la CNTE se coloquen con letras de oro en la Cámara de Diputados, lo cual es posible ya que basta una orden desde Palacio Nacional.

CANDIL DE LA CALLE

El titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no se cansa de cacarear el resultado que ha tenido el muro militar que impuso México en las fronteras norte y sur para que los emigrantes no avancen hacia Estados Unidos, pero guarda silencio sobre algún apoyo o un plan para los miles de mexicanos que son expulsados de EU, muchos de ellos ya adultos que siendo unos niños los llevaron “al otro lado” y hoy regresan sin saber qué hacer.

Lo que sí informa Ebrard es de las acciones que lleva a cabo a favor de los expatriados de otros países que son devueltos del vecino país, lo que refleja un trato diferente para los paisanos repatriados, a los que no se les brinda la mínima atención, reflejo de que no existe un programa integral para ellos.

Es una situación que denunció la reportera Imelda Robles del periódico Reforma, luego de un recorrido que hizo por Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, donde pudo constatar cómo la mayoría de los mexicanos repatriados se enfrentan a una inesperada realidad.

De las entrevistas que hizo resalta Brandon González, quien narró que nació en Apatzingán, Michoacán, pero vivió en Houston desde los ocho meses. Ahora, a los 21 años, fue devuelto a México por la aduana de Reynosa, pero no tiene nada, ni a quien recurrir en México.

A su vez, Jorge de 34 años, originario de Culiacán, de donde sus padres lo llevaron a Los Ángeles a los 2 años, hoy está de regreso: “Llevo mi sangre mexicana porque aquí nací, pero para mi (es) Estados Unidos. Tengo toda mi vida allá”.

En el período enero-junio la Unidad de Política Migratoria de Gobernación reportó 107 mil repatriados, lo que significa 591 diarios, sin embargo el gobierno mexicano no tiene ningún proyecto para atenderlos, como cita Luis Eduardo Zavala, fundador de Casa Monarca, que apoya a migrantes y paisanos.

Bien haría el gobierno de México informar si tiene algún proyecto para que los repatriados reencausen sus vidas, o de a conocer las razones que hay para esta desatención, cuando debería de ser una obligación primaria.

CASO AYOTZINAPA

Como suele ocurrir cuando se carece de una respuesta concreta ante un caso peliagudo, las autoridades recurren a reabrir las investigaciones para darse tiempo de buscar un resquicio que les permita señalar que hace falta profundizar más para llegar al meollo.

A la vez da un golpe sobre la mesa al anunciar que habrá castigo en contra de aquellos que entorpecieron las indagatorias, dando por descontado que al menos hay responsabilidad por omisión, con lo que basta con llevar a juicio a varios de ellos para dejar constancia de su interés por encontrar un resultado.

A casi cinco años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) empezará de cero la investigación, señaló Oscar Gómez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para este caso.

“Nosotros vamos a empezar de nuevo, una nueva investigación. Una investigación independiente, objetiva, clara, que rompa con esa narrativa que se ha venido creando en años pasados”, para ello “vamos a empezar desde una base sólida, limpia, en donde quitemos todas esas irregularidades, delitos que se cometieron en contra de personas que incluso fueron inculpadas”.

Ante los padres de los estudiantes desaparecidos, que asistieron a una reunión en Palacio Nacional, Gómez se comprometió a reforzar las acusaciones para que no salgan libres más implicados en el caso, además en la Unidad Especial se practicarán los protocolos de Estambul a los detenidos para determinar si fueron torturados.

“Parte de las acciones que yo voy a hacer, por ejemplo en el área de la tortura, van a ser protocolos de Estambul a los detenidos, a las personas que en su momento alegaron tortura, necesitamos saber quiénes hicieron ese tipo de conducta, dónde se hicieron, por qué se hicieron. Hemos hecho un acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que sabemos que tiene un grupo de peritos independientes que van a estar con nosotros practicando los protocolos, y eso lo van a dar otro matiz”.

Adelantó que dejarán de lado las pruebas desechadas por el Tribunal Colegiado de Tamaulipas, “hay que sanear la investigación (de la PGR), hay muchas cosas que posiblemente no te sirven, pero hay pequeños indicios que puedes rescatar de algunas declaraciones y te pueden ayudar para ir mezclando con otra información para hacer más complejas y completas las líneas de investigación”.

En este sentido, Oscar Gómez apuntó: “Nosotros nos regresamos al momento en que los estudiantes fueron detenidos por policías en Juan N. Álvarez como en Puente de Chipote, y a raíz de ahí empezamos a jalar, por eso es que regresamos a la base”.

Con el apoyo de 50 funcionarios a su cargo, Gómez trabajará en cinco aspectos de la investigación: las torturas, los malos tratos a los detenidos, las vistas de las irregularidades que cometieron funcionarios en el pasado, los procesos penales y la búsqueda.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz, ratificó el respaldo a la citada Unidad Especial y se comprometió a reunirse cada tres meses con los padres de los jóvenes para informar de los avances.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a quienes tengan información sobre el caso Ayotzinapa para que aporte datos y ofreció brindar protección del gobierno: “Si hay personas que intervinieron, que cuenten con la protección del gobierno si desean ayudar informando sobre el paradero de los jóvenes, todo lo que se pueda hacer, independientemente de procesos legales, es un servicio a la patria si se informa lo que se sabe”.

Reiteró que el llamado es que ayuden, “porque esta es una herida abierta, esto tiene que ver con la justicia, con el humanismo y también con el prestigio, la fama de México”, asimismo se comprometió a no tener injerencia en la investigación, aunque sí estará pendiente de su resultado para llegar al fondo del asunto.

Cuando se está en la etapa de arranque de la investigación, ya la FGR da por descontando que habrá sanciones a los funcionarios que desde el principio intervinieron en este caso y que percibe que hubo omisiones e irregularidades.

Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la República dio a conocer que inició las diligencias para responsabilizar a quien incumplió con sus obligaciones: “La Fiscalía de Ayotzinapa, como órgano del Ministerio Público Federal, autónomo e independiente, presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones”.

Sobre los hechos registrados el 26 y 27 de septiembre de 2014, la FGR citó que la investigación que hizo entonces fue descalificada en forma permanente, lo mismo que la oficina de investigación del caso Iguala, que para el caso se creó ex profeso, junto con la “verdad histórica” que fue la versión oficial de los hechos referidos y que también fue impugnada por peritos y expertos internacionales.

El 28 de mayo de 2018 un Tribunal Colegiado emitió una sentencia en amparo señalando principalmente se debía reponer el procedimiento aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones.

Aunque se insiste que la Fiscalía del caso Ayotzinapa es totalmente independiente, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, advirtió que la FGR presentará recursos para responsabilizar al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam (autor de la frase: “la verdad histórica”), y del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, además de José Aarón Pérez Carro, quien era titular de la Unidad Especial para el caso en esos momentos.

Encinas aprovechó para fustigar al Poder Judicial de la Federación por la liberación de 24 inculpados por la desaparición de los normalistas, principalmente en contra del juez Samuel Ventura Ramos, que ordenó la liberación, lo que a su juicio “demuestra la podredumbre en la que se encuentra el sistema de impartición de justicia en el país. Es una burla, porque estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad, demuestra la podredumbre del sistema de impartición de justicia del país, que huele a podrido”.