Fernando López Gutiérrez

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@ferlog14

Después de años de escándalos, denuncias de sus opositores y protestas por parte de importantes sectores de la sociedad en sus respectivos estados, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, enfrentan graves procesos judiciales por acusaciones relacionadas con actos de corrupción y crimen organizado. La evidencia respecto a los delitos presuntamente cometidos debió ser difundida ampliamente y tuvieron que presentarse las condiciones políticas adecuadas para que los partidos en los que estos personajes militaron cesaran en defenderlos a ultranza.

Duarte y Padrés se han quedado solos y quienes los apoyaron y protegieron, hasta que fue casi insostenible, dicen avergonzarse de ellos y les solicitan públicamente que se entreguen. Los panistas y priistas que por mucho tiempo intentaron bloquear cualquier acción en contra de los entonces gobernadores y defendieron su conducta y desempeño no han dado explicaciones al respecto, ni consideran necesario ofrecer una disculpa por equivocarse en su juicio.

Es ofensivo observar que, sin importar la dimensión de los presuntos delitos cometidos, ni la persecución que se realiza de quienes fueron los líderes de sus respectivos partidos en Veracruz y Sonora, el PRI y el PAN busquen sacar provecho de la situación y mostrarse como promotores del combate a la corrupción en nuestro país. Ante la evidencia expuesta, cualquier acción que lleven a cabo en la materia puede ser observada tan sólo como una medida compensatoria de todas las omisiones y actividades de entorpecimiento a las investigaciones sobre este tipo de casos.

En México, el seguimiento y la publicidad que se da a estos escándalos se negocia políticamente, como si fuera más importante cuidar la imagen de un político que supervisar y fiscalizar su conducta. Basta ver con atención los temas en la agenda de las cámaras de diputados y senadores los días de sesión para identificar cómo las discusiones de las denuncias de corrupción son pospuestas o pasadas por alto cuando existen casos diferentes en los que se encuentren involucrados militantes de partidos distintos. Cada evidencia sobre corrupción en el ejercicio de la función pública se maneja por los partidos como una carta valiosa para negociar en un juego en el que el único perdedor es el ciudadano.

Hoy que los partidos más grandes ven su prestigio manchado por la acción de quienes fueran dos de sus militantes más reconocidos, buscan distraer la atención de la sociedad culpándose mutuamente de las faltas en las que cada uno de ellos incurrió. Si en realidad existiera un compromiso firme para combatir la corrupción por parte  de éstos deberíamos verlos facilitar y promover el desarrollo de investigaciones para sus propios militantes, que permitan despejar las dudas en torno a las acusaciones en contra de Roberto Borge en Quintana Roo, César Duarte en Chihuahua o Josefina Vázquez Mota —en lo que respecta a los recursos obtenidos por su fundación—.