Al informar que dos de cada diez operadores de taxi son denunciados por la ciudadanía por malos tratos, el dirigente de SUOTA, Francisco Javier Pacheco Méndez, aseveró que la solicitud de no antecedentes penales a los conductores ya no es suficiente para garantizar el buen comportamiento de aquéllos, ahora se hace indispensable encauzarlos a un psicólogo.
El presidente de la Sociedad Unidos de Operadores de Taxis de Aguascalientes aseveró que la capacitación por parte del Gobierno del Estado ha empezado para todo el transporte público de Aguascalientes, donde todos los concesionarios en conjunto con sus operadores deben trabajar para superar malas prácticas o proceder al despido de los trabajadores que no tienen vocación de servicio.
Comentó que entre el 10 y 15% del total de los choferes de taxi tradicional están haciendo un mal trabajo con el público usuario, pues por ningún motivo deben preguntar anticipadamente al cliente el destino, ya que con base en ello se niegan o aceptan llevarlos a los destinos.
“Sin duda que esos conductores necesitan apoyo psicológico, pues se ha observado que traen problemas de desintegración familiar”, comentó.
Esa actitud de maltrato al usuario de taxi es lo que más ha estado pegando a los concesionarios, motivo por el cual se piensa en quitarles las unidades e incluso algunas ya se encuentran detenidas por la falta de chofer, pero el reto de cada uno de los propietarios de las unidades es conseguir personal apto para ofrecer con calidad y calidez este servicio.
Pacheco Méndez indicó que el rechazo ciudadano a las unidades tradicionales de alquiler ha ido en aumento, principalmente de aquellos que solicitan el servicio en la vía pública por el mecanismo del ruleteo de los taxis.
“Es vital que todos los choferes sepan que los taxis no son para andar con la novia o vacilando con amigos, pues circulan en vehículos de trabajo, no de fines particulares o personales, y esto debe quedar perfectamente entendido y si hacen caso omiso debe ser causa a un despido total de todo el gremio”, enfatizó.
Para ello se requiere del apoyo de la Dirección de Transporte Público del Estado para que imponga sanciones verdaderas hacia esos choferes, a quienes se les debe retirar el gafete oficial y que no se les permita trabajar nuevamente.
Finalmente, dijo que el concesionario tiene la responsabilidad de darse cuenta sobre la calidad del personal que contrata, porque no se puede dar la herramienta del volante a un delincuente; ciertamente todos tienen una segunda oportunidad, pero deben responder en consecuencia con apego a la normatividad.