Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores continuamos con los modelos regulatorios, pasemos ahora a los modelos de regulación específicamente, hoy se abordará el modelo por agencia, así que vayamos al desarrollo del tema.
El modelo de Regulación por Agencia ha sido el seleccionado e implantado en Inglaterra dentro del proceso de reestructuración y privatización de los SAPS concluido a finales del siglo pasado. En términos generales este modelo implica la creación de una instancia u organización de regulación centralizada que controla el cumplimiento de la normativa legal vigente y aplica las sanciones a que haya lugar a un grupo numeroso, pero limitado, de empresas responsables por la prestación de los servicios. Una de las funciones más importantes de dicha Agencia de Regulación es la fijación o aprobación de las estructuras tarifarias a aplicar por las empresas y el otorgamiento de las licencias o permisos de explotación de los servicios.
Las bondades del modelo inglés de regulación han sido presentadas en diversos foros y divulgadas por los organismos multilaterales de financiamiento y muy especialmente por el Banco Mundial. Tal labor de divulgación ha sido tan amplia que en buena medida se ha asociado la regulación moderna con el modelo inglés de regulación por agencia y se ha pasado directamente a estudiar o presentar las características y posibilidades de las Agencias o entes de Regulación, cuya creación se transforma en un requisito fundamental para el proceso de modernización de los servicios.
Sin embargo, el modelo de regulación inglés forma parte indisociable de un arreglo institucional específico y coherente. Dicho modelo de regulación centralizada en una entidad nacional no puede ser concebido de manera aislada del modo de prestación de los servicios implantados en Inglaterra y que implica pocas y grandes empresas, maduras, privatizadas y con responsabilidad absoluta por la prestación de los servicios. La eficiencia de tal modelo está, además, directamente relacionada con la tradición y el grado de eficiencia de la función pública inglesa que determina la calidad del ejercicio de la regulación y la confianza que pueda generar en las decisiones tome la instancia reguladora.
En América Latina la experiencia chilena ha sido la que más se ha acercado al modelo inglés de regulación, a pesar de que la mayoría de las empresas son públicas. En efecto los chilenos nacionalizaron los servicios y crearon empresas por regiones. Pocas y suficientemente grandes como para que puedan ser controladas en el orden nacional por una sola agencia. El proceso separó adecuadamente las funciones de operación de las redes de las de regulación y control, ambas en manos del Estado central, y logró impulsar a grados importantes de eficiencia en las operadoras y de credibilidad en el proceso regulatorio.
Por el contrario, en el caso de países con sistemas de prestación descentralizados en los cuales confluyen competencias y responsabilidades en el orden central y local, la aplicación del modelo de Regulación por Agencia ha enfrentado problemas importantes. Tales dificultades son mayores si se trata de administraciones públicas poco desarrolladas, caracterizadas por comportamientos ineficientes y con propensión a prácticas corruptas.
En el caso argentino, la creación de las instancias de regulación se ha realizado en el ámbito provincial que donde corresponde la prestación de los SAPS. La creación de tales instancias reguladoras se realiza en paralelo con el proceso de delegación de las competencias a empresas operadoras privadas mediante contratos de concesión a largo plazo. En tales circunstancias cada entidad se enfrenta a una única unidad de prestación de los servicios y en la práctica se confunde con la creación de entidades responsables por el seguimiento y control de los contratos. Los riesgos de tal arreglo institucional son elevados ya que la organización responsable por el seguimiento del contrato esta facultada con atribuciones mayores que las exigidas por tal actividad. Además el sistema de regulación “uno-a-uno” aumenta los riesgos de captura durante el proceso regulatorio.
Por su parte, en el caso de Perú el ente nacional encargado de la regulación se enfrenta a un sistema de prestación de los servicios descentralizado que ha generado la creación de un número de empresas operadoras con profundas desigualdades en los estándares de calidad actuales y exigibles y con déficits de inversión importantes. La multitud de empresas a regular y sus diferentes estándares de calidad convierten a la regulación central en un ejercicio difícil y en muchos casos imposible de realizar efectivamente. La adecuada separación de las competencias reguladoras entre poder central y poder local se convierte también en un problema difícil de resolver.
A pesar de tales dificultades, la Regulación por Agencia presenta bondades que es importante reconocer y apreciar. Por una parte, puede permitir una orientación general e integral del proceso de modernización durante la fase de transición y en especial tanto de la estructura de la industria como de las condiciones económicas más favorables para la eficiente prestación de los servicios. Ello implicará el establecimiento de un marco de incentivos generales y de aplicación universal que orienten la actuación de los agentes y que luego puedan ser desarrollados en el plano local. Por la otra, la creación de una Agencia Central podría impedir el surgimiento de comportamientos oportunistas en el terreno de los poderes locales preservando con ello la operación eficiente de los sistemas. Obviamente, arreglos de esta naturaleza implican la definición previa de la repartición del poder político entre las instancias nacionales y locales y la creación de un consenso nacional que le confiera estabilidad a los acuerdos alcanzados. La próxima semana continuamos con este tema que sería básico para que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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