Por: Octavio Díaz García de León

La idea: El presidente electo propuso hace algunas semanas 50 medidas de austeridad y combate a la corrupción. Al respecto, un grupo de expertos en administración pública elaboraron un documento acerca de los efectos negativos de algunas de estas medidas. De llegarse a implementar, el Gobierno Federal entrante se puede autoinfligir un grave daño y perjudicar a cientos de miles de funcionarios públicos y sus familias.

El grupo de expertos, integrado por reconocidos profesionales como Mario Fócil, Karla Raygoza y Luis Felipe Llanos, entre otros, expresan en el documento (https://www.nexos.com.mx/?p=39405) de 56 páginas, su oposición a algunas de las medidas de austeridad que propuso AMLO.

Más que medidas de austeridad, parecen medidas para castigar a los empleados de confianza del Gobierno Federal y convertirlos en chivos expiatorios de lo que AMLO considera que se ha hecho mal en el Gobierno. Sería mejor que enfocara sus baterías contra los corruptos y no contra quienes sólo hacen su trabajo. (Contra la burocracia https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/07/contra-la-burocracia.html).

El documento elaborado por los expertos señala erroresy consecuencias en algunas de estas propuestas. Estas son:

  1. Reducir el 70% de las plazas de confianza. Esto implicaría despedir a 222 mil 600 personas, con lo cual se pondría en grave riesgo el llevar a cabo actividades clave del Gobierno Federal. Las consecuencias serían desde imposibilidad de cumplir mandatos legales de las instituciones y demeritar los servicios públicos, hasta desatar decenas de miles de demandas por violaciones a derechos humanos, derechos laborales y otros actos ilegales derivados de esos despidos injustificados. De llevarse a cabo, llevaría a absurdos como despedir a gran parte de los altos mandos del Ejército, la Marina Armada, al 70% del personal de la PGR y de la Secretaría de la Función Pública, afectando de manera directa las labores que más requieren atención: seguridad y combate a la corrupción.
  2. Reducción de salarios. El presidente electo ha determinado que quiere ganar poco dinero, lo cual es loable, pero también que nadie en el Gobierno gane más que él, lo cual podría generar caos. El documento de los expertos ofrece una historia de la evolución de los salarios del personal de confianza y documenta cómo se han deteriorado en los últimos 20 años, al grado que han perdido un 60% de su valor real. Querer reducir a menos de la mitad esos sueldos, como lo proponen, sería todavía peor.

La propuesta de AMLO traería consecuencias como: desincentivaría la participación de personal calificado en el sector público; crearía distorsiones de tal forma que personal de base ganaría más que el de confianza; el personal de base no querrá que lo promuevan; se violaría el Artículo 127 Constitucional; se perjudicaría a cientos de miles de familias que verían comprometidos sus medios de subsistencia; el nuevo gobierno llegaría a trabajar con un personal (el que se quede) desmotivado y que podría poner en jaque el funcionamiento del nuevo gobierno.

  1. Seguro de gastos médicos mayores. El documento de los expertos hace referencia a un excelente estudio (https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/08/22/seguro-de-gastos-medicos- a- los – funcionarios – la – sensata – propuesta – que – hace – a – amlo – su – ex – secretario – de-hacienda) de Mario di Costanzo actual titular de la Condusef y ex titular de finanzas de AMLO en la CDMX, en donde demuestra con toda claridad, que sale más caro quitar la prestación del seguro de gastos médicos que dejarlo.
  2. Seguro de separación individualizado. El presidente Zedillo introdujo este fondo de ahorro para el retiro, el cual intenta compensar irregularidades en la forma como se pagan los salarios de la burocracia al separar el sueldo en dos: un salario base y una compensación garantizada. Esta última llega a ser entre el 63% y el 89% del total de la percepción de los trabajadores, pero no se toma en cuenta para efectos de su pensión de retiro, con lo que se les impide tener una pensión digna.
  3. Trabajar los sábados. Implicaría dar marcha atrás a una disposición que data de 1973 cuando se estableció la jornada de trabajo de la burocracia en 40 horas semanales. A quien más afectará el trabajar los sábados es a las mujeres trabajadoras que normalmente utilizan los fines de semana para labores en el hogar, especialmente las mamás.

Al acudir a trabajar el personal de confianza sin sus colaboradores, no aumentaría la productividad al no poderse desarrollar labores normales por estar sólo una parte del personal. Tampoco sería una medida de austeridad, pues se gastarían en servicios para acudir a trabajar ese día.

Los expertos hacen ver una serie de implicaciones jurídicas de estas medidas al afectar derechos laborales y humanos de los empleados de confianza que podría convertirse en una avalancha de demandas con un costo enorme para el erario.

El documento de los expertos tiene propuestas interesantes acerca de las cosas que sí se podrían hacer para reducir el gasto excesivo y mejorar la productividad. Ojalá el equipo de transición tome nota de este estudio para evitar que el nuevo gobierno implementeestas medidas perjudiciales.

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