En pleitos de pareja, los menores siguen siendo un botín entre las partes, en detrimento de su tranquilidad, por lo que el papel del juez es fundamental para la protección de sus derechos como interés supremo de la ley.

Así lo señaló el juez primero familiar del Poder Judicial del Estado, José Tomás Campos, quien explicó que la separación de las parejas no significa de ninguna manera que se pierdan obligaciones respecto de la descendencia, especialmente cuando es menor de edad.

“Ambos están obligados a velar por los intereses de los infantes, sin embargo, es muy usual que pretendan tomar a éstos como pretexto para dar rienda suelta a sus diferencias, en vez de acordar su separación y convenir el debido cuidado y cumplimiento de obligaciones de ambas partes respecto de los hijos”.

En entrevista, advirtió que la primera causal para que una de las partes pierda el ejercicio de la patria potestad es que una autoridad decida y sentencie esa condición por considerar que no hay condiciones.

Esto se da casi siempre por abandono de deberes y lamentablemente es frecuente, pues una vez separados, quien no tiene la custodia no sólo cambia de domicilio, sino de dinámica de vida.

A veces se une a otra pareja, incluso hay cambio de trabajo, y en ese nuevo esquema de vida no da pensión ni convive, por lo que deja de tener derecho a través de una sentencia del juez.

Dejó en claro que la sentencia retira derechos al progenitor, pero no significa que el menor pierda el derecho de tener contacto con el mismo, ya sea el padre o la madre, según el caso, pues los niños no pueden ser condenados.

“Ellos tienen derecho a ver a sus padres y esto permanece a menos que corran peligro, pues si lo hay se denuncia, se acredita y entonces se procede para el cuidado de los menores”.

En ese sentido, refirió que son frecuentes los casos en que en medio de una convivencia con la parte contraria a quien tiene la custodia, haya intentos de retención faltando a los acuerdos y dictados del juez para llevarla a cabo.

“La consecuencia es limitación del derecho a la convivencia libre y se determina la vigilancia, en un sitio ex profeso para ello, con cámaras de vigilancia y con horarios controlados, todo para la protección de su estabilidad y seguridad”, aseguró.