Crear, adicionar o derogar leyes y preceptos no significa que habrá una mejor convivencia, o que las autoridades respetarán derechos de los particulares, ni que éstos se sujetarán a los mandatos. Hace falta un compromiso mayor de todos para respetar y hacer respetar las disposiciones y los acuerdos para que  las ordenanzas no queden en letra muerta.

Como si hubieran descubierto el hilo negro los integrantes del Congreso del Estado se mostraron satisfechos con los cambios y añadidos a la Ley Patrimonial para el Estado que aprobaron por mayoría, que establece la participación directa de las contralorías de los organismos públicos para que auxilien a los habitantes en la recepción del trámite de reclamación de reparación del daño que pretendan hacer valer ante los Tres Poderes y los concesionarios de servicios públicos.

A simple vista parece que están a salvo los privilegios que concede la legislación a los ciudadanos, sin embargo – a decir verdad – no pasa de ser una más de las vaciladas legislativas, como lo demuestra el hecho que hasta la fecha ninguna autoridad responde de los daños que sufre la población por daño patrimonial.

La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado entró en vigor el 1 de enero de 2011, con la que los ciudadanos podrían exigir a las autoridades una indemnización justa si por actividad irregular se le ha causado daño en sus bienes, monto que estaría incluido en el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado y los municipios.

Al respecto, el caso más recurrente es la omisión en el mantenimiento de las vialidades que causa averías a un vehículo, por lo que el propietario tiene derecho de demandar, vía administrativa, el resarcimiento de lo que le costó la llanta, el rin o el pago del taller mecánico, al atribuirse a la negligencia de quien está obligado a tener en buen estado las calles.

Es un ordenamiento que cuando entró en práctica ya tenía siete años a nivel federal, por lo que en su momento se supuso que habría una cascada de demandas, pero la poca difusión que recibió y el tortuguismo en la respuesta diluyó toda posibilidad de que hubiera justicia, por lo que a estas alturas pocas personas conocen qué deben hacer en caso de enfrentar un daño patrimonial para que le sea liquidado lo que gastaron.

El entonces presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Alfonso Román Quiroz, explicó que no era solamente demandar, sino que se tenía que acreditar la acción irregular señalando a la autoridad directamente responsable, lo cual se podría hacer ante la propia instancia de gobierno y por vía jurisdiccional ante el TCA, en reclamo del pago de la indemnización y que tiene una prescripción de un año.

La ley podrá definir las situaciones irregulares que obligue al ente responsable a pagar los daños, pero que lo haga es otra cosa, tan es así que se abren zanjas sin que se coloquen señales preventivas, por lo que personas y vehículos llegan a caer en ellas sin que los perjudicados reciban apoyo alguno, sea porque no lo pidió ante el desconocimiento que tiene a ese derecho, o porque si hace el trámite se le pone una serie de trabas hasta que termina por olvidarse de la demanda.

Lo que ahora hicieron en la LXIV Legislatura fue incluir en la Ley Patrimonial a las contralorías para que “auxilien” a los particulares, pero si estos organismos no son capaces de atender su obligación primaria, que es la de vigilar que los recursos públicos tengan un buen destino, menos podrán dedicarle tiempo a escuchar a los afectados por las averías sufridas a su propiedad.

A los diputados y diputadas les queda la dicha de señalar lo que hicieron en su paso por el parlamento, pero que no tenga resultados o sean mínimos eso ya es otro cantar.

ACTITUD APOCADA

Cuando los legisladores rinden protesta no sólo juran apegarse al mandato constitucional sino ser vigilantes permanentes que todos los ciudadanos lo haga, pero a la hora de la verdad se arrugan, por lo que las transgresiones son aquí y allá sin que actúen.

El caso de mayor envergadura es la exigencia a los padres de familia para que paguen la cuota escolar, lo que es una violación flagrante al Artículo Tercero Constitucional, en que incurren ellos y las propias autoridades educativas al permitir que siga vigente y que tienen como brazo ejecutor a las sociedades de padres de familia.

Se ha dicho hasta la saciedad que toda la educación que imparta el Estado será gratuita, y gratuita significa que no cuesta dinero, que se obtiene sin pagar, pero esta palabra se trastoca para darle un barniz de legalidad a la exigencia que,  previo a la inscripción en primarias, secundarias y jardines de niños, debe aportarse una cantidad, que en promedio es de 500 pesos por padre de familia.

También se menciona que quien no pueda o no quiera hacerlo no habrá problema alguno, sin embargo “alguien” filtra el o los nombres de los escolares cuyos papás no pagaron, por lo que son objeto de represalias, que aún cuando sean veladas causan un daño psicológico.

En las ocasiones que en distintas legislaturas se ha presentado una iniciativa para acabar con esa irregularidad se desecha o termina en el cajón de los pendientes, lo que denota el temor que hay de dar ese paso y que sería, simplemente, hacer cumplir el Artículo Tercero.

Durante su reciente comparecencia ante el pleno del Congreso, el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica, pidió prácticamente que se mantenga la violación, que no se legisle y se considere a las aportaciones voluntarias como “un derecho que un padre de familia o ciudadano puede donar a las escuelas”.

Aceptó que de “cuotas voluntarias” hay un ingreso anual promedio de 70 millones de pesos, y que sumado a los 50 millones que entrega el gobierno estatal es un apoyo para el desempeño de las escuelas, dinero que, dijo, es auditado por el consejo escolar

Aunque el funcionario insistió que ese capital influye en la transformación de las 1,200 escuelas públicas, – y por lo mismo “no se puede legislar para impedir las donaciones hacia las escuelas” -, la cuestión de fondo es que hay una contravención a la ley, pese a la defensa que se haga.

Además, no puede considerarse como una “donación”, como la califica Silva Perezchica, puesto que en la mayoría de las escuelas se exige el pago antes de la inscripción, por lo que si hubiera la mínima observancia a su investidura los congresistas ya habrían hecho cumplir el mandato, el cual ni siquiera requiere legislarse, únicamente sólo exigir su engarce y de ser necesario llevar ante los tribunales a quienes no se sujeten a ella, trátese de quien se trate.

MAYOR ALTRUISMO

Aunque la generosidad es muy amplia, porque puede ser desde aquel que entrega unas monedas a un necesitado, hasta el que hace obras a favor de instituciones de asistencia social o participa en ellas, la donación de órganos de una persona que recién falleció es una muestra magnánima, al darle oportunidad de vida a otros. Aguascalientes tiene la tasa de donación cadavérica más alta de América Latina, con 17.7 donantes por millón de habitantes y la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ocupa un crecimiento casi 100% entre 2017 y 2018, por lo que se acerca a los 200 órganos procurados en beneficio de igual número de receptores. Ojalá que siga creciendo el número de habitantes que firmen su consentimiento de que al morir sean donados sus órganos, con lo cual sus familiares tienen que cumplir su voluntad y esto ayudará, enormemente, para que niños, adolescentes y adultos, que están en espera de una donación, puedan beneficiarse, con lo que tendrán una nueva oportunidad de vida.