De acuerdo a las reformas a la Constitución Política local (Decreto Número 69), son sujetos de Juicio Político el gobernador, los diputados a la Legislatura Local, los magistrados del Poder Judicial, los miembros del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo y el fiscal general del Estado.

Asimismo, pueden ser juzgados el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el comisionado presidente y los comisionados ciudadanos del Instituto de Transparencia del Estado.

Mismo caso para los titulares de los organismos públicos descentralizados, los titulares de los organismos autónomos y los directores generales de las empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. También, presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, que incurran en actos de corrupción o que cometan alguna irregularidad en su cargo.

Igualmente, son sujetos de responsabilidad penal los servidores públicos que tengan fuero y cometan hechos delictivos del orden común en los términos de la normatividad penal, durante el tiempo de su encargo y, por el enriquecimiento ilícito por sí o por interpósita persona que aumente sustancialmente su patrimonio, adquiera bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar.

Para proceder penalmente en contra de los funcionarios citados, el Congreso del Estado, erigido en Gran Jurado, declarará por consenso de las dos terceras partes del total de los diputados, si hay lugar a formación de causa.

En caso negativo, no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando el acusado haya dejado de tener fuero, comenzando entonces la prescripción.

En caso afirmativo, el acusado quedará automáticamente separado de su cargo y sujeto a la acción de los tribunales comunes.