El creciente índice delictivo ha favorecido la apertura de más empresas de seguridad privada y para evitar que haya anarquía, en perjuicio de los usuarios, es fundamental su regulación; asimismo, que den garantía de un trabajo profesional, para tranquilidad de los clientes.

Ayer, en sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, que encabeza la legisladora Guadalupe de Lira Beltrán, se aprobó por unanimidad el dictamen que resuelve la iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Privada del Estado, propuesta por la otrora diputada Martha Márquez Alvarado, a nombre del GPPAN.

La modificación va en concordancia con la Ley Federal del ramo, para establecer un protocolo de autorización en el que quedan delineadas las condiciones de organización, funcionamiento y equipamiento de las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada, sobre todo en los requisitos para la renovación de permisos.

Se contemplan lineamientos para que estas empresas cuenten con la certificación, evaluación y permisos de la autoridad para operar, por lo que la revalidación de su licencia dependería del cumplimiento del marco legal.

La propuesta establece una serie de obligaciones, entre ellas, que los elementos de seguridad privada porten uniformes, insignias y escudos visibles que los distingan de las corporaciones de seguridad pública, además de contar con el permiso y registro de armamento ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Asimismo, que los elementos, sean sujetos también de los procedimientos de evaluación y control de confianza que aplican las instituciones de seguridad pública”.

La legisladora Guadalupe de Lira indicó que el dictamen será turnado a la Junta de Coordinación Política, con el objeto de que se incluya en la agenda de asuntos por desahogar ante el Pleno Legislativo.

Los legisladores quieren tener la certeza de que no operen empresas “patito”, para garantizar un servicio serio de seguridad y que quienes pagan por ello, no se vean defraudados.