Ante la inversión de la pirámide poblacional, es tiempo de que el Estado genere una red de estancias para adultos mayores y garantice en ellas los derechos previstos en las leyes para este segmento de población, cuando está en estado de vulnerabilidad.

Así lo señaló el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, al referir que en la entidad son agrupaciones religiosas o de particulares las que hacen labor social y están llevando la carga de esta demanda.

“El Estado como tal no cuenta con la infraestructura suficiente que marca la ley cuando hace referencia a la responsabilidad de la autoridad para atender personas de la tercera edad que requieren servicios especializados por su condición vulnerable”, agregó.

En entrevista indicó que, en cuanto a ordenamientos legales, se cuenta con las normas claras que garantizan a personas adultas mayores la atención que requieren cuando no se pueden valer por sí mismas y no cuentan con alguien que vea por ellos.

“Cuando hay familiares cercanos, serían los obligados y aun así éstos requieren espacios para la atención de los senectos, porque tienen que trabajar o desarrollar actividades propias de su vida personal y familiar”.

Comentó que hay muchas familias que, ante su deber de cuidar a los mayores, se turnan, se cooperan y colaboran entre sus integrantes para sacar adelante a la persona imposibilitada por su edad avanzada.

Sin embargo, el crecimiento de este sector de población ha sido muy dinámico en los últimos años y lo seguirá siendo en el futuro inmediato; también, hay muchas personas que no tienen quién vea por ellos o, aunque los tengan, no lo hacen porque los corren de la casa, los despojan y no asumen su responsabilidad en el cuidado de su familiar.

Es ahí donde llegan a verse casos de ancianos deambulando por las calles, sin tener a dónde ir, o bien que son obligados a pedir limosna y ni siquiera para ellos, sino para terceros que abusan de esa condición.

“De tal suerte que es tiempo de que la demanda creciente empiece a atenderse y se proyecte un plan formal en esa dirección, pues las instituciones públicas y privadas que actualmente asumen esta situación definitivamente son insuficientes y es deber del Estado dar solución para toda esa población en desventaja”, concluyó.