Cada vez que había un aumento al precio de los combustibles varios presidentes municipales exigían acabar con el “gasolinazo”, con lo que daban constancia de su enorme sensibilidad ante el reclamo de los ciudadanos, en cambio, al recibir recursos millonarios provenientes de ese incremento guardaron prudente silencio.

En enero pasado, a raíz del alza que generó malestar colectivo, hubo quien se encargó de sazonar este asunto con tacos de lengua viperina, al sostener que no era válido aprovecharse de una necesidad general para engordar las arcas públicas.

El gobierno federal, principalmente las secretarías de Hacienda y de Energía, se encargaron de explicar las razones que había para proceder, comprometiéndose a que luego de unos ajustes se publicaría diariamente alzas y disminuciones en los precios de gasolinas y Diesel, como es práctica común en otros países.

Superada esa etapa y con el cumplimiento de hacer de su conocimiento cuál es su costo, los poseedores de automotores saben cuánto tienen que pagar cada vez que acuden a una gasolinera, que por regla general el incremento o decremento oscilan entre uno y dos centavos.

De  lo señalado hace más de siete meses nadie se acuerda y menos quienes ostentan el principal cargo en los ayuntamientos, porque ahora es el momento de disfrutar de la bolsa que les hizo llegar la Federación por 140.4 millones de pesos distribuidos entre las once alcaldías.

Haciéndose eco de la sentencia bíblica que se le dará más al que tenga más, el Ayuntamiento de Aguascalientes obtuvo 95.3 millones de pesos (mdp), contrario a San Francisco de los Romo, que le correspondió 3.7 mdp. A los otros nueve municipios se les canalizó el resto del dinero: Asientos 4.8 mdp; Calvillo 7.1 mdp; El Llano 4.5 mdp; Jesús María, 10.1 mdp; Pabellón de Arteaga 4.7 mdp; Rincón de Romos 5.3 mdp; Cosío 4.2 mdp; San José de Gracia 4.9 mdp; Tepezalá 4.3 mdp.

Lo aportado deriva del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización, y de los impuestos sobre automotores nuevos, sobre uso de vehículos nuevos y modelos anteriores; el Especial sobre Producción y Servicios, a las gasolinas y el Diesel y sobre la venta de bebidas con contenido alcohólico.

Una regla general para la distribución de los recursos es que le corresponde más a quien recauda más, lo que es lógico que suceda en los municipios que tienen mayor número de habientes, lo cual en términos prácticos no es equitativo ya que esto agranda la brecha social, económico y de los servicios.

En lo que sí hay igualdad es que ese dinero llega etiquetado, por lo que sólo puede utilizarse para el objetivo previsto y en caso de que algún presidente municipal aplique a un fin distinto se le castigará por desviación de  recursos, sanción que puede ser con cárcel y su restitución y la inhabilitación en el servicio público del o los funcionarios que actuaron incorrectamente.

Además del impuesto que se cobra a los carburantes, que significa mensualmente una recaudación de 5 millones de pesos, hay otro gravamen que generó polémica, como es el aplicado a la venta final de bebidas alcohólicas, en que se recauda 200 mil pesos al mes en promedio.

Cualquier cantidad que llegue al erario de los municipios siempre es bienvenida, lo que sale del guión es que los impugnadores de los impuestos se queden callados cuando les conviene, lo que deja constancia que se grita cuando acomoda y se calla con una buena embarrada.

IMPUNIDAD FORZADA

En la vida diaria hay varias formas para calificar la arbitrariedad, algunas por falta de apoyo de las autoridades, otras por la habilidad que tienen los culpables para eludir cualquier castigo y otras, que es aún más lamentable, es que ocurra el hecho y  que medio mundo se de cuenta de lo que sucede y no pueda actuarse porque al dañado le sale más caro denunciar.

Aunque es un tema recurrente y en el que no hay castigo, es importante que siga mencionándose hasta que se logre una solución y es sobre el asalto continuo que sufren los choferes del transporte urbano, que llega al grado de exigirles una “cuota” por dejarlos transitar en ciertas calles.

El dirigente sindical de los operadores, Roberto Mora Márquez, aseguró que el promedio diario es de dos a cuatro asaltos y es principalmente por la tarde o noche, aunque también en otras horas se han presentado, pero lo más grave es que ante la poca vigilancia policíaca este tipo de delitos se registra en cualquier parte de la ciudad.

En otros años era común señalar a las colonias Insurgentes (Las Huertas) y José López Portillo (La Barranca), pero actualmente en cualquier fraccionamiento del oriente se ha vuelto algo común y en otras partes de la capital, lo que se debe a que ante la falta de castigo o que este sea leve los atracadores actúen con toda libertad en cualquier sitio.

Otro elemento que propicia el crecimiento es que con el Nuevo Sistema de Justicia Penal no hay la sanción que corresponde.

“Cuando esporádicamente los policías llegan a cumplir con su labor de detener a los delincuentes, más tardan en detenerlos que éstos en quedar libres para que sigan cometiendo delitos, lo que es preocupante que suceda, porque nos vemos agredidos y asaltados y a estos individuos les vale, ya no tienen miedo a nadie, ven a los policías y hasta se burlan de ellos. Es un problema de fondo que se tiene que analizar y ver a nivel federal”.

Explicó que las razones para que el chofer no presente la denuncia es que él es la persona indicada para hacerlo, pero es más la pérdida de tiempo ante el Agente del Ministerio Público, porque deben esperar largo tiempo a que les tome la declaración correspondiente, “por lo que los patrones ven que es más lo que van a perder estando la unidad parada, y que difícilmente van a recuperar lo robado, por eso son muy pocas las denuncias y por otra parte, las cantidades que se llevan son mínimas, por eso muchas veces los concesionarios aconsejan a los compañeros que así se quede”.

Ante esta situación, Mora Márquez exhortó a los legisladores federales para que modifiquen la ley y que el Nuevo Sistema de Justicia Penal sea en realidad un apoyo a la ciudadanía, que por ahora “a nada lleva y sólo ha ocasionado más problemas, cuando se dijo que todo iba a ser diferente”.

El mismo caso de los operadores del transporte colectivo es el de trabajadores de otros ramos, cuyo hogar ha sido asaltado y lo que se llevan es el televisor, la plancha y otros artículos, pero que no denuncian porque para hacerlo tienen que dejar de trabajar y luego volver a ratificar la acusación, y todo para qué, para que en el supuesto caso que lleguen a atrapar al ladrón no logren recuperar sus cosas y en cambio el sujeto queda libre porque el monto no amerita castigo.

Es de esperarse que en el próximo período de sesiones ordinarias los legisladores federales lleven a cabo las modificaciones que correspondan al citado sistema penal y al mismo tiempo que a nivel local la policía sea un verdadero guardián de los intereses de la sociedad.

GRACIAS

Vaya un agradecimiento a quienes tuvieron la amabilidad de unirse al duelo que ha vivido la familia del autor de este espacio por el fallecimiento de la señora Socorro Rodríguez. Sus hijos Francisco Javier y Mónica Guadalupe y los hermanos de la persona fallecida guardan un recuerdo de gratitud por su generosidad y les piden que sigan orando por su eterno descanso, o si es su deseo hacerlo en el novenario de misas que comenzaron el martes 15 y concluyen el 23 pueden concurrir a la Parroquia de Cristo Rey a las ocho de la noche. Mil gracias.