El mayor índice de corrupción se da para agilizar trámites, le sigue evitar multas o sanciones, después obtener licencias o permisos, pagar menos impuestos, obtener un servicio, ganar contratos gubernamentales y participar en licitaciones, entre otros.
En relación a la frecuencia de actos de corrupción, el mayor índice se da en el Estado de México y le sigue Sinaloa, y en contra parte están Colima y Nayarit; mientras que Aguascalientes se ubica en la media.
La corrupción puede definirse como un acto que deviene de una serie de desvíos de acuerdos y valores relativamente aceptados dentro de una sociedad o grupo de individuos, en el cual se toma ventaja inapropiadamente de una determinada posición en ese conjunto de relaciones.
Desde el ámbito de las instituciones públicas, es un fenómeno social que involucra un entramado de relaciones de poder entre diferentes actores para desviar los fines del poder público hacia la obtención de beneficios particulares.
La corrupción amenaza el desarrollo sostenible de los países, distorsionando los mercados e inhibiendo las decisiones de inversión, además de que es violatoria de los derechos humanos.
Con el fin de crear conciencia del impacto que tiene este fenómeno social, en el año 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la cual se decidió asignar el 9 de diciembre como el Día Internacional en Contra de la Corrupción, destacando así el compromiso de la Convención para hacer visible el tema.
Con el uso de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) se analizan las experiencias de actos de corrupción de la población de 18 años o más en ciudades urbanas.
Las percepciones que la población tiene sobre un determinado fenómeno se crean según la experiencia personal que se ha tenido al tratar directamente con el asunto o a través de las experiencias, ideas e información, que son transmitidas por familiares, conocidos, medios de comunicación, entre otros.
En 2015, la mitad de las personas de 18 años y más consideraron que la corrupción es el segundo mayor problema que enfrentan sus entidades federativas, sólo por debajo de la inseguridad y la delincuencia.
Aunado a lo anterior, 88.8% de la población consideró que la corrupción es una práctica que ocurre de manera frecuente o muy frecuentemente entre los servidores públicos o empleados del Gobierno, quienes son percibidos de abusar de sus funciones para obtener beneficios personales.
La percepción está influenciada por los hechos de corrupción de los que la población es víctima, los cuales pueden ser medidos a través de la prevalencia o de la incidencia.
Durante el año 2015, en el país hubo 12 mil 590 personas que estuvieron involucradas en algún evento de corrupción al solicitar cierto trámite o servicio público, por cada 100 mil habitantes de 18 años y más que tuvo contacto con algún servidor público.
En ese año, a nivel nacional se llevaron a cabo 30 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes de 18 años y más, lo que indica que a nivel nacional cada víctima de corrupción experimentó alrededor de 2.4 actos de corrupción.