Fernando López Gutiérrez
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 @ferlog14

La designación de Luis Enrique Miranda Nava como Secretario de Desarrollo Social (SEDESOL) fue probablemente la decisión más criticada del Presidente Enrique Peña Nieto al hacerse públicos los cambios más recientes a su gabinete el pasado mes de septiembre. En un escenario complejo para la actual administración, en el que más que nunca en lo que va del sexenio se observaba necesario una actuación activa, profesional y eficiente en la implementación de la política social, el nombramiento de Miranda Nava al frente de la SEDESOL resultó decepcionante para muchos.
La sustitución de José Antonio Meade, un personaje con sólida formación, amplia experiencia y reconocido profesionalismo, por el entonces Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, identificado como uno de los hombres de más confianza del Presidente y su operador político más destacado, fue un claro anuncio del rumbo que se había elegido en materia de desarrollo social: anteponer su aprovechamiento con fines políticos a la búsqueda de resultados positivos en el ejercicio de los programas desde una perspectiva social.
Aunque desde aquel momento resultaron claras las prioridades que decidió adoptar la actual administración en la implementación de la política social, hasta la semana pasada, con la comparecencia del Secretario Miranda a la Cámara de Diputados, fue posible identificar en un contexto con cierto grado de exigencia técnica algunas de las limitaciones de dicho funcionario y la visión que mantiene en el ejercicio de su responsabilidad.
Por obvias razones, lo que más atención generó de la comparecencia fue la respuesta grosera que el Secretario de Desarrollo Social otorgó a la diputada de MORENA Araceli Damián González, al afirmar que no había estudiado psiquiatría para entenderla, cuando ésta le señaló que debía estudiar los conceptos que estaba exponiendo. No obstante, el asunto tiene otras implicaciones de fondo que resultan preocupantes y deben tener seguimiento.
Durante su visita, Miranda Nava exhibió su incomprensión e ignorancia respecto a temas fundamentales en materia de desarrollo social y confundió aspectos que resultan clave para la toma de decisiones en dicho sector. Además, con la actitud que asumió y la evidente falta de preparación que mostró, exhibió su desdén hacia la importancia que tienen las particularidades de la política de desarrollo social y los indicadores utilizados para su evaluación. A partir de sus acciones y conducta, ha quedado muy claro que el mismo Secretario de Desarrollo Social no considera que ocupa dicho cargo para preocuparse de consideraciones de política pública y no cree que los legisladores tengan autoridad para juzgarle; sin embargo, es importante reflexionar y poner atención al respecto porque en un área de tanta relevancia las acciones de un funcionario confundido pueden llevar a graves retrocesos.