Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores continuamos con el tema de la regulación de los servicios de agua; sin más preámbulos pasemos al desarrollo del tema, ahora con la naturaleza de lo que es la regulación y sus antecedentes en el rubro de los servicios públicos de agua.
La regulación de monopolios naturales de servicio público. Los primeros estudios sobre el tema de la regulación de servicios públicos se realizan en los Estados Unidos durante la década de los años veinte, cuando se estaban definiendo las relaciones entre Estado y sector privado para su prestación.La regulación pública de modelos de gestión privada fue ampliamente justificada en el caso de los servicios públicos prestados bajo un régimen de mercado caracterizado por el monopolio y llamados monopolios naturales. Ambos conceptos, servicio público y monopolio natural, fueron objeto de un importante debate y quedaron sujetos a interpretaciones legales altamente restrictivas. Los servicios públicos por redes: electricidad, teléfonos, agua, gas y transporte quedaron incluidos dentro de los altamente regulados.
El reconocimiento de ambas condiciones dio lugar en los Estados Unidos al desarrollo de instancias u organizaciones públicas de regulación, que tenían como objetivo orientar las actuaciones de los privados hacia el interés público, en situaciones en las que no existía un mercado de competencia que ejerciera las funciones de control social. La discusión durante las décadas siguientes se concentró en el análisis y diseño de los mejores instrumentos de regulación con énfasis en el desarrollo de metodologías de cálculo de las tarifas o mecanismos de control de los beneficios de las empresas reguladas.
Fuera de los Estados Unidos y con muy contadas excepciones, el tratamiento asignado a los servicios públicos por redes fue diferente. Específicamente en el caso de Europa y de la América Latina, el ejercicio de control social de los monopolios de servicios públicos se construyó por la vía de la propiedad pública, dando lugar a la creación de poderosas empresas públicas de electricidad, agua, teléfonos y transportes.En tales casos la función se cumplía por la vía de la intervención directa en la prestación del servicio y el desarrollo de entes u organismos reguladores específicos fue muy limitado.
Si bien las líneas centrales que definen y justifican la regulación de los servicios públicos por redes continúan vigentes, algunos elementos alteraron las relaciones existentes entre el Estado y los diversos agentes públicos y privados, que intervienen en la prestación de dichos servicios. Dentro de tales elementos se incluyen: a) Los avances tecnológicos han permitido la desmonopolización y liberación de algunos mercados, dando lugar a un proceso acelerado de desregulación y regulación en las industrias de telecomunicaciones, electricidad y transporte. b) La crisis fiscal y la baja calidad de los servicios públicos presentes en buena parte de las economías en desarrollo (caso específico de México) y en algunos países desarrollados, han originado un interés y necesidad crecientes por incorporar a la iniciativa privada en la prestación de los mismos y, en consecuencia, un desarrollo acelerado y generalizado de procesos de desintervención y privatización bajo diversas modalidades. c) La incorporación del sector privado en la prestación de los servicios hace necesaria la construcción de marcos regulatorios que otorguen garantías sobre la normativa a aplicar y que generen espacios espe¬cializados para la resolución de los conflictos que se presenten.
La opción de gestión privada y regulación pública de los servicios presenta ventajas sobre la de intervención directa en la prestación. No sólo permite incorporar más y mejores recursos técnicos, gerenciales y financieros sino también especializar la función de gobierno. Una efectiva regulación requiere que se identifiquen las fuentes precisas de las fallas que presenta el mercado del servicio en cuestión y que se diseñe una regulación específica para corregirlas. A medida que las fallas son menores o que sea posible introducir la competencia parcial o total en el sector, las necesidades de regular también serán menores, de distinta naturaleza y más focalizadas. Este ha sido el caso de las industrias de telecomunicaciones y de transporte aéreo y parcialmente de la industria eléctrica.
Por el contrario, en el sector de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento (SAPS) ha mostrado pocos avances en este sentido. A pesar de que estos servicios presentan una dinámica más lenta que los otros, es de prever que la necesidad de elevar su calidad acelere por consiguiente la participación de agentes privados en la gestión de los mismos. Incluso en aquellos casos en los cuales persista la participación directa del Estado, será necesaria su adecuada separación de las funciones sociales de regulación. Cambiar desde un sistema de propiedad pública con control burocrático a otro en el cual se regula un monopolio privado (o público) con fuertes externalidades, como es el de los SAPS, requiere una profunda reconsideración de las políticas sectoriales que han sido hasta ahora adoptadas y genera cambios radicales en las responsabilidades, funciones y organizaciones que hasta ahora han existido. La siguiente precisaremos tales cambios para el caso de los SAPS.
Como podrán notar amables lectores hablar de política regulatoria para los servicios de agua, es amplio y una imperiosa necesidad, no sólo ante las circunstancias presentes y presiones sociales así como demandas de los usuarios por un servicio de calidad, sino que la regulación sería un instrumento óptimo para prever problemas futuros en la disputa por el agua, un interlocutor ante los conflictos que podrían avizorarse. Nos vemos la próxima semana, no sin antes recordarles que estas son acciones y conceptos tendientes para que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

Comentarios: saalflo@yahoo.com

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