Estas son las medidas de la Ley de Seguridad Interior aprobada por diputados y que ha sido cuestionada por la Oposición y ONGs.

¿Quién se encargará de salvaguardar la seguridad interior?
La aplicación de la Ley de Seguridad Interior corresponderá a fuerzas estatales y federales y, en casos excepionales, a las Fuerzas Armadas.

A mayor violencia, más soldados
Las Fuerzas Armadas podrán participar en tareas de combate al crimen cuando las autoridades civiles se vean rebasadas.

Presencia de Fuerzas Armadas: orden del Presidente
El Presidente podrá, a petición de legislaturas estatales o Gobernadores, ordenar actuación de Fuerzas Armadas en un territorio por alrededor de un año, y el Ejecutivo será el único que podrá prolongar la estadía de elementos en casos excepcionales.

Ejército a las calles en situaciones de alerta
Ante una emergencia nacional, el Presidente podrá ordenar, sin requerimiento alguno, la reacción inmediata de Fuerzas Armadas.

Protestas y movilizaciones no serán amenazas
Las protestas sociales o con motivos político-electorales no serán consideradas como amenazas a la seguridad interior.

Defensa del País con apego a Derechos Humanos
En todo momento, las autoridades deberán respetar los derechos humanos y las garantías constitucionales.

Excepción
En casos de no emergencia, las Fuerzas Armadas sólo podrán intervenir en un territorio mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Segob al mando de la seguridad interior
La Secretaría de Gobernación será la encargada de implementar esquemas de colaboración para la coordinación y ejecución de las acciones de seguridad.

Cumplimiento de tareas
Autoridades federales deberán cumplir con políticas, programas y acciones de prevención que atiendan el Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos.
1. La Agenda Nacional de Riesgos (ANR) es aprobada anualmente por el titular del Ejecutivo en el seno del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) a propuesta del secretario técnico.
2. La ANR identifica alertas y amenazas a la Seguridad Nacional, la probabilidad de su ocurrencia, las vulnerabilidades del Estado frente a fenómenos diversos y las posibles manifestaciones de los mismos.

ASÍ LO DIJO
“Nos urge pensar alternativas. En una salida gradual de las Fuerzas Armadas, no inmediata. También de fortalecer policías”.
Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

“El gran reto de México es un problema de seguridad que proviene del crimen organizado. Ese reto se resuelve diseñando una política de control policial”.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.