Claudia Guerrero
Agencia Reforma

Chihuahua, México.- Sin realizar mesas de trabajo ni reuniones previas, la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, encabezada por el PRI, convocó a aprobar la nueva Ley General de Comunicación el próximo martes 3 de abril.
Este lunes, los integrantes de ese órgano legislativo recibieron la convocatoria para sesionar, discutir y votar un proyecto de dictamen con el que se pretende expedir la ley reglamentaria del Artículo 134 de la Constitución, para regular la propaganda gubernamental.
En entrevista, el diputado del PAN Jorge Triana se dijo sorprendido por el llamado y la entrega de un dictamen en forma, sobre todo porque había un acuerdo entre los grupos parlamentarios para realizar una reunión de análisis de las iniciativas que han sido colocadas sobre la mesa.
“Ya nos giraron la convocatoria para sesionar en la Comisión el próximo martes y también el dictamen, pero no es lo que acordamos, ya que habíamos hablado de tener una reunión preliminar para analizar las iniciativas”, explicó.
“Sí me sorprende mucho porque no se está siguiendo la ruta que acordamos”.
Sin embargo, el legislador adelantó que el documento fue entregado con suficiente tiempo de anticipación para ser valorado a detalle y preparar su discusión.
Refirió que, en una primera revisión, encontró que la propuesta enviada por la presidenta de la Comisión, la priista Paloma Guillén, no va a fondo en la regulación del tema.
“No hay sanciones y, sobre todo, lo que más nos interesa, es que no castiga a la Secretaría de Hacienda por el exceso que se registra cada año en el gasto de publicidad”, aseveró.
“Sólo en el 2017, por cada peso aprobado para ese rubro por la Cámara de Diputados, Hacienda gastó 60 por ciento más y eso es indignante”.
El dictamen contempla la expedición de una nueva Ley de Comunicación Social con 45 artículos y ocho transitorios.
Integrantes de 85 organizaciones civiles, empresariales y de periodistas han exigido al Congreso aprobar una ley para regular la propaganda oficial y poner freno a los excesos, la discrecionalidad y la discriminación en el gasto público en medios de comunicación.
Reunidos en el Colectivo #MediosLibres, los activistas demandaron que la nueva legislación ponga fin al control sobre el manejo de la información y al uso de recursos para la promoción personal de funcionarios, legisladores y gobernadores.
El decálogo ciudadano pretende convertir en sujetos obligados a los tres niveles de Gobierno, que se definan criterios de asignación basados en la idoneidad, rendición de cuentas, medición de audiencia, circulación, visitas y rating, contenidos de utilidad pública y libres de promoción personalizada.
Incluso plantearon derogar la disposición que permite la promoción de funcionarios, gobernadores y legisladores, con el pretexto de sus informes de labores.
Los especialistas advirtieron sobre la necesidad de que la publicidad oficial siempre sea identificable y que se garantice el uso racional de los recursos públicos.
La reforma constitucional sobre el tema fue aprobada por el Congreso desde hace más de cuatro años. Sin embargo, los legisladores han incumplido con su reglamentación secundaria.
La Organización Artículo 19 recurrió y ganó un amparo con el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó al Congreso a legislar sobre el tema antes del 30 de abril, día en el que concluye el periodo ordinario de sesiones.