Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores, continuamos con la temática del uso público urbano su marco legal e institucional y los retos que conlleva, pasemos entonces al tema, sobre el cual podemos decir que es importante que las políticas públicas tienen que tener un soporte firme en el marco legal. No podemos dejar desapercibido que la Comisión Nacional del Agua se ha encontrado limitada en su actuación entre otros aspectos por la falta de la publicación del reglamento de la Ley de Aguas Nacionales modificada, es decir un rezago de 2004. A pesar de la controversia en torno a las características de la LAN, es urgente contar con los instrumentos de acción en tanto se dispone de una legislación más completa y adecuada a las condiciones nacionales actuales. Pues ha quedado al pendiente de su publicación la Ley General de Aguas.
La formulación de una ley de agua como sugieren algunos grupos, debe abordarse con una seria reflexión y con consensos de la sociedad, usuarios y técnicos cuya realización exige tiempo. Debe iniciarse, este trabajo, pero sin perder la posibilidad de realizar las acciones que en este momento son urgentes. La nueva ley deberá concretar la forma de una verdadera descentralización, gradual y de acuerdo a la capacidad e interés de los estados de la federación, entre otros temas.
Por otra parte, es necesaria una ley en específico que aborde los aspectos de agua potable y saneamiento, reglamentando los artículos 4º,115 y 28 constitucionales. La ley debe conceptualizar claramente el mencionado derecho al agua, así como los aspectos de regulación de los servicios como una función del Estado. Debe incluir la definición de aspectos tan discutidos como el corte de servicios por morosidad, la estructuras tarifarias como parte de la regulación, a cargo de un ente técnico que límite y apoye la actuación política de los congresos estatales. Debe incluir también la capacidad de los estados para definir ámbitos económicos de actuación de los municipios, que se traduzcan en organismos operadores intermunicipales que agrupados asocien la capacidad económica para lograr su sustentabilidad.
Pero no todo es a nivel federal, es indispensable que cada entidad federativa revise y adecue su marco local del agua, El marco nacional del agua requiere y debe complementarse con los respectivos marcos locales a nivel estatal, que requieren de una ley estatal del agua acorde con la Ley General de Aguas de ser el caso que permita a los estados que así lo decidan asumir funciones descentralizadas de la autoridad nacional en materia de agua. Así mismo, la ley estatal debe facultar al estado para ejercer las funciones de regulación de los servicios y en su caso, establecer las características propias de la regulación local. No debe confundirse la regulación, función del Estado para controlar los mercados monopólicos, con la reglamentación en materia de agua.
En el orden municipal, deberá también existir un reglamento municipal para los servicios de agua y saneamiento, de acuerdo a las condiciones especiales de cada región y acorde con la legislación federal y estatal, como se señala en el artículo 115 constitucional.
El marco legal congruente en los tres órdenes de gobierno, daría el soporte a políticas públicas claras y podrá ser instrumento que ayude a eliminar la vulnerabilidad actual que se observa en el subsector, desde las ciudades grandes hasta los municipios más pequeños.
En cuanto a la Regulación tenemos que debe existir una sana distribución de funciones, tomando en cuenta que no se debe ser juez y parte, la regulación debe recaer en el estado en forma natural, debiendo existir en la federación la determinación de políticas y normatividad, en tanto que, como establece la ley, al municipio corresponden la operación y la reglamentación de los servicios. Este esquema requiere de capacidad de apoyo del estado a los municipios. La regulación debe funcionar más como incentivo al orden y la eficiencia, que como facultad de sanción.
La sustentabilidad no es necesariamente un resultado de precios y tarifas, sino de la definición clara de políticas que se reflejen en el marco presupuestal si fuera necesario y en la distribución de obligaciones entre la federación, los estados y los municipios para garantizar los servicios en forma clara y transparente para los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad.
Sobre un marco legal propuesto podríamos decir que a nivel estatal debe conformarse con una ley que contenga por lo menos los siguientes puntos en los aspectos de agua potable y saneamiento: 1) Considerar el agua en lo general y su apartado de los servicios de agua potable y alcantarillado, 2) soportar la regulación, 3) establecer un sistema financiero, apoyo a los municipios y organismos, estructuras tarifarias, Contabilidad de costos, Definición de modificación y actualización, Modelos e información. d) Apoyo operativo que considere: a) Reglas de operación, b) Información y c) Calificación; estableciendo la Normatividad estatal, Reglamentación municipal, Contratación; sin olvidar el Derecho humano al agua.
En el orden municipal deberá conformarse un reglamento con las siguientes características por lo menos: Servicios de APyS que se brinde a todo el territorio municipal, no sólo a las cabeceras, Características del servicio; Tipos de uso, Obligaciones y derechos de los usuarios, Contratación: a) Contrato de adhesión, b) Avisos y cobro; c) Recargos y corte; y Derecho humano al agua. En conclusión, tenemos que las políticas públicas y el marco legal deben adecuarse a los objetivos. El subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento requiere cambios profundos en sus enfoques y plantearlos para garantizar la sostenibilidad de servicios eficientes y de calidad al alcance de toda la población. Recuerden que esas deben ser acciones tendientes para que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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